Un nuevo miedo

La seguridad de que las agencias gubernamentales harán cumplir las leyes y reglamentos no sólo devolverá la tranquilidad necesaria para la inversión, sino que hará que los ciudadanos comunes y corrientes recuperen la confianza en las instituciones que nos gobiernan.

Por Marian González / mariannatural@gmail.com / El Nuevo Día / 3 febrero 2008

La economía de Estados Unidos se encuentra en un momento difícil y se habla de una posible recesión. El resto del mundo está en compás de espera. En Puerto Rico llevamos tiempo tratando de reactivar nuestra actividad económica y anticipamos con temor los efectos de la caída de la Bolsa estadounidense. Ante este panorama desalentador y ante un año eleccionario -lo que de por sí crea escepticismo en los inversionistas-, se llevan a cabo esfuerzos para tratar de mitigar las consecuencias que puede traer lo que se avecina.

La Cámara de Comercio, por ejemplo, organiza por segunda ocasión el Puerto Rico Conference: Investment for Growth. En esta actividad se pretende buscar inversionistas extranjeros para que hagan negocios en el País. Sus directivos expresan que “de ahora en adelante, será la empresa privada, mediante la Coalición del sector privado, la que impulsará el desarrollo económico de la Isla ”. Estoy de acuerdo con ellos en que la economía de Puerto Rico es responsabilidad de todos los que habitamos aquí, mucho más allá del Gobierno, y reconozco que sus esfuerzos son necesarios.

Sin embargo, como puertorriqueña interesada en el bienestar de mi gente, me veo obligada a analizar los factores que pudieran estar incidiendo en la tan mencionada crisis económica de la Isla.

Me inquieta que uno de los argumentos utilizados para desalentar la investigación a fondo de los procesos que precedieron toda la controversia de Paseo Caribe -e incluso de otros proyectos en el País- haya sido que detener proyectos que ya cuentan con permisos provoca inseguridad. Esto, se plantea, afecta negativamente la posibilidad de futuras inversiones. Se dice que los inversionistas necesitan un clima de certeza para sus negocios y que los cambios que ocurren luego de que los procesos de permisología han concluido son un riesgo que no están dispuestos a asumir.

Se habla de “un nuevo miedo” entre los negociantes, “porque el gobierno no está respaldando la validez de los permisos de construcción”. Se incluye en el grupo de proyectos en esta situación a Paseo Caribe, Marriott Courtyard, Costa Serena, Four Seasons y Dos Mares. Debemos primero aclarar que Costa Serena, San Miguel Four Seasons y Dos Mares no tenían un solo permiso aprobado al momento de ser detenidos. Esto plantea una diferencia significativa entre estos y los otros casos aludidos. Pero examinemos aquí los proyectos que ya tenían los permisos.

El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, se expresó hace poco sobre el tema diciendo: “En la medida en que un país tenga normas, pero el gobierno no las haga valer, se crea una situación desigual entre empresas que no van a saber exactamente cómo el gobierno va a funcionar sobre una norma, si se les va a aplicar a ellos o a su competidora. De todas maneras, en el Departamento de Justicia somos esclavos de la ley y tenemos que dejarnos llevar por lo que es el estado de derecho. No podemos, porque alguien venga a hablarnos de consecuencias, ignorar lo que es la ley clara de este País”.

En términos similares se expresó recientemente, durante una visita a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana , y ante un nutrido grupo de jueces nacionales y de Norteamérica, Stephen Breyer, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El senador Orlando Parga, presidente de la Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor, que investigó las obras de Paseo Caribe, expuso: “Nadie en su sano juicio quiere invertir en un país en el que las leyes, los reglamentos y la administración pública puedan enmendarse o manipularse de acuerdo con el capricho o antojo del proponente”.

En la edición del 26 de noviembre de 2007 de la revista Time, aparece un reportaje sobre los mejores países para hacer negocios, según el Foro Económico Mundial (FEM). Esta lista se publica anualmente y para ella se toman en cuenta 113 factores que contribuyen a una economía competitiva. Estos factores indican cuán bien posicionado está un país para atraer la inversión extranjera. Puerto Rico aparece en el número 36, un lugar notable que, obviamente, todos deseamos mantener o mejorar. En los primeros lugares se encuentran Estados Unidos, Suiza, Dinamarca, Suecia, Alemania, Finlandia, Singapur, Japón, Reino Unido y Holanda.

En uno de los artículos de esa edición de Time, se comparan dos naciones africanas: las islas Mauricio y Angola. Mauricio ocupa el lugar 60 en la lista del FEM, mientras que Angola ni siquiera se incluye. En Mauricio había 31,815 compañías extranjeras en abril de 2007. El autor identifica el secreto del éxito de Mauricio: buen gobierno.

Angola representa la otra cara de África. El 70% de su población vive bajo los niveles de pobreza. Un puñado de compañías tiene el control del 35% de las ganancias del país. En su caso, el autor identifica la corrupción como una de las razones principales de los problemas económicos del país.

Según Steven Davis y Luis A. Rivera-Batiz, en un capítulo del libro ‘The Economy of Puerto Rico’, “existen razones poderosas para sospechar que el proceso de permisos es un obstáculo importante para el desarrollo de negocios y el crecimiento de empleos. Existe evidencia anecdotaria que sugiere que el proceso de permisología es excesivamente lento, lleno de incertidumbre, sujeto a resultados caprichosos, susceptible a la corrupción y propenso a la manipulación de empresarios rivales, políticos o grupos de intereses particulares”.

Los autores también hablan sobre la desventaja de aquellos negocios cuyos dueños no poseen conexiones políticas. Consideran la reglamentación de las actividades de la construcción como una altamente politizada y sensible a la corrupción.

Estos datos coinciden con las expresiones del juez Breyer, del secretario de Justicia Sánchez Ramos y del senador Parga sobre la importancia de un gobierno confiable y honesto para propiciar la inversión.

El caso de Paseo Caribe ejemplifica cuán importante es esa confianza en el Gobierno para que se invierta en Puerto Rico.

Se habla, por otro lado, de las supuestas agendas separatistas de los opositores a estos proyectos. No dudo de que entre las muchas personas interesadas en este tema se encuentren independentistas, pero, de igual forma, estoy segura de que los hay de otras ideologías, incluyendo estadolibristas y estadistas. Igualmente, conozco desarrolladores y contratistas de toda la gama política y filosófica.

El ambiente nos afecta a todos, no importa el color del partido de nuestra preferencia. Nuestro patrimonio no debe ser motivo de preocupación de unos pocos, sino de todos los que habitamos en Puerto Rico. Desconfío de los que tratan de reducir estos ‘issues’ a diferencias entre izquierdistas y derechistas. Creo que hay muchos factores involucrados y que es algo de mayor complejidad. Esta estrategia de intimidación al estilo de la guerra fría no abona en nada a buscar soluciones viables a la controversia en cuestión.

Sabemos que la tardanza en los procesos de permisos desalienta la inversión. Sabemos que esos procesos deben ser abarcadores, transparentes y justos. Sabemos que Puerto Rico necesita una economía vigorosa y que eso nos conviene a todos los que vivimos en la Isla , no importa nuestra ideología política. Si los inversionistas están seguros de un trato responsable, honesto y expedito, en la medida en que sea posible, invertirán en nuestra economía. Sin embargo, no podemos olvidar ni por un momento que para tener una economía vigorosa primero es necesario proteger los recursos naturales que la sostienen.

La seguridad de que las agencias gubernamentales harán cumplir las leyes y reglamentos no sólo devolverá la tranquilidad necesaria para la inversión, sino que hará que los ciudadanos comunes y corrientes recuperen la confianza en las instituciones que nos gobiernan. ¿O es que piensan ustedes que no influye en el comportamiento y las actitudes de todos el que se hable constantemente de “una legislatura que no sirve”, de “una rama judicial que no utiliza la misma vara para todos por igual” o de “un ejecutivo que cambia de posición de acuerdo con su conveniencia”? Eso no sólo crea un clima de incertidumbre en la economía, sino que genera desconfianza y desesperanza en la población.

Cuando una persona percibe que existe injusticia a su alrededor o que no se le trata igual que a otros, esa frustración lo puede incluso llevar a incumplir la ley. Se sienten que si otros se salen con la suya, ellos también pueden hacerlo. El mensaje que se envía es muy peligroso, pues atenta contra el respeto a las instituciones democráticas. Podemos ver que la gente comete actos ilegales rebelándose contra lo que consideran injusticias en el sistema. Cuando se percibe que la corrupción es aceptada, podemos perder la convicción de que vale la pena actuar con respeto a la ley. Aunque, según dice Tom Tyler en su libro ‘Why People Obey the Law’, la mayoría de las personas se sienten inclinadas a obedecer las leyes, este reflejo puede perderse fácilmente si se cree que la ley carece de legitimidad.

Recuperar la confianza en las tres ramas de gobierno y desalentar la corrupción en todos sus niveles es imprescindible para lograr el clima de estabilidad necesario para nuestra economía. Si logramos esto, lograremos a la vez recuperar la fe de los ciudadanos que por años se han quedado esperando por las promesas de los diferentes gobiernos y que han dejado de creer en él. Es un proyecto urgente que nos compete a todos.