Retirados puertorriqueños enfrentan un futuro incierto, por Carmelo Ruiz Marrero
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La sociedad puertorriqueña está asediada por un abrumador sentimiento de inseguridad ante el empeoramiento de la crisis económica. Las declaraciones de la banca, de los economistas pagados por el gran capital, de las empresas acreditadoras, y del gobernador Alejandro García, lejos de aclarar e informar, lo que han hecho es ofuscar y agravar el sentimiento de zozobra y desesperanza.
Para afrontar esta nueva crisis, el gobernador García ha adoptado medidas típicas del recetario neoliberal. Estas han sido particularmente dañinas para los retirados. El año pasado el gobierno aprobó la ley 160, que alteró de manera drástica el sistema de retiro de los empleados públicos. Pone fin al sistema previo, establecido por la ley 447 de 1951, bajo la cual todo trabajador del sector público recibía pensión completa tras 30 años de servicio, irrespectivamente de su edad.
Pero la ley 160 cambia eso. El monto de los pagos mensuales de pensión ya no está garantizado, y los empleados ahora deben trabajar más años para obtener la totalidad de los beneficios.
Los maestros de escuela pública se salvaron de la ley 160. Demandaron y en abril el Tribunal Supremo determinó que varios componentes claves de esa ley eran inconstitucionales pues violaban obligaciones contractuales para con los maestros. Se salvó así el retiro de los maestros, pero en su decisión el tribunal afirmó la legalidad de otras partes de la ley que reducen los aguinaldos, paga de verano y beneficios médicos.
******
Los jubilados del sector público están en la calle y en pie de lucha, no solamente defendiendo sus beneficios y planes de retiro de la siempre presente amenaza de privatización, sino también protestando contra las medidas de austeridad neoliberal decretadas por el gobierno, las cuales afectan a toda la sociedad.
La sociedad puertorriqueña está asediada por un abrumador sentimiento de inseguridad ante el empeoramiento de la crisis económica. Las declaraciones de la banca, de los economistas pagados por el gran capital, de las empresas acreditadoras, y del gobernador Alejandro García, lejos de aclarar e informar, lo que han hecho es ofuscar y agravar el sentimiento de zozobra y desesperanza.
Para afrontar esta nueva crisis, el gobernador García ha adoptado medidas típicas del recetario neoliberal. Estas han sido particularmente dañinas para los retirados. El año pasado el gobierno aprobó la ley 160, que alteró de manera drástica el sistema de retiro de los empleados públicos. Pone fin al sistema previo, establecido por la ley 447 de 1951, bajo la cual todo trabajador del sector público recibía pensión completa tras 30 años de servicio, irrespectivamente de su edad.
Pero la ley 160 cambia eso. El monto de los pagos mensuales de pensión ya no está garantizado, y los empleados ahora deben trabajar más años para obtener la totalidad de los beneficios.
Los maestros de escuela pública se salvaron de la ley 160. Demandaron y en abril el Tribunal Supremo determinó que varios componentes claves de esa ley eran inconstitucionales pues violaban obligaciones contractuales para con los maestros. Se salvó así el retiro de los maestros, pero en su decisión el tribunal afirmó la legalidad de otras partes de la ley que reducen los aguinaldos, paga de verano y beneficios médicos.
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Los jubilados del sector público están en la calle y en pie de lucha, no solamente defendiendo sus beneficios y planes de retiro de la siempre presente amenaza de privatización, sino también protestando contra las medidas de austeridad neoliberal decretadas por el gobierno, las cuales afectan a toda la sociedad.
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