Desarrollistas anhelan “dictador” para adelantar sus proyectos

Jueves, 10 de julio de 2008
Cándida Cotto / Claridad
ccotto@claridadpuertorico.com

Sólo desde la prepotencia o la ignorancia se puede hacer una petición como la que hizo recientemente Federico Stubbe, uno de los portavoces de los llamados desarrollistas, al gobernador Aníbal Acevedo Vilá, de que se convirtiera en un dictador para que sea quien único dé y quite permisos en Puerto Rico. Si absurdo y atrevido es ese pedido, y contrario a los más elementales preceptos democráticos, mucho más lejos de la verdad son las alegadas razones que lo motivaron.

Según expresó el presidente de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), Rafael Rojo, en el almuerzo de la entidad con el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, celebrado en el Bankers Club a fines de junio, los proyectos San Miguel Four Seasons (SMFS) en Luquillo, Dos Mares J.W. Marriott Resort, en Fajardo, Costa Serena en Piñones, la expansión del Courtyard Marriott en el balneario de Isla Verde y Windmar en Guayanilla, tienen permisos aprobados y fueron revocados por protestas sin fundamento científico o legal hechas por grupos minoritarios, mediante presiones públicas indebidas. La ACH forma parte de una llamada Coalición del Sector Privado, que integran también la Asociación de Hoteles y Turismo (AHT), la Asociación de Industriales (AI), la Asociación de Contratistas Generales (ACG) y la Cámara de Comercio (CCPR). Esta Coalición se pronunció en términos similares días antes a las que hizo la ACH en el referido almuerzo.

El científico ambientalista Luis Jorge Rivera Herrera , portavoz de la organización Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS), desmintió las alegaciones de los desarrollistas sobre cada uno de los proyectos. Contrario a lo que alegan los constructores ninguno de estos proyectos ha logrado obtener permiso alguno de construcción precisamente por la falta de cumplimiento con las leyes ambientales.

En los casos de Costa Serena y Dos Mares Resort, sus declaraciones de impacto ambiental fueron rechazadas por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo (en dos ocasiones) respectivamente, porque no cumplían con los requisitos legales mínimos establecidos para evaluar su impacto ambiental. Por eso ninguna agencia ha podido otorgar permiso alguno en el pasado, según ordena la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico. Según Rivera Herrera, los desarrollistas ignoran el hecho de que estos proyectos también fueron rechazados por el Servicio Forestal de Estados Unidos (UFS, siglas en inglés) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS), entre otras organizaciones profesionales.

El otro proyecto cuya DIA fue rechazada es San Miguel Four Seasons. La JCA rechazó el documento en tres ocasiones consecutivas, durante diferentes administraciones gubernamentales, por contener deficiencias crasas. “Una de estas deficiencias hacía mención de que el Océano Pacífico se encuentra al norte de Puerto Rico. Este proyecto también ha sido objetado por agencias federales, entidades profesionales y organizaciones conservacionistas internacionales”, declaró el científico ambientalista.

Sobre el Marriott en Isla Verde, sus proponentes omiten decir que el Tribunal de Primera Instancia dictaminó que el contrato de arrendamiento de los terrenos donde se proponía el proyecto era ilegal, puesto que ello equivaldría a la privatización y enajenación de bienes de dominio público como son nuestras playas.

En la controversia más reciente, la de la compañía CEMEX en Ponce, el Tribunal de Apelaciones revocó el permiso otorgado por la JCA para la quema de neumáticos porque no se llevaron a cabo los procedimientos requeridos legalmente de evaluación sobre su impacto al ambiente y por consiguiente, a la salud pública. Una vez más los constructores e industriales no dicen que hace sólo dos semanas la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) declaró a la CEMEX en Ponce como “Violadora de Alta Prioridad”. Esta categoría constituye el señalamiento o nivel más serio sobre violaciones ambientales entre las industrias reguladas por EPA en Estados Unidos bajo la Ley federal de Aire Limpio.

Las alegaciones de la Coalición del Sector Privado sobre el proyecto de los molinos de viento en Guayanilla tampoco son correctas. Este proyecto Windmar todavía está bajo evaluación de las agencias gubernamentales. Aun así, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jorge Rodríguez, ha hecho declaraciones públicas de que firmará el contrato con Windmar aunque no tenga permisos. A lo anterior se suma el endoso recibido del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) pese a que la Secretaria Auxiliar de Permisos del mismo Departamento recomendó lo contrario.

En cuanto a Costa Serena, es harto conocido que el Gobierno adoptó la política pública de proteger los terrenos. Todavía el aspecto legal de la adquisición de los terrenos está en veremos. Tan reciente como marzo de 2008 el desarrollista Joel Katz y su empresa PFZ demandó por la cantidad de $81 millones en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico a la organización sin fines de lucro “Trust for Public Land”. Esta era la organización que el gobierno iba a utilizar para adquirir los terrenos.

Pero esa demanda no es la única acción legal contra el Gobierno por los interesados de los proyectos en cuestión. Los proponentes del Marriott acudieron a la Corte de Quiebra buscando que el Gobierno les compense por no dejarlos construir en terrenos públicos. Otra acción judicial contra el Gobierno es la de los proponentes de Dos Mares, luego de que el Gobernador declarara reserva natural los terrenos del Corredor Ecológico del Noreste (CEN).

A la luz de los hechos, el portavoz de IDS reiteró que las alegaciones de los proyectistas “constituyen una falta de respeto a nuestro sistema judicial y a todos los funcionarios públicos que forman parte del mismo. Estas declaraciones persiguen ignorar la realidad: estos proyectos no han podido ser construidos porque nunca han cumplido con las leyes que rigen el desarrollo sostenible de los suelos, la conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales y la protección del medio ambiente. Como consecuencia, resultan contrarios al interés público y por ende, al beneficio general de la comunidad”.

Rivera Herrera exhortó a las entidades empresariales responsables por las declaraciones a que reflexionen profundamente sobre las mismas. “De lo contrario, se entendería que apoyan y endosan la ilegalidad, conducta que debe ser entonces repudiada por todos los sectores de nuestra sociedad”.

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