Argentina: Proyecto de ley sobre “extranjerización de tierras”
Acerca del Proyecto de ley sobre “extranjerización de tierras” presentado por el Poder Ejecutivo Nacional:
Falsas soluciones y profundización del modelo
A raíz del proyecto de ley propuesto por la Presidenta Cristina Fernández , titulado “Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”, proponemos llamar la atención sobre el proceso que ha seguido nuestro país en los últimos años en relación a la tierra y el territorio, agregando algunos datos y reflexiones, que no deberían dejar de considerarse a la hora de discutir con amplitud un tema tan sensible para los argentinos, tal como lo es el control y manejo por parte de extranjeros de nuestra tierra.
Como GRR, entendemos que lo primero que debe quedar en claro a la hora de hablar de “extranjerización de tierras rurales”, es que las variables que deben ser consideradas en la discusión no pueden centrarse únicamente sobre la propiedad de la tierra, en la medida que al hacerlo caeríamos en un reduccionismo malicioso que nos enarbola tras un supuesto nacionalismo confuso, porque limita el problema a la discusión sobre los nombres que deben figurar en los registros de tierras (dueños argentinos), mientras permite que el manejo y control de las tierras puedan seguir en poder de los grandes capitales.
Cuando hablamos de luchas contra la “extranjerización de tierras”, la propiedad no es el único punto a considerar. El uso de esas tierras, la producción, la vida misma sobre ellas, su manejo y control, son aspectos tanto o más importantes que la propiedad de las mismas. Basta recordar que desde el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002 se señalaba la disminución de la cantidad de hectáreas explotadas por sus propietarios (que entonces era -8,4 millones de hectáreas) y el crecimiento de la superficie explotada bajo distintos tipos de contrato, especialmente, el arrendamiento. En estas condiciones, la participación de asociaciones de hecho como los "pooles de siembra" ha sido preponderante. Hoy en día tenemos menor cantidad de productores pero con mayores extensiones de tierra y nivel de capitalización.
En ese contexto, que los extranjeros no puedan tener la propiedad de las tierras, pero sí permitirles el uso, explotación y control de ellas, parece una disposición absurda o al menos una contradicción in situ.
¿Por qué deberíamos aceptar que la discusión sobre la tierra y el territorio, que no es otra cosa que discutir nuestra Soberanía, se limite de esta manera a una tenencia de pasaporte? ¿No nos merecemos al menos la posibilidad de que se introduzca en el debate el QUÉ, EL CÓMO, CON QUIÉN y sobre todo PARA QUÉ y para QUIÉN estarán a disposición las tierras argentinas? ¿Tendremos que conformarnos con que en la Argentina actual las tierras “rurales” continúen figurando en los registros de propiedad a nombre de argentinos, mientras en la realidad cotidiana serán otros quienes las controlen y dispongan de ellas?
No nos confundamos, este tipo de simulacros en defensa de lo Nacional, adormecen nuestra conciencia popular, al engañarnos con textos de leyes que parecen proteger nuestros bienes naturales en salvaguarda de la Soberanía, pero que, en realidad, resultan ser meras distracciones o cortinas de humo, mientras se profundiza la entrega del control y manejo de nuestras tierras.
El caso de los acuerdos firmados por el Gobernador de la provincia de Río Negro , Miguel Ángel Saiz con la empresa estatal china de la provincia de Heilongjian, es un claro ejemplo de cómo se puede avanzar sobre el control de vastas extensiones de territorio argentino (más de 320.000 hectáreas ) por parte de potencias extranjeras, sin que dicha entrega y sometimiento se vea aunque sea mínimamente afectado por los proyectos de regulación a la extranjerización de las tierras rurales. Los chinos no tienen oposición al proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, más bien nos cabría pensar que celebran este tipo de leyes porque calman con engaños el clamor de nuestro pueblo, mientras ellos continúan con los negociados espurios que les permiten hacerse del control de las tierras argentinas. De hecho y a pesar del vocerío contra la extranjerización de tierras, China pasará a controlar la producción de 330.000 hectáreas en los valles rionegrinas, sobre un total de tierras aptas para agricultura de 500.000, a lo sumo 800.000 con un sistema de riego muy eficiente. Es decir que China controlará, en el mejor de los casos, casi la mitad de las tierras agrícolas de toda la provincia de Río Negro ; en el peor, controlará más del 65% de las tierras aptas para agricultura de la provincia de Río Negro. El agua y los nutrientes contenidos en los alimentos que se desean llevar, tampoco figuran en la contabilidad economicista que practican demasiados dirigentes e intelectuales. Las consecuencias sociales y ambientales de su peculiar modo de producción tampoco son considerados.
No tendrá China la propiedad de la tierra, pero sí el total control de las mismas. Pero aún en el caso que el proyecto de acaparamiento se propusiera la compra de esas tierras, la asociación de que disponen con la empresa CRESUD de Eduardo Elsztain o con las empresas de Marcelo Mindlin, publicitadas como supuestamente nacionales, les permitiría fácilmente, sortear los triviales obstáculos que le impondría la Ley contra la extranjerización de tierras, actualmente en debate. Lo mismo sucederá en la provincia del Chaco, donde el Gobernador Capitanich ha firmado acuerdos con la empresa proveniente de Arabia Saudita del Sheik Al-Khorayef (Alkhorayef Group) para que dicha empresa pueda producir más de 220.000 hectáreas de patrimonio de los Chaqueños.
Es claro que, a partir de estos acuerdos, estas provincias quedarán sometidas a las necesidades y designios de los capitales extranjeros, con la consecuente violación a la Soberanía Nacional , implicada en la violación a las Soberanías Provinciales por parte de potencias extranjeras. Nos preguntamos ¿Habrá sido esa, la fragmentación del poder político, una de las razones para derogar la Constitución Nacional de 1949 y para mantener esa fragmentación en la Reforma constitucional de 1994?
Volviendo a la discusión sobre la propiedad, uso y control de la tierra, viene bien recordar los dichos de Gustavo Grobocopatel, quien muchas veces se ha calificado a sí mismo como un “sin tierras”, jugando con el paralelismo del MST de Brasil, a pesar de ser él uno de los grandes empresarios del agro que tiene la argentina. El hecho de que pueda convivir esta contradicción en nuestro país, debiera al menos llamar nuestra atención sobre lo que implica la propiedad de la tierra y la poca importancia que tiene hoy para el modelo económico productivo agroexportador. De la totalidad de las tierras que controla y maneja Grobocopatel, menos del 20% son de su propiedad.
Al igual que Grobocopatel, los pooles de siembra argentinos e internacionales, los chinos en Río Negro y muy probablemente los Saudíes en el Chaco, podrán decir que ellos en la Argentina son “sin tierras”, puesto que ninguno de ellos pretende tener la propiedad de la tierra, si no que buscan controlarlas, explotarlas y manejar a su arbitrio lo cosechado.
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No deja de llamarnos la atención el triste proceso de confusión y de pérdida del sentido de Proyecto de Nación, gracias al cuál llegamos a discutir sobre registros y titularidades dominiales, dejando de lado la discusión sobre el poder y control de las tierras argentinas.
Las políticas públicas orientadas hacia el desarrollo de las zonas rurales han estado largamente ausentes, o mejor dicho, esa es en realidad la política pública imperante de los últimos años: el abandono de un desarrollo rural que incluya la vida en esa misma ruralidad y el trabajo de los argentinos en la tierra. Tanto el repoblamiento de los territorios como el arraigo de la gente a la tierra son lamentablemente, conceptos prácticamente desaparecidos tanto de las agendas como de los discursos. Los avances notorios del actual modelo de Agronegocios, nos impone nuevos debates y mayores consideraciones sobre la tierra y sobre nuestro territorio, no solo la discusión sobre la mera titularidad dominial, Entre la enormidad de secuelas provocadas por el modelo de uso y acaparamiento del suelo y una agricultura industrial destinada a la agro exportación, debería considerarse la presión inmobiliaria y especulativa sobre todas las nacientes de agua a lo largo de toda la cordillera de los Andes, lo cuál aumenta en esos territorios mayor éxodo rural.
Hoy finalmente muchos son los que comprenden que el modelo expuesto en el marco del PEAA, por la Presidenta de la Nación, refiere al crecimiento de una agricultura sin agricultores. Es de esperar que pueda comprenderse también, que proyectos de ley como el del Poder Ejecutivo, hayan sido elaborados para profundizar el incremento de los despoblamientos, de modo tal, que habremos de poder sumarle al modelo oficial el epíteto “con propiedad de la tierra”, pero sin que los argentinos podamos disponer de ellas. Que mencionen en el Proyecto de Ley que se elabora, la palabra “participativo” ofende nuestra inteligencia, pues quienes sumaron su “voto calificado”, por ejemplo en las universidades, son cómplices del modelo extractivo o dependientes de los subsidios académicos que esos respaldos permiten.
El Agronegocio sigue sumando consignas, a la de “las semillas patentadas – sin derecho al uso propio”, se le agrega hoy “la tierra escriturada – sin usufructo propio”. Un modelo de agricultura sin agricultores, con propiedad de la tierra para los nacidos ciudadanos, pero sin poder disponer de ella el país de los argentinos. La situación que denunciamos en Río Negro y en el Chaco, y que creemos que debe considerarse en las discusiones sobre la tierra y el territorio, se enmarca a nivel internacional en las discusiones del land grabbing o sea el acaparamiento de tierras con que ciertos países intentan solucionar su inseguridad alimentaria, generando enclaves en otros países más pobres. Con el land grabbing de manera inevitable se extranjerizan las tierras, también, con los acuerdos como los que se implementan en las provincias de Río Negro y del Chaco, aunque no impliquen la propiedad de las tierras.
GRR - Grupo de Reflexión Rural
Septiembre de 2011
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