CASO PASEO CARIBE: EN PELIGRO EL ACCESO A LA JUSTICIA EN PUERTO RICO

lunes, 4 de agosto de 2008

San Juan – Las organizaciones Misión Industrial (MI), Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS) y residentes del Condominio San Luis, denunciaron una serie de actuaciones recientes de la rama judicial que han puesto en peligro el acceso que debieran tener todos los ciudadanos a la justicia en la Isla. Según indicaron, dicha amenaza se ha materializado con toda crudeza en el proceso judicial relacionado al proyecto Paseo Caribe.

“En el caso de Paseo Caribe acudimos en varias instancias, y a través de los canales formales que se supone provee nuestro sistema judicial, para que se tomará en consideración nuestra posición, pero nuestra participación fue denegada. ¿Qué alternativas le dejan los tribunales al ciudadano común y afectado, acaso tener que treparse en grúas, encadenarse a portones o hacer desobediencia civil para que sus problemas sean entonces atendidos?” reclamó Juan Rosario, de Misión Industrial.

Tanto esta organización, como IDS y la arquitecta Carmen Mascaró, residente del Condominio San Luis aledaño al área donde se construye Paseo Caribe, habían solicitado que se les permitiera ser interventores y amigos de la corte ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Supremo (TS) como parte del proceso judicial de este proyecto, pero sus peticiones fueron rechazadas por ambos foros. En cambio, la entidad denominada Corporación por la Conservación del Ambiente, Agua, Suelo y Aire (CCAASA), y que había solicitado ser amigo de la corte apenas seis días luego de haber sido incorporada, fue aceptada como tal por el Tribunal. Dicha corporación sometió posteriormente un escrito en corte a favor de Paseo Caribe.

Las organizaciones expresaron serias preocupaciones por éstas y otras actuaciones realizadas por personas que han participado en asuntos institucionales de la rama judicial, incluyendo ex jueces, lo que ha arrojado serias dudas sobre la imparcialidad del sistema de justicia. Entre los señalamientos más graves se encuentran los siguientes:

- Marisara Pont: Miembro de la Comisión Futurista de los Tribunales de Puerto Rico, organismo a cargo de analizar la realidad vigente y las tendencias que tendrán efecto sobre los tribunales de la Isla para proponer una visión sobre su funcionamiento. Pont, quién ha sido asesora en publicidad y manejo de crisis para Paseo Caribe.

- Lcdo. Juan R. Zalduondo: Miembro de la Comisión de Evaluación Judicial, entidad que forma parte del sistema de evaluación de jueces y juezas y candidatos a jueces y juezas en Puerto Rico; Miembro de la Directoria Ejecutiva de la Fundación Histórica del Tribunal Supremo. El Lcdo. Zalduondo es un prominente proyectista en la Isla conocido particularmente por el extinto San Miguel Four Seasons Resort, propuesto en la Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste (RNCEN). Este ocupaba los dos cargos antes mencionadas en momentos en que el TS tuvo ante su consideración un recurso legal que hubiese afectado la construcción de este proyecto.

- Ex Juez Baltasar Corrada del Río: En el 2004, como juez del TS, decidió en contra de un pleito radicado por organizaciones ambientalistas impugnando la venta de terrenos públicos en la RNCEN y en donde se proponía el proyecto San Miguel Resort. A penas un año luego de retirarse de la judicatura, fue contratado por el Lcdo. Zalduondo para cabildear en la Legislatura en contra del proyecto de ley que designaba la RNCEN.

- Ex Juez Jaime B. Fuster Berlingeri (q.e.p.d.): En el 2004, como juez del TS, intervino y decidió en contra del recurso legal llevado en contra de la venta de terrenos públicos de la RNCEN para la construcción del San Miguel Resort, a pesar de que era cuñado del Lcdo. Juan R. Zalduondo, proponente de este proyecto.

Luis Jorge Rivera Herrera, de IDS, sentenció por su parte que esta situación ha minado la confianza pública en la rama judicial, por lo que instó a la ciudadanía a demandar una explicación. “Esta situación es una sumamente grave ya que muestra un profundo deterioro en una de las últimas instituciones de gobierno que todavía contaban con el respeto público, evidenciado por un patrón de influencias indebidas en nuestro mas alto foro judicial por parte de sectores exclusivos de nuestra sociedad.”

Contactos:

Carmen Guerrero Pérez (IDS): 378-1544

Juan Rosario (MI): 462-5088

Luis Jorge Rivera Herrera (IDS): 460-8315