Corredor Ecológico del Noreste
DESARROLLADORES CON FICHAS EN TODOS LADOS

Cándida Cotto
ESPECIAL PARA CLARIDAD - jueves, 9 de Noviembre de 2006
ccotto@claridadpuertorico.com

Mientras grupos ambientalistas recaban de la Cámara de Representantes la aprobación del Proyecto 2105, que propone designar como una reserva natural los terrenos del Corredor Ecológico del Noreste (CEN), uno de los principales desarrolladores del sector, Lcdo. Juan R. Zalduondo, extiende sus conexiones en varias esferas del Gobierno para lograr avanzar los proyectos y obtener los permisos de construcción. Los contactos de este señor se ubican en todas las ramas, incluyendo la Judicial.

Las relaciones del Lcdo. Zalduondo, con distintas instancias de poder resultan impresionantes. Para empezar, Zalduondo, quien es el socio principal del proyecto San Miguel Four Seasons Resort que se pretende construir en terrenos del Corredor, es reconocido como miembro y uno de los principales contribuyentes del Partido Popular Democrático (PPD). Además, su hermana es la esposa del juez del Tribunal Supremo (TS), Jaime B. Fuster Berlingeri. Tan reciente como el 13 de octubre de 2006 el Tribunal Supremo rechazó una petición de grupos ambientalistas para que se revisara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Dos Mares Marriott Resort, también en Fajardo. Aunque este proyecto no es de Zalduondo, esta decisión le resulta beneficiosa dado a que puede aplicarse de forma directa a su proyecto San Miguel que se ubica en el mismo sector donde se construirá Dos Mares.

Para los grupos comunitarios y ambientalistas que impugnaron la aprobación de la DIA resultó inexplicable la resistencia de algunos jueces a examinar sus lanteamientos de que el documento sometido por los desarrolladores es contrario a la Ley de Política Pública Ambiental (LPPA) y el Reglamento de Documentos Ambientales (RDA) de la Junta de Calidad Ambiental (JCA). El Tribunal Supremo dispuso del asunto con un “No ha lugar” negándose a pasar juicio sobre los argumentos de los objetores. Sólo la jueza Liana Fiol Matta expresó su interés en darle paso al recurso. Los jueces Rebollo López y Rodríguez no intervinieron, lo que implica que la decisión fue tomada por Hernández Denton, Efraín Rivera Pérez y Fuster Berlingeri.

Dadas sus buenas relaciones con el Tribunal Supremo, el Lcdo. Zalduondo es nombrado con frecuencia a formar parte de comisiones especiales creadas por ese foro. Actualmente es miembro de la Comisión de Evaluación Judicial, organismo de la Rama Judicial a cargo de evaluar a los candidatos a jueces. El Lcdo. Zalduondo es, además, miembro de la Junta de Síndicos del Fideicomiso Histórico del Tribunal Supremo. Esta entidad, que se supone sea “independiente” de la Rama Judicial y del TS, tiene el propósito de recaudar fondos para sufragar los trabajos de restauración del edificio que alberga al TS y para otras actividades. Actualmente está a cargo de la preparación de un libro que recoja la historia del Tribunal para lo cual recibió donativos del Banco Popular y de UBS Financial.

Otros dos organismos —en esta ocasión del Ejecutivo— a los cuales pertenece este afortunado desarrollador son la Junta de Redesarrollo de los Terrenos de la Antigua Base Roosevelt Roads en Ceiba y a la Autoridad del Puerto de las Américas (APA). El primer organismo tiene a su cargo todo lo relacionado al traspaso y futuro desarrollo de los terrenos de la antigua base militar. Es un hecho reconocido por los medios de comunicación que la comunidad de Ceiba ha tenido que desatar una fuerte presión pública para lograr que esta Junta atienda sus reclamos de participación respecto a los planes futuros de las tierras que antes estuvieron ocupadas por la Marina.

La APA es la corporación pública creada en agosto del 2002 para desarrollar el puerto de hondo calado en la región sur de la Isla. La corporación tiene un financiamiento de aproximadamente $250 millones, en una línea de crédito del Banco Gubernamental de Desarrollo (BGD).

Gracias a sus contactos con el Partido Popular y la anterior administración de Sila Calderón, Zalduondo fue uno de los desarrolladores beneficiados con los terrenos expropiados a los residentes de Santurce por parte del gobierno central. La franja de terreno que se le concedió es tal vez la de mayor valor. Se trata del predio frente al Centro Gubernamental Minillas que se extiende a lo largo de la calle De Diego, desde los terrenos del Museo de Arte hasta la calle Villamil. En ese enorme predio está proyectada la construcción de varios edificios para oficinas, comercios y apartamentos residenciales.

Corrada del Río en la nómina

Zalduondo y los demás desarrolladores de las costas de Fajardo no se contentan con sus contactos con el Partido Popular. También han buscado ayuda de figuras vinculadas al Partido Nuevo Progresista que también pueden influenciar al Tribunal Supremo y la Legislatura. Uno de los abogados del proyecto San Miguel es el ex juez del TS, Baltasar Corrada del Río. Grupos ambientalistas han denunciado que el ex juez ha cabildeado en contra del Proyecto 2105 entre los legisladores del PNP en la Cámara de Representantes. Tanto Corrada como Fuster participaron en el panel de jueces del Supremo en la decisión de 2004 a favor de los proyectistas en el pleito donde se impugnó la validez de los contratos de arrendamiento y compra de los terrenos públicos en el Corredor, caso en el cual la corporación de Zalduondo, Juaza Inc., era una de las partes.

El ex juez Corrada estuvo presente en la primera vista celebrada en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo en el pleito incoado por las organizaciones que favorecen a favor del Corredor para impugnar el endoso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a una propuesta de canalización del río Pitahaya. Las organizaciones ambientalistas objetan dicha canalización que solo beneficiaría a los desarrolladores, perjudicando a la comunidad.

En tanto, las organizaciones que promueven que los terrenos del CEN sean declarados reserva natural confían en que la Comisión de Recursos Naturales, Conservación y Medio Ambiente (CRNCMA) de la Cámara someta el proyecto a votación este próximo martes 14 de noviembre luego de haberse celebrado dos vistas públicas y una inspección ocular. La propuesta es respaldada por el Fideicomiso de Conservación (FC), el Instituto de Dasonomía Tropical (INDT), el Servicio Forestal Federal del Yunque (SFF), la Compañía de Parques Nacionales (CPN) y hasta por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) del Gobierno de Puerto Rico.

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