La IIRSA: ¿Un lenguaje común?

Por Margarita Flórez

Los megaproyectos en infraestructura, anunciados como complemento del ALCA se mantienen como meta aun por parte de gobiernos que han hablado de un modelo alternativo. La discusión sobre si es posible construir una nueva sociedad manteniendo el modelo exportador, el mismo esquema energético y sin dar prelación al mercado interno debe darse en profundidad.

EXTRACTO:

De la misma manera que los procesos de integración de libre comercio –ya sea OMC, ALCA [21] o TLC– no se han debatido en los Parlamentos ni han contado con la participación ciudadana, el proceso de integración de la infraestructura expresado en el IIRSA se ha adoptado sólo por parte de los Ejecutivos. Esto resulta paradójico cuando en el mismo lapso los Estados latinoamericanos han suscrito innumerables instrumentos de Derechos Humanos a favor de la participación social y del Derecho Ambiental, [22] que consagran principios como el de precaución, el cual se antepone a cualquier otro cuando de decisiones ambientales se trata. Y en sus Constituciones han instituido el Estado de Derecho, siendo que un primer contenido esencial de ese Estado es la garantía de los derechos fundamentales, puesto que se trata de superar la mera protección de la igualdad formal y conseguir el pleno respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.

De forma mecánica y con supuestos no probados, o mejor dicho con abundantes pruebas en contrario, se parte de que la región y los organismos de crédito “han acumulado una rica experiencia en las consideraciones ambientales y sociales de los proyectos” y, por lo tanto, ahora lo que corresponde es sólo ampliar estos parámetros para que entren a jugar en el plano regional.

Las interrelaciones entre ambiente e infraestructura se posponen hasta cuando exista “concordancia con las posibilidades reales de financiamiento e inversión”. Es decir, el aspecto ambiental, que debiera ser un objetivo prioritario en un plan de integración que consultara las aspiraciones de la población, se coloca en un segundo plano, por cuanto lo primero es la integración en inversión a cargo del BID, la CAF y el Fonplata y aumentar el papel del sector privado en la financiación de los proyectos y en su operación.

En la definición y selección de proyectos, se dice, habrá mecanismos que hagan efectiva la participación y la contribución activa de las comunidades involucradas. Pero la experiencia nos enseña que los proyectos son presentados de manera aislada, sin que nos podamos dar cuenta de la envergadura de su alcance y los costos totales de las inversiones. Y adicionalmente en los sistemas planificados para que el esquema funcione en ninguna parte aparece la participación ciudadana como elemento definitorio. Se hace un diseño de sistemas en las materias físicas, reguladoras y de inversión [23] pero no en asuntos de participación ni en los ambientales.

Los proyectos fueron y serán escogidos con base en criterios que conjugan la cobertura geográfica de países y regiones, los flujos existentes y los potenciales; las inversiones que se hayan realizado recientemente, el interés y grado de participación del sector privado y por último la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos.
Los contenidos materiales del derecho al medio ambiente [24], lo definen como un derecho de tercera generación, como el derecho al desarrollo, el cual tiene como meta lograr y garantizar una vida digna para todos los habitantes. Y el derecho al ambiente reafirma la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de todos los derechos humanos; y reconoce que el derecho al desarrollo debe estar ligado con el derecho a un medio ambiente sano, seguro y ecológicamente racional.

El derecho al ambiente tiene una vía afirmativa, en cuanto le concede a las personas el derecho a disfrutar de un ambiente sano, libre de daños ambientales; a disponer de alimentos y agua sanos y seguros, y a tener asistencia oportuna en caso de catástrofes naturales. Y, por la vía negativa, ninguna persona debe estar sometida a factores que produzcan degradación ambiental y contaminación. Es igualmente derecho de las personas que se proteja el aire, el agua, la flora y la fauna, los procesos esenciales de la naturaleza y el espacio necesario para mantener la diversidad.

Un aspecto relevante respecto de la IIRSA es contraponer a su falta de transparencia y de ausencia de controles ambientales, la propuesta que contiene el proyecto de Declaración sobre el derecho al ambiente, según la cual las personas tenemos el derecho a permanecer en nuestras tierras o lugares de asentamiento aún frente a situaciones de proyectos importante, a menos que las obras sean urgentes y no puedan lograrse por otros medios.
Este principio rescata la lucha de infinidad de pueblos que han sido desplazados de sus lugares de origen para dejar paso a obras de infraestructura, que no siempre han generado el desarrollado pregonado y que en cambio si han alterado la vida de muchas personas. Este precepto se hace más exigente respecto de los pueblos étnicos, indígenas y afro americanos que constituyen buen parte de la población que reside en los terrenos que serán abiertos al desarrollo por causa de la IIRSA.

Otro asunto es el relativo a la participación en sus dos acepciones: como un deber, puesto que los ciudadanos están obligados a participar activamente en la evaluación previa, el seguimiento y el control de las decisiones que puedan alterar el medio ambiente; y como un derecho se considera que además de la oportuna información las personas deben disponer de los procedimientos idóneos para asegurar la efectividad de su derecho; de medidas para reducir los procesos productivos modalidades de consumo nocivas y asegurarse que las transnacionales cumplan en todas partes los mínimos requisitos ambientales.

Pero no creemos que si la revisión socio ambiental es una de las últimas como se plantea en el IIRSA, se pueda modificar la definición de los ejes. Por lo tanto estos serán los que defina los proyectos, sin que ninguna de las consideraciones sociales y ambientales hayan sido consultadas con los ciudadanos de los países. Las obras que hacen parte de la IIRSA han sido definidas en la esfera presidencial y de los entes financiadores. Su adopción no ha pasado por parte de los Parlamentos, ni menos han sido objeto de consultas o de participación ciudadana. Son ya numerosos los casos en que las organizaciones de la sociedad civil han denunciado los daños socio ambientales que causarán o ya lo hacen, las obras incluidas en el IIRSA. Y como la misma página electrónica de la IIRSA lo coloca, la sociedad civil ha solicitado participación y facultad de decisión sobre estas obras que los afectarán. En un reciente Taller convocado por ONG de Europa y América Latina, [25] concluyeron que es necesario el control por parte de la sociedad civil sobre el proceso de formulación e implementación de IIRSA, sea cual fuere la naturaleza de los gobiernos involucrados, y reclaman que los estándares ambientales y sociales pactados por los gobernantes europeos con su sociedad civil se apliquen también a las inversiones relacionadas a América Latina. Denuncian que se trata de la aplicación de un modelo desarrollista tradicional bajo la etiqueta de desarrollo sostenible, pero en realidad basado en la extracción y exportación de recursos naturales, lo cual implica que es necesario un cambio de paradigma de desarrollo. Proponen una serie de Estrategias como EAIA, Estudios (alternativos) de Impacto Ambiental y Social de IIRSA, a nivel de cada proyecto, de cada país y del conjunto de la Iniciativa. Las herramientas de las EAE son sustanciales en estos estudios: Evaluaciones Ambientales Estratégicas y formulación de proyectos alternativos (con menos impacto negativo) para cada proyecto IIRSA, en particular los proyectos anclas, o megaproyectos críticos. Anotan que dentro de los estudios ambientales son muy importantes los impactos culturales sobre pueblos indígenas, por ejemplo, el impacto de proyectos que cruzan áreas consideras sagradas por los pueblos indígenas.

Pero la resistencia y procesos de incidencia ante los gobiernos se extienden a casos concretos como el de las hidroeléctricas que se irían a construir con el caudal del río Madeira en el Brasil, [26] situado en la Amazonía. Se sostiene que habrá un gran desastre ambiental por el impacto de las represas sobre la fauna, la biodiversidad. Se reiteran los daños que obras similares en esta zona han causado a las poblaciones y al medio ambiente. Señalan que existen fuentes alternativas de energía, que comienzan con el ahorro doméstico, y que evitarían que se propaguen estas obras en un medio tan frágil como el amazónico.

Frente a obras como la hidrovía Paraguay-Paraná, las organizaciones de la sociedad civil habían logrado detenerlas cuando se comenzaron a proyectar y dar los primeros pasos para su construcción, pero con el lanzamiento formal de la IIRSA, la amenaza de nuevos estudios se ha vuelto a agitar. Esta obra que se proyecta para agilizar la exportación de soya y que significa grandes obras en detrimento de la riqueza ictiológica y del caudal de los ríos Paraná y Paraguay ha sido resistida por la Coalición Ríos Vivos, que agrupa a cientos de organizaciones de diversos movimientos sociales, sectores académicos, comunidades tradicionales y pueblos indígenas de América Latina, tuvo su origen en 1994 con el claro objetivo de evitar los graves impactos sociales, ambientales y económicos que la realización del Proyecto Hidrovía provocaría sobre la región y sus pueblos. En el año 2003, dirigió una comunicación [27] en la cual reclama que el proyecto Hidrovía estaba siendo reabierto de manera sigilosa y con total ausencia de consulta pública. Como en esa oportunidad, denuncian a la comunidad internacional la falta de transparencia y democracia en las decisiones que están siendo tomadas por el PNUD. Señalan que no se toman en cuenta las propuestas hechas por estudios alternativos y piden que no se avance en los estudios para IIRSA antes de una evaluación socio-económica-ambiental estratégica con amplia participación social.

Las políticas sobre integración física y energética que se implementan continúan proponiendo el modelo de desarrollo que nos haga competitivos en el mercado mundial, lo cual conlleva a la promoción y ejecución de proyectos de desarrollo que tienen un gran impacto en el nivel social y ambiental. A pesar de estar ratificadas todas las convenciones y demás instrumentos ambientales por casi la totalidad de los países del hemisferio, excepción hecha de Estados Unidos, los impactos sociales y ambientales de estas obras no se precisan en la forma que se requeriría. Nos referimos a que el conjunto de obras es de una envergadura continental y para ello la ponderación de los factores de riesgo, con base en estudios ambientales del conjunto, no se han ordenado ni se prevén en la escala requerida o como meta de la liberación. O sea que en últimas las obras podrían quedar como testigos de una falta de planeación regional que podría tener enormes impactos en materia de intervención de ecosistemas protegidos, territorios de comunidades indígenas y negras, campesinas sin que al final tengamos un incremento del comercio que se decía iría a transitar por estas megaobras. Carreteras, hidrovías, hidroeléctricas, gasoductos constituyen entre otros, los propósitos de estas metas sobre infraestructura.

Sin embargo, en todo el proceso preparatorio del ALCA y a pesar de enunciarse una estrategia de fortalecimiento sociedad civil para su participación en los procesos hemisféricos y nacionales, lo cierto es que no se permitió ejercer ese derecho ciudadano y en el comienzo las negociaciones fueron secretas y los documentos confidenciales. Si ahora aparece un llamamiento a recibir documentos de las organizaciones ha sido más bien en respuesta a las movilizaciones que por voluntad de los gobiernos.