Brasil relanza IIRSA
Brasil toma el Consejo de Infraestructura de Unasur y relanza la IIRSA
El Estado brasilero ejecuta un ambicioso plan de expansión energética en América Latina y el Caribe (ALC) con el fin de atender la creciente demanda de su industria. Brasil pretende construir represas en al menos siete países de la región, planea aumentar la producción de etanol, militariza sus yacimientos petroleros y fuentes de energía en la Amazonía y el mar, y coordina desde el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación de Unasur el relanzamiento de la “IIRSA del siglo XXI”.
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El acuerdo de integración energética firmado por los ex presidentes Lula da Silva y Alan García en 2009 proyecta la instalación de las hidroeléctricas Inambari, Pakitzapango, Tambo 40, Tambo 60 y Mainique en los ríos de Perú. La construcción de las seis centrales con potencial para generar 6.000 MW está a cargo de Eletrobras.
Eletrobras inició negociaciones para la construcción de represas en la Guyana Francesa (1.500 MW) y está mapeando el potencial hidroeléctrico total del país. Además, evalúa la hidroeléctrica Cachuela Esperanza en Bolivia con 800 MW de capacidad. Brasil y Argentina prevén instalar dos usinas binacionales en el río Uruguay, que producirán 2 mil MW.
Brasil participa en la construcción de la central de Tumarín en Nicaragua, un megaproyecto valorado en más de 800 millones de dólares, adjudicado al consorcio Queiroz Galvão-Electrobras-Astaldi. En Costa Rica, Electrobras y Sinohydro se disputan el proyecto hidroeléctrico en el río Reventazón, en el límite entre Siquirres y Turrialba, valuado en mil millones de dólares. Por otro lado, la constructora Odebrecht ejecuta el proyecto hidroeléctrico Palomino en República Dominicana, y prevé construir una gran represa en la cuenca del río Rufiji en Tanzania, país ubicado en África oriental.
Sin embargo, el gobierno brasilero reconoce que la construcción de hidroeléctricas, muchas de ellas en territorios indígenas y reservas forestales vulnerables, no es viable a corto plazo, ya que éstas requieren una serie de estudios y licencias que se tramitan en no menos de 10 años, y además tienen un alto costo político. Las represas brasileras han comenzado a movilizar a pueblos indígenas, grupos ambientalistas y a críticos del “imperialismo” brasilero en todo el continente.
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