Argentina: ¿QUIÉN PAGARÁ POR LOS SANTAFESINOS ENFERMOS POR LAS FUMIGACIONES?

Argentina: ¿QUIÉN PAGARÁ POR LOS SANTAFESINOS ENFERMOS POR LAS FUMIGACIONES?

RENACE INFORMA

RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la Argentina

24 agosto 2010

La media sanción de la reforma a la Ley de Fitosanitarios permitiría alejar las fumigaciones con glifosato de las comunidades, reduciendo los riesgos para la salud de la población y del ambiente. Mientras se trata el tema en la Cámara Alta , el Ejecutivo no define qué hará hasta que se aprueben las modificaciones a dicha ley.

La reciente publicación científica del informe Carrasco termina por confirmar que el glifosato -puro o formulado- usado en dosis 5.000 veces menores a las que habitualmente se fumigan en los cultivos, produce malformaciones de todo tipo en embriones de pollos y anfibios que hacen imposible su supervivencia; dicha conclusión es aplicable a la especie humana, lo que concuerda en líneas generales con los estudios del Dr. Lucero en el Chaco y, a otro nivel, con los del Dr. Di Maio en Misiones, Gianfelice en Entre Ríos y Oliva en Rosario, así como los realizados en el ámbito de las Universidades Nacionales del Litoral y de Rosario sobre el impacto a la biodiversidad y al ambiente en general.

Carrasco, uno de los 10 científicos más importantes del país, adelantó hace un año las conclusiones de su trabajo, motivo por el cual fue perseguido y denostado por sus superiores del CONICET. Justamente, y por indicación de la Presidencia de la Nación , ese sector científico había publicado un informe supuestamente concluyente sobre el impacto del glifosato que concluía manifestando la falta de más pruebas al respecto. Y las pruebas llegaron: el trabajo de Carrasco acaba de ser publicado en una de las publicaciones especializadas más importantes del mundo, luego de atravesar rigurosos arbitrajes de sus pares, sin ninguna observación al respecto.

La confirmación de que el glifosato -el herbicida más usado- es un veneno que produce malformaciones aún en ínfimas dosis debería, al menos, acelerar el proceso de aprobación de la reforma a la Ley de Fitosanitarios. Sin embargo, los senadores aún discuten qué hacer y el Ejecutivo sigue encerrado en su propio laberinto, mientras avanza la campaña de siembra y los teléfonos comienzan a ponerse al rojo vivo con las denuncias de los vecinos fumigados de todo el territorio provincial.

Ante esta indefinición, que sólo causará más dolor y más enfermedades a las familias santafesinas, el Centro de Protección a la Naturaleza propone que hasta que los senadores se pongan de acuerdo y aplicando el Principio de Precaución, (puesto que se tiran más 200 millones de litros de glifosato en los campos argentinos impactando sobre la salud de la población) , que el Sr. Gobernador decrete -en forma provisoria y para todas las localidades del territorio provincial - la aplicación del área de seguridad impuesta por la Justicia en el barrio Urquiza de San Jorge, prohibiendo las fumigaciones terrestres y aéreas a 800 y 1.500 metros respectivamente. Más de 12.000 santafesinos avalan esta propuesta y así consta en las firmas que obran en nuestro poder y que el Ejecutivo no ha querido recibir, a pesar de los dos pedidos de audiencia que hemos solicitado.

Para una vasta comunidad científica, el veneno más usado en el agro argentino daña la salud. Los datos son irrefutables y contundentes. Prolongar la discusión sobre algo que ya es cosa juzgada significaría o ignorancia supina o un comportamiento perverso. Mientras los casos de malformaciones, abortos espontáneos, leucemias y otras enfermedades terminales se multiplican y el Estado observa sólo como se engrosan las arcas públicas con el Fondo Sojero sin realizar los correspondientes estudios epidemiológicos, los ciudadanos se preguntan qué hacen sus gobernantes y sus representantes con el mandato otorgado. Toda demora significa la aparición de nuevos casos. Urge tomar una decisión y la misma está en las manos del gobernador. Toda demora injustificada sin bases sólidas, significará cargar las consecuencias sobre las espaldas de la población.

Santa Fe, agosto del 2010.-

Carlos A. Manessi (0342) 156145532

Luis D. Carreras (0342) 422-5832

cpronat@yahoo.com.ar

www.cepronat-santafe.com.ar

www.renace.net

Elementos de prueba para la Justicia. Las denuncias de campesinos

Por Darío Aranda
Página 12
17 de agosto 2010

Familias que viven lindantes a campos con soja, organizaciones sociales y movimientos campesinos denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos desde hace una década. La gran mayoría de las veces son desoídos por la Justicia, que suele esgrimir la ausencia de estudios científicos que acrediten las denuncias. “El caso Carrasco”, como se llama desde hace un año a la irrupción del científico de la UBA y el Conicet en el debate, aportó pruebas de los efectos sanitarios. La Justicia de Santa Fe dio un paso inédito en diciembre pasado: dejó firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge. El fallo, que ordena a la Universidad Nacional del Litoral realizar urgentes estudios, cita la investigación de Carrasco como un antecedente a tener en cuenta.

San Jorge es una localidad ubicada en pleno corazón del monocultivo de soja. Los vecinos denunciaban desde hacía años el accionar de los agroquímicos, que les provocaba alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En marzo de 2009, la Justicia prohibió las fumigaciones. La medida fue apelada, pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) dejó firme la sentencia.

También ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los intoxicados tuvieran que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos.

Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio. Ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. La Justicia también fue innovadora en otro sentido: revaloriza los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, resalta la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y precisa los nombres del médico pediatra Rodolfo Páramo (de Santa Fe), el médico rural Darío Gianfelici (Entre Ríos), el bioquímico Raúl Horacio Lucero (Chaco) y el médico pediatra Hugo Gómez Demaio (Misiones).

El fallo resalta las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL), que estudió la existencia de agroquímicos organoclorados en leche materna en mujeres de Santa Fe; Amalia Dellamea (UBA), que confirmó la presencia de plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos de agroquímicos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA) que recopiló trabajos sobre el tema y cita el avance de investigación de Andrés Carrasco.

Con el trabajo ya publicado, Carrasco anunció que pone su investigación a disposición de fiscales y jueces para que sea tomada como elemento de prueba en las crecientes denuncias por los efectos negativos de los agroquímicos.