BREVES AMBIENTALES del periódico CLARIDAD
Edición del 16 de diciembre 2004
Edición del 16 de diciembre 2004
PUERTO RICO: Consejo Asesor Ambiental critica al secretario de recursos naturales
El Consejo Asesor sobre Asuntos Ambientales de la Gobernadora (CASAA) emitió la semana pasada duras críticas contra el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Luis E. Rodríguez, por haber aprobado la reconstrucción de dos residencias ubicadas ilegalmente en la Parguera, contradiciendo las recomendaciones de la División Legal y los técnicos del mismo DRNA. El Consejo Asesor señala que una de las estructuras pertenece al esposo de la Juez Administradora del Tribunal Apelativo, Maggie Rodríguez de Oronoz.
El CASAA repudió la acción del Secretario del DRNA debido a que las estructuras en cuestión están en la zona marítimo terrestre y dentro de la Reserva Natural de la Parguera. Estas habían sido destruidas en un incendio de origen desconocido en agosto de 2001.
En comunicado de prensa, el CASAA declaró que “Tal acción, de un secretario de gabinete, no sería noticia si no fuese porque lo que está involucrado es una regalía de un bien público que por definición le pertenece a todos los puertorriqueños y a ninguno en particular."
"Ni el Secretario del DRNA, ni el Gobierno de Puerto Rico, son dueños de la zona marítimo terrestre y carecen de autoridad para regalar porciones de la zona marítimo terrestre, a sus amistades en la política, a expensas del bien común”.
En declaraciones a la prensa el secretario Rodríguez había argumentado que su acción estaba justificada porque oponerse a la reconstrucción alentaría el "ecoterrorismo", ya que se sospecha que las residencias fueron incendiadas por terceras personas. A esto el CASAA respondió que ese argumento “es risible y levanta el miedo como una razón para privatizar los bienes no patrimoniales del país."
El Consejo Asesor está particularmente indignado con la alegación del secretario de que "la administración de los bienes de dominio público marítimo-terrestre" es "un asunto esotérico y técnico".
"Llamar a este asunto uno 'esotérico y técnico' para justificar la regalía, es algo aterrador para nuestro futuro", ripostó el CASAA. "Aparentemente si el concepto de lo que constituye un bien no patrimonial se ignora porque es algo técnico, entonces vamos a clausurar los tribunales y la interpretación de la Constitución por la misma razón. La zona marítimo terrestre no es un concepto esotérico para todos aquellos que se apoderan ilegalmente del bien público para ganancia y disfrute personal. Regalar la zona marítimo terrestre es decirle al país que se fastidie el interés común del pueblo: ¡mis amigos son primero!”
“Es increíble ser testigo de la enajenación de bienes no patrimoniales de parte de una sola persona en una posición privilegiada sin consideración alguna de los más elementales principios de la mayordomía de los valores públicos cuya custodia el pueblo de Puerto Rico le confió”, concluyó el CASAA en su comunicado.
ARGENTINA: Cultivo de soya causa polémica
La agrupación ambientalista World Wildlife Fund (WWF) organizará en Argentina en marzo una mesa redonda de empresarios con el fin de promover "el cultivo sustentable de soya". El crecimiento explosivo del monocultivo de soya en ese país en años recientes se ha dado a costa de la tala de bosques y uso masivo de herbicidas que son dañinos a la biodiversidad y la salud humana.
Ante esta situación, el WWF escogió el camino pragmático de aceptar el crecimiento de las plantaciones de soya y trabajar en conjunto con el gobierno argentino y sectores empresariales para que estos cultivos sean ambientalmente sustentables.
Pero el Grupo de Reflexión Rural y el movimiento comunitario MOCASE, ambas organizaciones argentinas, difieren del WWF.
"La propuesta del WWF no cuestiona el actual modelo industrial de agricultura implementado en Sudamérica: un modelo basado en producción destinada a la exportación, una agricultura diseñada para las necesidades de los mercados internacionales, para pagar la deuda externa en vez de abastecer a la población local", declararon ambas organizaciones en un comunicado conjunto.
"De esta manera el WWF cumple el rol de predicador del capitalismo verde: no interrumpir el flujo de intereses financieros, apoyando el crecimiento de la producción agrícola de tipo industrial como táctica, convenciendo a las transnacionales hacia un sutil giro hacia prácticas que produzcan menores impactos negativos y de esta forma ayudándoles a legitimar sus operaciones."
Sostienen que la mesa redonda convocada por el WWF será un club privado en que las corporaciones, con la anuencia de los ambientalistas, podrán utilizar un sello de “sustentabilidad” con que verdear su industria.
CALENTAMIENTO GLOBAL: Condenan comercio de carbono
Ambientalistas y activistas de derechos humanos han acudido a la décima conferencia de los países partícipes de la Convención sobre Cambio Climático de la ONU, la cual toma lugar esta semana en Buenos Aires. Su comparecencia no es para apoyar las negociaciones sino para denunciar las "soluciones" de libre mercado con las que se pretende afrontar el reto del calentamiento global.
De la Convención sobre Cambio Climático salió el Protocolo de Kioto, un plan concreto para tomar medidas que contrarresten el calentamiento global, o efecto de invernadero. El Protocolo contiene mecanismos de mercado que viabilizan un "mercado de carbono" en el que se compran y venden derechos a contaminar la atmósfera.
"Intereses poderosos han secuestrado el debate sobre el clima y están forzando un enfoque corporativo de libre mercado a costa de poner la tierra en peligro", acusó Tom Goldtooth, director de la Red Ambiental Indígena.
Uno de los elementos del Protocolo que más polémica causa es el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el cual le permite a los países ricos del hemisferio norte evadir su deber de reducir su contaminación financiando proyectos de desarrollo sustentable en países pobres del tercer mundo, incluyendo masivos monocultivos de árboles que servirían de "sumideros" de carbono.
"Las plantaciones de monocultivo de árboles son devastadoras para comunidades locales y para el ambiente", dijo Raquel Núñez, del Movimiento Mundial por los Bosques, grupo con sede en Uruguay. "Si el Protocolo de Kyoto permite que grandes plantaciones de árboles genéticamente modificados cuenten como proyectos de desarrollo limpio, los resultados serán catastróficos".
Los esquemas de comercio de carbono involucran gobiernos, corporaciones e instituciones financieras como el Banco Mundial, las cuales continúan invirtiendo en la explotación de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, que causan el calentamiento global.
Al abrir la conferencia de Buenos Aires la semana pasada la organización Institute for Policy Studies (IPS) publicó un informe sobre cómo el Banco Mundial ha transformado los mecanismos del Protocolo de Kioto para comerciar carbono en mecanismos de lucro y para mantener el status quo.
"El Banco Mundial ha hecho más que ninguna otra institución para atrincherar la industria global de combustible fósil", denunció Nadia Martínez, del IPS. Puntualizó que al Banco Mundial no se le debe dejar participar en ningún esquema para resolver la crisis del calentamiento global.
Para más información: http://justiciaclimatica.blogspot.com
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