BOLIVIA: ¿Alianzas entre agroindustria y gobierno?

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Bolivia

¿Alianzas entre agroindustria y gobierno?

Marcos Nordgren

Extractos:

no podemos negar el discreto optimismo que sentimos cuando vemos a los representantes de gobierno y la agroindustria cruceña realizar acercamientos e incluso conversar sobre alianzas estratégicas en temas tan fundamentales como la seguridad alimentaria para la población boliviana teniendo en cuenta las distancias mantenidas en años pasados. Pero este tímido optimismo no nos impide ver con preocupación algunas señales que empiezan a emerger respecto a los elementos y tendencias que se incluyen en las alianzas que toman forma en estas últimas semanas.

Cuando recordamos rápidamente algo de la historia entendemos que la agroindustria cruceña ha sido directa e indirectamente uno de los sectores beneficiados con mayores inversiones estatales desde el 53 durante la llamada “marcha al oriente”

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Bolivia tiene un sector agroindustrial relativamente competitivo que no debería requerir de más subvenciones ni apoyos estatales directos, sin embargo escuchamos preocupantemente que entre los temas de negociación entre el Estado y empresariado cruceño se incluyen el respaldo financiero y excepciones a normativas para el uso de suelos y el cumplimiento de la función económica social (FES), que en la práctica pueden significar la legitimación de tierras improductivas, la erogación de financiamiento público tan requerido por sectores menos atendidos pero igualmente estratégicos, aumentos en la tasa de deforestación y degradación de suelos y la mecanización y uso de biotecnología para aumentar la productividad (claramente pensando en los transgénicos).

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EMAPA por ejemplo, ha llegado a apoyar la producción en unas 240 mil hectáreas entre los años 2007-2010 beneficiando a unos 16 mil productores, sin embargo esto representa un apoyo de aproximadamente sólo el 5% de la superficie cultivable en manos de la producción indígena campesina y aún si supusiéramos que en todos los casos hubiera tenido buenos resultados, esto es descomunalmente insuficiente en un gobierno que se supone apuesta estratégicamente a la seguridad y soberanía alimentaria y la producción campesina indígena. Debemos aclarar además que esta suposición contrastaría con los reclamos y quejas sobre los precios pagados por acopiadores de EMAPA, la falta de puntualidad en la entrega de insumos a los productores en ciertas regiones del país y otras ineficiencias de esta empresa pública. Por otra parte, en algunos, por no decir muchos casos los productores se han visto imposibilitados de honrar los créditos contraídos por el fracaso de su producción, demostrando la ausencia de un acompañamiento técnico y malas condiciones con que todavía se realizan los créditos. En resumen vemos una política nacional de apoyo a la producción campesina indígena que es claramente insuficiente y ha demostrado escasos resultados como además lo refleja el desabastecimiento de productos como el azúcar, maíz, arroz y trigo en los últimos años que si bien se desarrolla en un contexto internacional de crisis alimenticia advertida desde años atrás, tiene como trasfondo políticas nacionales que no han sido capaces de encontrar soluciones ni respuestas a estos problemas. Bolivia de hecho puede ser considerado como un país con un potencial agropecuario aún no aprovechado y que podría hacer grandes aportes a la seguridad alimentaria regional, evidentemente con políticas productivas adecuadas.

Ante este panorama las señales que recibimos del gobierno nacional respecto a las inversiones públicas en sectores tradicionales (minería, hidrocarburos) y las actuales conversaciones con la CAINCO, CAO, ANAPO y federaciones de ganaderos, parecen indicar un re-direccionamiento de las prioridades nacionales y ¿posiblemente indicarán una aceptación implícita del postulado de tiempos liberales sobre la inviabilidad de la economía campesina indígena?, ¿al menos en el corto-mediano plazo?. Y también podríamos preguntarnos si esto significa una capitulación de las políticas nacionales a las presiones externas y la dominancia de una línea pragmática en el gobierno del presidente Evo Morales. En otras palabras ¿sería posible que el gobierno haya llegado a la conclusión de que la producción campesina indígena no es estratégica y vuelque ahora su mirada a la agroindustria en un intento desesperado de evitar mayores problemas con el desabastecimiento interno ante una crisis alimentaria que expertos anuncian desde hace varios años?.

Pese a este sistemático abandono histórico, la producción agropecuaria indígena campesina, que es medio de vida de varias familias, sigue haciendo fundamentales aportes a la seguridad alimentaria aunque en los últimos años éste se habría reducido. Pero pese a ello, se debe recuperar y aumentar este aporte que históricamente habría sido fundamental, avanzando en subsanar la inaceptable deuda social y económica del Estado con la población del área rural, como para lograr avances en la tan golpeada seguridad y soberanía alimentaria.

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que estas alianzas no impliquen el continuar priorizando a un sector ampliamente atendido históricamente y que cuenta con capacidad de reproducir y mejorar con recursos propios sus medios de producción, y canalizar principalmente estos apoyos, tanto técnicos como financieros a la agricultura campesina indígena, especialmente dada la desatención y los enormes desafíos que enfrentan estos pequeños productores en el Altiplano, Valles, Chaco y Amazonía a causa de los cambios climáticos, el uso de prácticas inadecuadas y la migración rural-urbana. Además debemos ser coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo que anuncia desde hace cinco años la transformación de la estructura agraria, dinamización productiva de las comunidades campesinas y territorios indígenas y afianzamiento de los derechos indígenas para la soberanía alimentaria.