La urbanización del agua en Puerto Rico: políticas neoliberales en tiempos de sequía

por Alejandro Torres-Abreu  | 11 de Septiembre de 2015 | 4:30 am – 0 Comments

En las últimas décadas, los asuntos relacionados al consumo del agua potable han escalado la agenda social en Puerto Rico de manera intermitente. Cada vez que se asoma un nuevo período de sequía y la AAA amenaza con el racionamiento, se forma el corre y corre. De repente, el agua vuelve a ser noticia y acapara las primeras planas de los medios de comunicación de manera casi asfixiante: “Bajan los niveles de agua en embalses”; “Aumenta el período de racionamientos a 48 horas”; “Escasearán alimentos por la sequía”.
¿Por dónde va el debate del agua en Puerto Rico? Simplemente no va. Lo que más preocupa de la situación actual, es que las respuestas a la llamada crisis del agua sean tan intermitentes e inverosímiles como el racionamiento mismo. Por un lado, la AAA activa su plan de racionamiento organizando oasis en distintos puntos de la ciudad; alentando a la ciudadanía a adoptar medidas de conservación del agua (¡mientras dure el racionamiento!); reviviendo planes fallidos de dragado; y reproduciendo métodos coercitivos para penalizar al que sigue lavando la acera con agua potable. Por otro, el mercado se encarga de capitalizar la crisis y hace su agosto vendiendo agua embotellada y filtros contra la turbidez, fomentando la instalación de cisternas, el lavado en seco y –lo que es más peligroso—la idea de que el problema de agua se resuelve con más construcción de embalses y nuevas reservas de agua. Entretanto, la gente que se suple deCarraízo y la Plata que se adapte a la dinámica de la intermitencia y que pague de manera desproporcionada el descalabro ambiental históricamente causado por un modelo de desarrollo económico (o más bien de desarrollismo) socioambientalmente depredador y fallido.
Ecología política del agua
Muchos de los elementos de esta trama tienen un telón de fondo político y evidencian imposible desligar el carácter material del agua de aquellos aspectos sociales que informan su uso. ¿Por qué es importante reconocer el carácter político de la gestión de las aguas? Si bien existe un ciclo hidrológico que permite la circulación del agua en el planeta esculpiendo distintos biomas y permitiendo la vida misma en todas sus formas, para que el agua pueda estar disponible para consumo humano también tiene que ser extraída, procesada, entubada, desviada, almacenada, distribuida y reciclada (Kaika: 2005). Todas estas maneras de relacionarnos con el agua implícita o explícitamente remiten a lo político, están relacionadas con los procesos de urbanización de la naturaleza, que a su vez son mediados por la ciencia y la tecnología  y en última instancia dominados por el capital (Heynen et al: 2006).
Como sostiene Erik Swyngedouw (2004:1) : “[e]n ciudades capitalistas, o al menos en las ciudades en donde las relaciones de mercado son la forma dominante de intercambio, el flujo del agua es también parte integral del flujo de dinero y capital”. Esta perspectiva sugiere que para poder analizar la situación del agua actual es necesario reconocer las dinámicas de poder asociadas al acceso, uso y distribución del agua en la ciudad y los procesos de urbanización o transformación de la naturaleza asociados. Un primer paso en esa dirección es reconocer que el modelo de gestión de aguas dominante está basado en la ideología del neoliberalismo (Arrojo : 2006). Esto quiere decir que las dinámicas de consumo, de extracción, de planificación, de tratamiento y hasta de conservación de las aguas son determinadas en última instancia por la lógica del mercado. Si el mercado dicta la lógica de gestión, entonces todas las demás consideraciones (incluyendo las ecológicas, las éticas, las de justicia) pasan a un segundo plano.
En la modernidad, hemos permitido que la lógica económica domine nuestras relaciones con el agua y —como consecuencia— en muchos lugares del mundo se ha promovido la privatización de este recurso esencial en distintas formas y configuraciones. Desde sistemas de aprovisionamiento controlados por el sector privado, la venta de agua embotellada (y a veces contaminada) por las multinacionales, hasta la idea descabellada de ponerle precio al agua de lluvia; todas estas son muestras de cómo las políticas neoliberales van convirtiendo el agua en un objeto más de mercado. En una economía de mercado, la dinámica de consumo se determina a partir del valor económico del agua y la disposición que tenga el individuo o consumidor para pagar. Este modelo de gestión pone el énfasis en satisfacer una demanda de agua que se cree intocable y determinada en última instancia por el consumidor (Shove : 2003). Esto implica que las instituciones a cargo de la política del agua planifiquen, hagan proyecciones de demanda y tomen decisiones de gestión obedeciendo a esta racionalidad económica.
La urbanización del agua en P.R.
Muchas de las decisiones que se han tomado en P.R. en torno al agua reflejan esta ideología del neoliberalismo. El caso del Supertubo es uno de los mejores ejemplos. En el 2009 escribí un artículo donde sostengo que el proyecto del Supertubo se le vendió al país como un “seguro contra sequía” (Torres-Abreu : 2009). Ante la sequía que experimentaba el país en el 1994, el gobierno propuso la construcción delSupertubo como medida para atender el supuesto “déficit de agua” y evitar racionamientos futuros. En cambio, lo que verdaderamente estaba detrás de este proyecto era seguir estimulando la economía, a partir de la construcción de viviendas y de la suburbanización a lo largo de la línea de transmisión propuesta. Un modelo que – como sabemos – está obsoleto, se ha prestado para la corrupción y ha ido en detrimento de nuestra ecología y recursos de agua.
Veinte años más tarde, nos encontramos en una situación similar o peor que la que generó el racionamiento del ’94. Y lo que es inadmisible es que sigamos reproduciendo las mismas soluciones que nos han llevado a donde estamos. Para poner la sequía y el racionamiento en su justa perspectiva, hay que entender varios elementos interrelacionados. Primero, las sequías son fenómenos normales para el Caribe y, con el cambio climático, las predicciones de los especialistas apuntan a que tendremos períodos cada vez más frecuentes e intensos de sequías (y precipitación), lo que podría modificar el patrón de precipitación  en la Isla y la disponibilidad de agua en un futuro cercano (Larsen: 2000).
La situación se complica aún más ya que la incertidumbre asociada a los análisis científicos sobre el clima dificultan establecer una relación clara entre los fenómenos de sequía habituales y el cambio climáticoantropogénico. Este podría ser el caso de la sequía que estamos experimentando actualmente; que está más directamente relacionada con el fenómeno de El Niño y su efecto en los patrones del clima de la región que con el calentamiento global propiamente. Durante los pasados tres años los patrones de precipitación en la Isla (y en otras partes de la región) han estado por debajo del promedio. Como consecuencia, 82% del territorio total del país experimenta cierto grado de sequía desde extrema hasta moderada (U.S. DroughtMonitor : 2015). Esto es solo un atisbo de lo que podemos enfrentar en un futuro cercano.
¿Qué dicen los datos en cuanto a la producción y el consumo?
Sin embargo, si bien es innegable que el territorio local esté experimentando una sequía, el racionamiento impuesto por la AAA, responde más a una gestión inefectiva e insustentable del agua que a las condiciones ambientales actuales. Según datos suministrados por la misma agencia, durante la pasada década la AAA viene arrastrando un por ciento de agua no facturada que en un momento dado llegó a estar en el 64.3% y los datos más recientes estiman que ronda por un 58.8% (DRNA : 2015 Borrador). Lo que significa que para que el sector doméstico reciba 263 millones de galones diarios (MGD) del líquido, la AAA tiene que producir alrededor de 617 MGD. De estos, aproximadamente 47% se estiman en pérdidas o fugas en el sistema, 9.7% en hurtos y 1.5% en consumo no medido, pero autorizado. Ante estas cifras, no hay que ser erudito para concluir que la causa principal de la situación del agua actual, está directamente relacionada al problema de ineficiencia en el sistema de distribución de la AAA y a la falta de una política de aguas integrada.
El problema de la ineficiencia se relaciona también con la inhabilidad histórica del gobierno de poder implantar un ordenamiento territorial coherente que asegure la defensa de la ecología del país. Como consecuencia, se ha permitido la construcción de viviendas y todo tipo de infraestructura en las cabeceras de las cuencas hidrográficas, en los humedales y las zonas riparias. La deforestación, fragmentación y degradación de estos ecosistemas ha resultado en la erosión y sedimentación de los cuerpos de agua, inundaciones urbanas más frecuentes, la explotación y contaminación de los ríos y acuíferos; comprometiendo así la integridad y funcionalidad ecológica de muchos de los cuerpos de agua del país y, por lo tanto, nuestra supervivencia y calidad de vida futura.
Entretanto, algunas políticas institucionales ambientales continúan facilitándole al sector privado la construcción y desarrollo de proyectos que no son sustentables para el país. Y esto se refleja en el proceso de evaluación de estos proyectos. Como bien apunta Concepción (2007: 775): “[…] algunas reformas propuestas o adoptadas para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) buscan facilitar la aprobación de proyectos, pero minimizando la evaluación de sus consecuencias ambientales y el escrutinio público”. Si la sociedad civil no se moviliza de manera contundente para exigir una política ambiental y de ordenamiento territorial efectivo y sustentable para el país, la problemática del agua actual no se podrá resolver de manera definitiva.
Para que ocurra el cambio que necesitamos, tiene que adoptarse una visión y política pública alternativa con respecto a la gestión de las aguas. Y esta nueva visión, no puede estar dictaminada por políticas neoliberales que sabemos que, tarde o temprano, nos llevarán al fracaso ecológico y social. Por el contrario, esa visión tiene que resultar de una gestión mucho más democrática y participativa mediante la cual podamos asegurar la integridad ecológica de los cuerpos de agua y el acceso justo al recurso. Esto implica también iniciar un debate sobre las expectativas sociales de consumo, adoptar una postura más crítica sobre las tecnologías que posibilitan el consumo del agua en el sector doméstico y reconocer que la reconfiguración de la gestión del agua en Puerto Rico no va a venir del gobierno, ni del sector privado. La mirada tiene que estar puesta en los movimientos sociales alrededor del mundo que –transcendiendo la visión anquilosada de las instituciones gubernamentales—continúan ganando un espacio político y de acción a partir del reclamo por un acceso justo, responsable y ambientalmente consciente de nuestroacuapaisaje.

Referencias

DRNA (2015, Borrador) Revisión del Plan de Aguas Integral de Recursos de Agua para Puerto Rico.

Concepción, C. (2007). El Ocaso del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en Puerto Rico: Un examen en la pr[actica a partir del 1990. Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Vol. 68 Núm. 4 octubre-diciembre 2007.

Heynen, N. C., Kaika, M., & Swyngedouw, E. (2006). Urban political ecology. Politicizing the production of urban natures. En: In the nature of cities : urban political ecology and the politics of urban metabolism (pp. xv, 271 p.). London: Routledge.

Kaika, M. (2005). City of flows : modernity, nature, and the city. New York ; London: Routledge.

Larsen, M. (2000). Analysis of 20th century rainfall and streamflow to characterize drought and water resources in Puerto Rico. Physical Geography, 21(6), 494-521.

Shove, E. (2003). Comfort, cleanliness and convenience : the social organization of normality. Oxford: Berg.

Torres Abreu, A. (2009). ¿Satisfacer o manejar la demanda? Perspectivas dominantes en torno al debate sobre el consumo del agua en Puerto Rico. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 20. 176-202.

US Drought Monitor (2015). http://droughtmonitor.unl.edu/Home/StateDroughtMonitor.aspx?PR

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