Evo favorece el agronegocio

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Evo y los empresarios pactan una "alianza productiva" para alimentar al pueblo

El giro agroindustrial del “proceso de cambio”

SENA-Fobomade *

El gobierno boliviano y el empresariado agroindustrial consolidaron una “alianza productiva” y comenzaron a diseñar un plan estratégico conjunto para garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno, y al mismo tiempo aumentar las exportaciones agrícolas, en un intento de aprovechar la crisis alimentaria global como una “oportunidad” de negocio.

Extractos:

La nueva Constitución Política del Estado establece que los medianos y pequeños productores son el sostén de la seguridad y soberanía alimentaria del país, pero Morales prefirió pactar la alianza productiva con el empresariado agroindustrial.

El Presidente se reunió primero con los agroindustriales de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz (Cainco), y con ellos comenzó a organizar la alianza productiva el 19 de enero en Palacio Quemado, relegando a los pequeños cultivadores indígenas y campesinos a un segundo plano.

Morales escuchó las sugerencias de productores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y de la Confederación Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (Conamaq), pero poco tiempo después conformó con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) el primer “Consejo Consultivo” público-privado encargado de “fortalecer” las políticas de desarrollo económico y resolver los problemas alimentarios.

“Se ha creado un consejo que va a empezar a resolver los problemas del día a día, como el de la planificación, para evitar problemas como la escasez de azúcar y otro tipo de problemas que eventualmente se podrían presentar… Estamos construyendo soluciones, estamos generando temas de inversión para que podamos generar más empleo”, informó el presidente de la CEPB Daniel Sánchez luego de reunirse con el Presidente, junto a una veintena de empresarios.

El dirigente del gremio patronal aseguró que los empresarios de la Cainco, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) “están también con el Presidente tratando de solucionar los problemas” que afectan a la población boliviana. Según los empresarios, Morales está muy preocupado por la crisis alimentaria y por el cada vez mayor peso de las importaciones agrícolas.

Las importaciones agroindustriales se incrementaron durante los últimos años hasta alcanzar las 871.328 toneladas en 2007, cifra que casi se compara con el nivel más alto de los tiempos neoliberales de Hugo Banzer Suárez (2000), cuando se importaron 893.218 toneladas. Es tal la carencia de alimentos que el gobierno se vio obligado a comprar 90 mil toneladas de carne al régimen golpista hondureño, y comenzó a importar azúcar de Brasil y Colombia.

Morales se declaró satisfecho por la “sinceridad y confianza” expresadas por los empresarios y anticipó que los objetivos prioritarios de la alianza productiva son asegurar respaldo financiero y revisar la legislación agraria, especialmente los alcances de la Función Económica Social (FES) de la tierra. De esta forma, el Presidente dejó en manos de los sectores privados la seguridad alimentaria del país y dio un giro a la política agraria de su gobierno.

Uno de los objetivos de la Revolución Agropecuaria y Forestal impulsada por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente desde 2007 era construir un patrón de desarrollo agrario con base en la “soberanía alimentaria” y asentada en sistemas de producción agrícola comunitario, asociativo e individual, para que Bolivia deje de depender de las importaciones y más bien fortalezca “el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria”.

El Artículo 406 de la Constitución indica que “El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables”. Añade que “El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva”.

La flamante ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ana Teresa Morales reconoció que los pequeños productores fueron los menos favorecidos por el Estado. “El equilibrio en los eslabones es básico para desarrollar las cadenas productivas, porque no puede ser que se impulse solamente los eslabones grandes y los pequeños sigan sometidos a los mayores índices de pobreza; no puede haber crecimiento productivo sin equidad, ese es un principio de nuestro Gobierno”, comentó y prometió diseñar una estrategia de “salvataje” de la economía popular, optimizando los incentivos estatales en el aparato productivo de alimentos, fundamentalmente del pequeño productor urbano y/o rural.

Pero, ¿quiénes controlan la producción alimentaria en el país? Un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla-“Soberanía Alimentaria en Bolivia entre el discurso y la realidad”, noviembre 2010) revela que en la gestión 2008/2009 la producción capitalista en Bolivia incrementó la concentración de superficie cultivada para llegar a 82,5% y los volúmenes de producción hasta 82,3%. Este incremento, si bien obedece a una modificación en los hábitos alimenticios de los bolivianos, refleja una cada vez menor importancia de la producción campesina.

A fines del siglo XX, las pequeñas unidades agrícolas aportaban el 80% en la provisión de alimentos. Los campesinos sostenían el 50% de la producción no industrial de trigo, arroz y maíz, pero estos niveles fueron disminuyendo en el gobierno indígena de Evo Morales. Con estos datos se infiere que la convocatoria a conformar una alianza estratégica no se dirige a los pequeños cultivadores, sino a los grandes productores capitalistas, más propiamente al poderoso sector agroindustrial de Santa Cruz que concentra la producción agrícola, y que controla, junto a la burguesía de Beni, más del 80% de la producción de carne bovina.

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Con el fallido gasolinazo de Navidad, Evo “cambió” el rumbo del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, y ahora pacta con el agronegocio y desvía el proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria.

“Mandar obedeciendo al pueblo” es la consigna central de las gigantografías oficialistas que proliferan en todas las ciudades capitales del país; mientras el Ejecutivo mima a los empresarios y apuntala en silencio a la agroindustria exportadora.

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La vieja consigna neoliberal de “exportar o morir” empieza a sonar fuerte en Palacio de Gobierno. Hace exactamente un año Evo prohibía la exportación de alimentos básicos; hoy su gobierno acelera la construcción de caminos, puentes y corredores biocéanicos contemplados por la IIRSA con el fin de fomentar las exportaciones agroindustriales y petroleras.

El gobernante indígena tiene un nuevo lema: “Tenemos que buscar los caminos más adecuados para superar la crisis alimentaria que abate al mundo, y que puede convertirse en una oportunidad para Bolivia y otras naciones poseedoras de recursos naturales para que se conviertan en abastecedoras de alimentos”.

El gobierno coincide plenamente con los empresarios que piden ampliar la frontera agrícola para “garantizar alimentos para el pueblo”. “Hay que producir más de lo que se produce ahora, en este momento la capacidad productora del sector privado solamente satisface los lujos temporales de la población y no sirve para la acumulación y el almacenamiento de alimentos”, dijo el ministro de Economía Luis Arce

Para incentivar la producción agrícola, el Estado comprará arroz, maíz y trigo pagando 10% más que el precio de mercado y garantizará el seguro agrícola para todos los sectores productivos, incluidos los grandes empresarios del agronegocio.

El gobierno parece dispuesto, inclusive, a autorizar el cultivo de transgénicos resistentes a plagas, enfermedades y anomalías climáticas. “El hecho de que el gobierno haya expresado su disposición a considerar y analizar el tema de la biotecnología para su aplicación al proceso productivo es un avance importante”, destacó el presidente de la Cainco Eduardo Paz.

La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en 2007 señalaba claramente en su Artículo 408 que “se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”, pero la Carta Magna aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente Evo Morales en 2009 abre la posibilidad de que en el país se pueda recurrir a los transgénicos. El Artículo 409 señala: “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”.

En síntesis, el nuevo plan gubernamental ya no es garantizar la soberanía alimentaria sino la “seguridad” alimentaria; promocionar las exportaciones y los transgénicos; y sobre todo asegurar líneas de crédito diferenciado del Estado y de la banca privada. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) abrió la posibilidad de otorgar hasta 4 mil millones de dólares en créditos de fomento a varios proyectos productivos estatales y privados, entre ellos los enclaves agroexportadores.

El Vicepresidente García Linera se reunió esta semana con dirigentes de la CEPB en La Paz, y prometió un retorno “rápido y seguro” y una alta rentabilidad a los empresarios que inviertan en agricultura, hidrocarburos, minería, electricidad y carreteras.

García Linera reveló que el Estado tiene previsto invertir 5.000 millones de dólares hasta 2013, y “esto tiene que ser aprovechado como una gran oportunidad para el sector privado mediado, pequeño, grande”. Propuso a la CEPB conformar un “ensamblaje virtuoso entre Estado e inversión privada boliviana para transformar industriosamente nuestra economía”, y subrayó que la Constitución garantiza una convivencia armónica entre el Estado y el capital privado nacional y extranjero.

El giro pro empresarial del “gobierno del cambio” ha sido criticado por antiguos colaboradores de Evo, entre ellos el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, quien acusó al régimen de otorgar millonarios beneficios a las transnacionales petroleras.

“Lo grave es no haber salido del capitalismo dependiente, de un Estado periférico subordinado, de una economía extractivista destinada a satisfacer la demanda del mercado internacional; estamos lejos, muy lejos, de ingresar a un modelo productivo y producente de un modelo alternativo; estamos lejos de una articulación integrada de la economía plural, que se encamine a la economía social y comunitaria…”, observó el ex viceministro de Planificación e ideólogo del proceso de cambio Raúl Prada.

El ex vocero presidencial Alex Contreras dijo que el Presidente gobierna obedeciendo a los agroindustriales, a las transnacionales y a los contrabandistas que lucran con los alimentos básicos. “Gobernar obedeciendo al pueblo es un simple eslogan que nadie ya cree porque el gobierno perdió credibilidad”, lamentó.

Para muchos economistas está claro que en el país continúan imperando el neoliberalismo y los privilegios de los grandes empresarios que vivieron su mayor auge en el período “neoliberal” iniciado en 1985, cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro dijo con voz cansada “Bolivia se nos muere”.

En una entrevista con la red Erbol, el jefe de Investigaciones del CEDLA Enrique Ormachea comentó que “si el gobierno no cambia la política neoliberal, los empresarios van a hacer lo que quieren (y) van a querer ajustar sus precios al mercado internacional; no hay capitalistas que quieran ganar menos; no producen por patriotismo, sino para ganar plata…”.