¿Qué le ocurre al Gobernador?

Luis Jorge Rivera Herrera*
ESPECIAL PARA CLARIDAD

En un país donde la diversidad de opiniones y las confrontaciones son la orden del día, es una sorpresa cuando surgen expresiones de consenso sobre temas que afectan a toda la sociedad puertorriqueña. La forma en que el Gobierno ha conducido el desarrollo del Plan de Usos de Terrenos (PUT) ha dado lugar a una de estas pocas instancias. Numerosos sectores, incluyendo hasta aquellos que se han caracterizado por estar en desacuerdo en repetidas ocasiones, como los asociados a la industria de la construcción y a la conservación del medio ambiente, han coincidido en que los directivos de la Junta de Planificación (JP) han guiado el proceso del PUT de forma inapropiada e irresponsable.

El despido injustificado del planificador Carlos Maysonet como Director de la Oficina del PUT, la salida inmediata del resto del personal de esta Oficina, así como la más reciente renuncia de expertos y ex funcionarios públicos de intachable reputación pertenecientes al Consejo Asesor Externo del PUT, evidencian claramente cómo el desarrollo del Plan ha padecido de serias irregularidades y percances, ello bajo la tutela del Presidente de la JP, el Ing. Ángel Rodríguez.

Es necesario resaltar que el Presidente de la JP fue el responsable de enmendar súbitamente, y en un término de apenas 10 días, el Borrador del PUT presentado el mes de marzo pasado; documento que a técnicos, científicos y asesores de la Oficina del PUT les había tomado más de un año preparar. Es decir, las numerosas críticas hechas por toda la ciudadanía al documento presentado en vistas públicas fueron el resultado de los cambios promovidos por el Presidente de la JP de manera sospechosa. No es de extrañar, entonces, que el Borrador del PUT hubiese estado plagado de errores e inconsistencias, máxime cuando el mismo no fue referido para ser revisado por el Comité Interagencial y el Consejo Asesor Externo de la Oficina del PUT, como lo exige la ley que ordena este esfuerzo. No creo que ésta sea la manera en que se construye un “Puerto Rico de Primera”, tal y como nos prometió el Gobernador en las pasadas elecciones.

Ante el proceso accidentado que ha sufrido el PUT y la extrema importancia que el mismo reviste para el desarrollo de Puerto Rico, es necesario que el Gobernador atienda y responda por las siguientes interrogantes:

¿Cuáles fueron las motivaciones y propósitos que tuvo el Presidente de la JP para alterar abruptamente el proceso, y con ello el contenido, de la versión original del Borrador del PUT, en violación a los procedimientos establecidos por ley? ¿Por qué el Presidente de la JP hizo la distinción de aplicar la nueva clasificación de suelo urbano atípico turístico en áreas donde se proponen específicamente proyectos de dudoso mérito y que no responden a la realidad natural de su localización, tales como Costa Serena en Piñones, el San Miguel Four Seasons Resort en el Corredor Ecológico del Noreste, entre otros trece de tipo residencial-turístico? ¿Cómo es posible que el secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, haya anunciado el apoyo a estos trece proyectos, cuando apenas han comenzado los procedimientos en las agencias para su evaluación?

Si la pasada crisis fiscal por el impasse entre el Gobernador y la Legislatura fue la razón para cesantear al Director de la Oficina del PUT, según se informó públicamente, ¿por qué éste no fue restituido a su puesto con el resto de los 90,000 empleados públicos? ¿Qué ha ocurrido con los $2 millones que fueron asignados en noviembre pasado para financiar precisamente los trabajos de la Oficina del PUT? ¿No era el PUT una prioridad y compromiso programático de la presente administración?

Es incomprensible cómo el Gobernador ha despachado con total apatía o desinterés un asunto de gran trascendencia para el bienestar y futuro desarrollo del país, actitud que pone en entredicho la credibilidad e integridad de la presente administración gubernamental. El Gobierno puede que haya dado un paso en la dirección correcta luego de respaldar, aparentemente, el proyecto de ley designando el Corredor Ecológico del Noreste como una reserva natural. Pero la marcha no puede detenerse ahí. El Gobernador debe de actuar de inmediato para subsanar el actual descalabro con el PUT y retirar su apoyo a proyectos como Costa Serena, para de esta manera encaminar los procesos de planificación y administración juiciosa de los recursos naturales en unos, que como mínimo, puedan contar con la confianza de los ciudadanos. De lo contrario, estará dejando un legado nefasto a las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños.

* El autor es Científico Ambiental.