ALCA y Comando Sur
Carmelo Ruiz Marrero
Publicado en CLARIDAD, 17 de julio 2003
Las disposiciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que Estados Unidos busca hacer realidad en los próximos años, es una receta para un descalabro social y ambiental de proporciones inimaginables para América Latina, sostienen sus críticos.
El ALCA, que extenderá hasta Tierra del Fuego el actualmente vigente Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC), que abarca a Estados Unidos, Canadá y México, facilitará una ola de privatizaciones de territorios y recursos naturales y culturales que resultará en un desamparo total para los pueblos indígenas y rurales de las Américas. Esa es la advertencia de un informe reciente de Acción Internacional por los Recursos Genéticos (GRAIN), organización internacional con sede en Barcelona.
El economista mexicano Giancarlo Delgado Ramos, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, plantea que la situación político-económica explosiva a ser causada por los efectos del ALCA podría crear nuevos pretextos para la intervención del Comando Sur de Estados Unidos en América Latina. Estos pretextos pueden ir desde la preservación o restauración de la “ley y orden” ante situaciones de “ingobernabilidad”, y proteger intereses económicos e inversiones estadounidenses en situaciones de “inestabilidad social”, hasta la protección del medio ambiente.
“En los territorios ricos en recursos, el gámbito de los geopolíticos se ha justificado en repentinos y supuestos aumentos de las actividades delictivas, especialmente del narcotráfico”, dice Delgado Ramos en su monografía Geopolítica Imperial y Recursos Naturales. “También desde la retórica facilona del ‘desarrollo sustentable’, que se viene prestando como comodín a cualquier acción de las elites capitalistas y que ‘obliga’ la actuación de las fuerzas militares para garantizar la ‘conservación’ de tales o cuales espacios.”
Delgado Ramos presenta lo ocurrido en México desde que el TLC entró en efecto en 1994 como ejemplo y advertencia de lo que puede esperar el resto de América Latina con el ALCA. Con el TLC se ha facilitado la privatización formal y/o de facto de ferrocarriles, carreteras, el sistema bancario y de pensiones, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, espacio satelital, electricidad, petróleo, gas, distribución y tratamiento de agua, maderas y biodiversidad, ésta última como banco de genes al servicio de las transnacionales de la biotecnología.
Se trata de nada menos que de una desnacionalización de los activos estratégicos. Bajo el ALCA, la prerrogativa del estado de trazar una política económica se convierte en cosa del pasado y los jefes de estado se convierten en simples “country managers” del proyecto neoliberal dirigido desde Estados Unidos. No en balde, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Albert Gore, le había dicho al Congreso que la aprobación del TLC era tan importante para su nación como la compra de Louisiana y Alaska en el siglo XIX.
“Todo lo que un país defiende en caso de guerra es justamente lo que se ha venido rematando”, sostiene Delgado Ramos. “Algo que es en extremo delicado, ya que en caso de ‘desestabilización social interna’, es más que factible que sea Estados Unidos quien defienda en nuestros territorios lo que ‘compraron’ sus empresarios.”
La extensión del TLC hacia Centroamérica se hace patente en el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Corredor Biológico Mesoamericano. El PPP pretende establecer una masiva infraestructura por todo el istmo mesoamericano- autopistas, puertos, redes de energía eléctrica y represas hidroeléctricas- para explotar al máximo los recursos naturales y humanos de la región y ampliar su viabilidad como puente interoceánico. Mientras tanto el Corredor Biológico, que se sirve de fotos satelitales, busca abrir la región a la bioprospección por parte de corporaciones de biotecnología, y el turismo “ecológico”.
El PPP y el Corredor presentan nuevas necesidades de seguridad para los inversionistas extranjeros, mayormente estadounidenses. “El nuevo ordenamiento territorial de Mesoamérica (hecho con fotografías de la NASA) debe entonces partir de la recuperación de la ‘gobernabilidad’ sobre bosques y montañas, ya que, según los ‘country managers’, bloquea el desarrollo económico y la conservación de los ecosistemas.” (Paréntesis en el original)
Un futuro tétrico
GRAIN pinta un cuadro más tétrico aún. En su documento Introducción al ALCA, la organización advierte que al acceder a este acuerdo, los países firmantes estarán asumiendo unas obligaciones incosteables. Deberán permitir que transnacionales extranjeras se apropien de tierras, al igual que usar patentes para adueñarse de recursos biológicos, -sean agrícolas o silvestres- y hasta de conocimientos indígenas y tradicionales sobre el uso de la biodiversidad.
“El acceso a las zonas con biodiversidad y a las plantas, animales y microorganismos que allí habiten quedará bajo el absoluto control de quienes se hayan apropiado de ellas. Si alguien lograse sacar plantas o animales de tales áreas, le serían confiscados junto a la aplicación de una multa... Si una empresa autorizase la extracción y uso de material vivo, lo podría hacer bajo condiciones muy específicas y restringidas, incluso fijando formas de uso y prohibiendo su reproducción.”
Según GRAIN, los conocimientos de pueblos y comunidades enteras podrán pasar a manos de empresas privadas. “Una vez declarados propiedad empresarial, será el conjunto de esos pueblos y comunidades quienes quedarán bajo la obligación de no difundir ni utilizar tales conocimientos. Quienes continúen haciéndolo pueden ser sometidos a multas o penas de cárcel.”
Si las empresas agroindustriales patentan las semillas tradicionales, los humildes pueblos que las desarrollaron se verán obligados a dejar de sembrarlas, aún si fuera para autoconsumo, a menos que acepten los derechos de propiedad intelectual de sus nuevos “dueños”. “Tales cultivos se deberán desarrollar bajo las condiciones y para los fines que la industria determine... La industria queda como controlador absoluto de qué se cultiva, qué se consume, qué se comercializa.” Tal será la suerte del rico conocimiento que pueblos campesinos e indígenas crearon, y compartieron libremente entre ellos y con el mundo.
Veremos con el ALCA “la ruina y posible expulsión del campo de gran cantidad de campesinos e indígenas latinoamericanos, junto con el desconocimiento total a los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas. Sobre ese fondo se desplegará un proceso de apropiación física de los territorios por parte de empresas transnacionales, los que además podrán quedar bajo normas y autoridades especiales definidas por organismos privados.”
“Quienes permanezcan o se les permita permanecer en las áreas rurales deberán hacerlo bajo las condiciones y normas fijadas por las empresas transnacionales, posiblemente como mano de obra barata y desprotegida.”
Nuevos horizontes para el Comando Sur
Este nuevo ordenamiento presenta nuevos retos al Comando Sur. Mientras durante la guerra fría su misión fue combatir la supuesta “conspiración soviética mundial”, ahora tiene el mandato multifacético de velar por la estabilidad y el buen clima de negocios de las enormes inversiones que vendrán con el ALCA; proyectar una sombra amenazadora sobre los movimientos sociales contestatarios y alternativos (los llamados “non-state actors”), y gobiernos “no cooperadores” como el de Chávez en Venezuela y el de Lula en Brasil.
“La relación entre geopolítica imperial y recursos naturales se entiende mejor si se revisa espacialmente la localización de emplazamientos militares con respecto a las principales reservas de biodiversidad, agua, petróleo y minerales”, aconseja Delgado Ramos.
Viajando de norte a sur, comenzamos nuestro trayecto con el radar ROTHR en Corpus Christi, Texas; después Chiapas, con sus ricos dotes de madera, agua dulce y biodiversidad, al igual que yacimientos de petróleo, uranio y otros minerales. Para su selva Lacandona se planean grandes desarrollos hidroeléctricos y proyectos ecoturísticos.
En Guatemala, la jungla del Petén, con sus amplios recursos de agua y biodiversidad. Para el río Usumacinta se proyecta la construcción de varias represas hidroeléctricas como parte del PPP. El Petén es una tierra sin ley, donde las mafias locales talan bosques y saquean tesoros arqueológicos a su gusto. Tal ‘ingobernabilidad’ podría ser pretexto para una intervención del Pentágono en el futuro. En 2001 el Comando Sur realizó ahí mismo sus maniobras New Horizons.
En El Salvador, la base militar en Comalapa, y el centro regional antidrogas; en Honduras, con su confluencia de zonas terrestres megadiversas, bosques de pino y generosos yacimientos de cobre, la base-radar Soto Cano; Nicaragua, con sus yacimientos de oro, grandes bosques en su región este, y la cuenca petrolera en su costa caribeña; Costa Rica, vitrina de proyectos modelo de bioprospección, ecoturismo y ambientalismo elitista; y la selva Darién en la frontera panameña con Colombia, rica en especies endémicas.
Por toda la región están ubicadas instalaciones militares de la guerra “contra las drogas” que el Pentágono llama forward operating locations y forward operating sites- en Belice, Honduras, Costa Rica, Panamá, Islas Caimán, Aruba y Curaçao. Y no olvidemos a Guantánamo, Roosevelt Roads y el ROTHR de Vieques-Juana Díaz.
Pero Suramérica es el premio mayor, con su grandísima extensión territorial, vastísimas reservas de agua potable (Brasil tiene el 20% a nivel mundial), tesoros de biodiversidad agrícola (en los Andes se origina la papa), y recursos minerales.
Para explotar al máximo sus recursos, el continente suramericano tiene su versión del PPP, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA). Esta iniciativa pretende construir una enorme infraestructura de transportación para vincular los rincones más recónditos del continente a la economía global, incluyendo autopistas que cruzarán los Andes para conectar la Amazonia al Pacífico. Se contemplan también ambiciosos proyectos privados de electrificación que se beneficiarán de mercados energéticos liberalizados.
Para velar por la seguridad del IIRSA y el ALCA ahí están la base-radar en Manta, Ecuador; en Colombia bases en Leticia, Caquetá y Putumayo; Santa Lucía en Perú al igual que en el Putumayo peruano; la ampliación de la base en Alcántara en Brasil; en Bolivia, una instalación en Chaparé y una unidad “antiterrorista” en Santa Cruz de la Sierra; En Paraguay, campamentos para entrenar boinas verdes; en Tierra del Fuego la base de Tolhuin; y múltiples instalaciones más en Argentina, el Atlántico Sur y hasta Antártida.
Sorpresas en el camino
Pero da la mala pata que las fuerzas progresistas están repuntando en América Latina. Chávez y Lula están en el poder en Venezuela y Brasil respectivamente, para el horror de Wáshington, las petroleras y la banca internacional. Pero aparte de las grandes proezas de los hombres de estado, la resistencia se manifiesta en millares de pequeñas instancias, que en sí pueden parecer modestas, pero el conjunto de todas es suficiente para preocupar al optimista neoliberal más risueño.
En Argentina los ciudadanos ocupan fábricas y se organizan en asambleas comunales. En Chimalapas, México, los habitantes rurales forman reservas ecológicas campesinas, que dan al traste con la retórica de desarrollo sustentable del presidente Fox y de los grupos ambientales elitistas de Estados Unidos. En Brasil el Movimiento de los Sin Tierra, con 1.5 millones de miembros, rescata terrenos y los reparte a 250 mil familias pobres. En Chiapas las comunidades zapatistas resisten intentos de desalojo. En Mesoamérica los indígenas ponen de patitas a los bioprospectores corporativos y participan con los sectores de sociedad civil en asambleas regionales para organizar la oposición al PPP. Y en Vieques los boricuas le damos un ojo negro a la marina.
En conclusión, me permito citar a Delgado Ramos una vez más: “Cada día se avanza en esa dirección, y aunque falta camino por recorrer, las posibilidades para desmantelar el sistema y explorar caminos para la construcción de otra historia, de y para América Latina, son prometedoras a medida que los pueblos colectivamente pelean por un objetivo común.”
El ALCA, que extenderá hasta Tierra del Fuego el actualmente vigente Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC), que abarca a Estados Unidos, Canadá y México, facilitará una ola de privatizaciones de territorios y recursos naturales y culturales que resultará en un desamparo total para los pueblos indígenas y rurales de las Américas. Esa es la advertencia de un informe reciente de Acción Internacional por los Recursos Genéticos (GRAIN), organización internacional con sede en Barcelona.
El economista mexicano Giancarlo Delgado Ramos, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, plantea que la situación político-económica explosiva a ser causada por los efectos del ALCA podría crear nuevos pretextos para la intervención del Comando Sur de Estados Unidos en América Latina. Estos pretextos pueden ir desde la preservación o restauración de la “ley y orden” ante situaciones de “ingobernabilidad”, y proteger intereses económicos e inversiones estadounidenses en situaciones de “inestabilidad social”, hasta la protección del medio ambiente.
“En los territorios ricos en recursos, el gámbito de los geopolíticos se ha justificado en repentinos y supuestos aumentos de las actividades delictivas, especialmente del narcotráfico”, dice Delgado Ramos en su monografía Geopolítica Imperial y Recursos Naturales. “También desde la retórica facilona del ‘desarrollo sustentable’, que se viene prestando como comodín a cualquier acción de las elites capitalistas y que ‘obliga’ la actuación de las fuerzas militares para garantizar la ‘conservación’ de tales o cuales espacios.”
Delgado Ramos presenta lo ocurrido en México desde que el TLC entró en efecto en 1994 como ejemplo y advertencia de lo que puede esperar el resto de América Latina con el ALCA. Con el TLC se ha facilitado la privatización formal y/o de facto de ferrocarriles, carreteras, el sistema bancario y de pensiones, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, espacio satelital, electricidad, petróleo, gas, distribución y tratamiento de agua, maderas y biodiversidad, ésta última como banco de genes al servicio de las transnacionales de la biotecnología.
Se trata de nada menos que de una desnacionalización de los activos estratégicos. Bajo el ALCA, la prerrogativa del estado de trazar una política económica se convierte en cosa del pasado y los jefes de estado se convierten en simples “country managers” del proyecto neoliberal dirigido desde Estados Unidos. No en balde, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Albert Gore, le había dicho al Congreso que la aprobación del TLC era tan importante para su nación como la compra de Louisiana y Alaska en el siglo XIX.
“Todo lo que un país defiende en caso de guerra es justamente lo que se ha venido rematando”, sostiene Delgado Ramos. “Algo que es en extremo delicado, ya que en caso de ‘desestabilización social interna’, es más que factible que sea Estados Unidos quien defienda en nuestros territorios lo que ‘compraron’ sus empresarios.”
La extensión del TLC hacia Centroamérica se hace patente en el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Corredor Biológico Mesoamericano. El PPP pretende establecer una masiva infraestructura por todo el istmo mesoamericano- autopistas, puertos, redes de energía eléctrica y represas hidroeléctricas- para explotar al máximo los recursos naturales y humanos de la región y ampliar su viabilidad como puente interoceánico. Mientras tanto el Corredor Biológico, que se sirve de fotos satelitales, busca abrir la región a la bioprospección por parte de corporaciones de biotecnología, y el turismo “ecológico”.
El PPP y el Corredor presentan nuevas necesidades de seguridad para los inversionistas extranjeros, mayormente estadounidenses. “El nuevo ordenamiento territorial de Mesoamérica (hecho con fotografías de la NASA) debe entonces partir de la recuperación de la ‘gobernabilidad’ sobre bosques y montañas, ya que, según los ‘country managers’, bloquea el desarrollo económico y la conservación de los ecosistemas.” (Paréntesis en el original)
Un futuro tétrico
GRAIN pinta un cuadro más tétrico aún. En su documento Introducción al ALCA, la organización advierte que al acceder a este acuerdo, los países firmantes estarán asumiendo unas obligaciones incosteables. Deberán permitir que transnacionales extranjeras se apropien de tierras, al igual que usar patentes para adueñarse de recursos biológicos, -sean agrícolas o silvestres- y hasta de conocimientos indígenas y tradicionales sobre el uso de la biodiversidad.
“El acceso a las zonas con biodiversidad y a las plantas, animales y microorganismos que allí habiten quedará bajo el absoluto control de quienes se hayan apropiado de ellas. Si alguien lograse sacar plantas o animales de tales áreas, le serían confiscados junto a la aplicación de una multa... Si una empresa autorizase la extracción y uso de material vivo, lo podría hacer bajo condiciones muy específicas y restringidas, incluso fijando formas de uso y prohibiendo su reproducción.”
Según GRAIN, los conocimientos de pueblos y comunidades enteras podrán pasar a manos de empresas privadas. “Una vez declarados propiedad empresarial, será el conjunto de esos pueblos y comunidades quienes quedarán bajo la obligación de no difundir ni utilizar tales conocimientos. Quienes continúen haciéndolo pueden ser sometidos a multas o penas de cárcel.”
Si las empresas agroindustriales patentan las semillas tradicionales, los humildes pueblos que las desarrollaron se verán obligados a dejar de sembrarlas, aún si fuera para autoconsumo, a menos que acepten los derechos de propiedad intelectual de sus nuevos “dueños”. “Tales cultivos se deberán desarrollar bajo las condiciones y para los fines que la industria determine... La industria queda como controlador absoluto de qué se cultiva, qué se consume, qué se comercializa.” Tal será la suerte del rico conocimiento que pueblos campesinos e indígenas crearon, y compartieron libremente entre ellos y con el mundo.
Veremos con el ALCA “la ruina y posible expulsión del campo de gran cantidad de campesinos e indígenas latinoamericanos, junto con el desconocimiento total a los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas. Sobre ese fondo se desplegará un proceso de apropiación física de los territorios por parte de empresas transnacionales, los que además podrán quedar bajo normas y autoridades especiales definidas por organismos privados.”
“Quienes permanezcan o se les permita permanecer en las áreas rurales deberán hacerlo bajo las condiciones y normas fijadas por las empresas transnacionales, posiblemente como mano de obra barata y desprotegida.”
Nuevos horizontes para el Comando Sur
Este nuevo ordenamiento presenta nuevos retos al Comando Sur. Mientras durante la guerra fría su misión fue combatir la supuesta “conspiración soviética mundial”, ahora tiene el mandato multifacético de velar por la estabilidad y el buen clima de negocios de las enormes inversiones que vendrán con el ALCA; proyectar una sombra amenazadora sobre los movimientos sociales contestatarios y alternativos (los llamados “non-state actors”), y gobiernos “no cooperadores” como el de Chávez en Venezuela y el de Lula en Brasil.
“La relación entre geopolítica imperial y recursos naturales se entiende mejor si se revisa espacialmente la localización de emplazamientos militares con respecto a las principales reservas de biodiversidad, agua, petróleo y minerales”, aconseja Delgado Ramos.
Viajando de norte a sur, comenzamos nuestro trayecto con el radar ROTHR en Corpus Christi, Texas; después Chiapas, con sus ricos dotes de madera, agua dulce y biodiversidad, al igual que yacimientos de petróleo, uranio y otros minerales. Para su selva Lacandona se planean grandes desarrollos hidroeléctricos y proyectos ecoturísticos.
En Guatemala, la jungla del Petén, con sus amplios recursos de agua y biodiversidad. Para el río Usumacinta se proyecta la construcción de varias represas hidroeléctricas como parte del PPP. El Petén es una tierra sin ley, donde las mafias locales talan bosques y saquean tesoros arqueológicos a su gusto. Tal ‘ingobernabilidad’ podría ser pretexto para una intervención del Pentágono en el futuro. En 2001 el Comando Sur realizó ahí mismo sus maniobras New Horizons.
En El Salvador, la base militar en Comalapa, y el centro regional antidrogas; en Honduras, con su confluencia de zonas terrestres megadiversas, bosques de pino y generosos yacimientos de cobre, la base-radar Soto Cano; Nicaragua, con sus yacimientos de oro, grandes bosques en su región este, y la cuenca petrolera en su costa caribeña; Costa Rica, vitrina de proyectos modelo de bioprospección, ecoturismo y ambientalismo elitista; y la selva Darién en la frontera panameña con Colombia, rica en especies endémicas.
Por toda la región están ubicadas instalaciones militares de la guerra “contra las drogas” que el Pentágono llama forward operating locations y forward operating sites- en Belice, Honduras, Costa Rica, Panamá, Islas Caimán, Aruba y Curaçao. Y no olvidemos a Guantánamo, Roosevelt Roads y el ROTHR de Vieques-Juana Díaz.
Pero Suramérica es el premio mayor, con su grandísima extensión territorial, vastísimas reservas de agua potable (Brasil tiene el 20% a nivel mundial), tesoros de biodiversidad agrícola (en los Andes se origina la papa), y recursos minerales.
Para explotar al máximo sus recursos, el continente suramericano tiene su versión del PPP, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA). Esta iniciativa pretende construir una enorme infraestructura de transportación para vincular los rincones más recónditos del continente a la economía global, incluyendo autopistas que cruzarán los Andes para conectar la Amazonia al Pacífico. Se contemplan también ambiciosos proyectos privados de electrificación que se beneficiarán de mercados energéticos liberalizados.
Para velar por la seguridad del IIRSA y el ALCA ahí están la base-radar en Manta, Ecuador; en Colombia bases en Leticia, Caquetá y Putumayo; Santa Lucía en Perú al igual que en el Putumayo peruano; la ampliación de la base en Alcántara en Brasil; en Bolivia, una instalación en Chaparé y una unidad “antiterrorista” en Santa Cruz de la Sierra; En Paraguay, campamentos para entrenar boinas verdes; en Tierra del Fuego la base de Tolhuin; y múltiples instalaciones más en Argentina, el Atlántico Sur y hasta Antártida.
Sorpresas en el camino
Pero da la mala pata que las fuerzas progresistas están repuntando en América Latina. Chávez y Lula están en el poder en Venezuela y Brasil respectivamente, para el horror de Wáshington, las petroleras y la banca internacional. Pero aparte de las grandes proezas de los hombres de estado, la resistencia se manifiesta en millares de pequeñas instancias, que en sí pueden parecer modestas, pero el conjunto de todas es suficiente para preocupar al optimista neoliberal más risueño.
En Argentina los ciudadanos ocupan fábricas y se organizan en asambleas comunales. En Chimalapas, México, los habitantes rurales forman reservas ecológicas campesinas, que dan al traste con la retórica de desarrollo sustentable del presidente Fox y de los grupos ambientales elitistas de Estados Unidos. En Brasil el Movimiento de los Sin Tierra, con 1.5 millones de miembros, rescata terrenos y los reparte a 250 mil familias pobres. En Chiapas las comunidades zapatistas resisten intentos de desalojo. En Mesoamérica los indígenas ponen de patitas a los bioprospectores corporativos y participan con los sectores de sociedad civil en asambleas regionales para organizar la oposición al PPP. Y en Vieques los boricuas le damos un ojo negro a la marina.
En conclusión, me permito citar a Delgado Ramos una vez más: “Cada día se avanza en esa dirección, y aunque falta camino por recorrer, las posibilidades para desmantelar el sistema y explorar caminos para la construcción de otra historia, de y para América Latina, son prometedoras a medida que los pueblos colectivamente pelean por un objetivo común.”
0 Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal