Bionegocios y megaproyectos en América Latina

Mónica Vargas Collazos

Desde distintos ámbitos se apuntan los preocupantes impactos de los agrocombustibles en los países del Sur. Se ha destacado la huella ecológica que generarán las políticas principalmente europeas, estadounidenses y japonesas que promueven el uso a gran escala de biocarburantes en el transporte. Se ha detallado los problemas que ello tendrá sobre la pérdida de soberanía alimentaria, a lo que se añade un inevitable sentimiento de desconfianza en términos ambientales que no puede dejar de inspirar un modelo agrícola sustentado directamente en el petróleo, la contaminación del agua y la deforestación. Al preguntarse a quién benefician en realidad los agrocombustibles, varios investigadores describen la convergencia de los agropetronegocios que permite los matrimonios DuPont-BP, Abengoa-General Motors, Repsol-Acciona, etcétera.

Pero el biodiésel y el etanol no se teletransportan de los campos a los tanques de gasolina. Hay un aspecto muy poco “bio” en este auge: la creciente necesidad de integración de infraestructuras que implica su transporte y exportación. Salen a la luz entonces el (lamentablemente) resucitado Plan Puebla Panamá (ppp) y la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Sudamericanas (iirsa). Estos megaproyectos consideran la rebelde geografía latinoamericana como un obstáculo para la extracción de materias primas y el transporte de mercancías. Su misión es doblegarla mediante corredores intermodales de autopistas, represas hidroeléctricas, hidrovías, tendidos eléctricos, oleoductos. Ni qué decir de los importantes beneficios que estos proyectos traerán a empresas como las españolas Iberdrola y Gamesa (parque eólico en México), acs (gestión portuaria y dragados en Brasil) e incluso a desconocidas consultoras como typsa o Norcontrol. A pesar de las promesas de “desarrollo local” que hacen (evocando la agotada teoría del “derrame de riqueza”), resultan nefastos porque se sitúan sobre territorios indígenas y comunidades campesinas, y atraviesan zonas de alta biodiversidad. En su diseño ha participado, sin ninguna consulta de las poblaciones locales, una de las principales entidades generadoras de deuda del continente, y de la cual el Estado español es miembro: el Banco Interamericano de Desarrollo (bid).

Esta entidad promueve hoy a los agrocombustibles de distintas maneras. El banco estima que a América Latina le tomarán 14 años convertirse en una zona productora de biodiésel y etanol y que se requerirán 200 mil millones de dólares. Por un lado, apoya la expansión de cultivos de palma en Colombia y de caña de azúcar y soja en la Amazonía brasileña (el presidente del bid, Luis Alberto Moreno, codirige un grupo del sector privado, la Comisión Interamericana del Etanol, conjuntamente con Jeb Bush, exgobernador de Florida, y el exprimer ministro japonés Junichiro Kozumi). Por otro lado le importa asegurar un fluido vaciado de las mercancías hacia los puertos, no únicamente atlánticos, sino también del Pacífico, de cara a los mercados asiáticos. Así, recomienda a Brasil gastar en infraestructuras mil millones de dólares por año durante 15 años. Aspira también a acelerar proyectos de iirsa rechazados por la sociedad civil, como por ejemplo la Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata, el proyecto de navegabilidad del Río Meta, el Complejo del Río Madera, Ferro Norte (red ferrovial que conectaría a los sojeros estados de Paraná, Mato Grosso, Rondonia y Sao Paolo).

Ver: http://www.diagonalperiodico.net/article4023.html