James Petras: El capitalismo extractivo y las diferencias en el bando latinoamericano progresista

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El capitalismo extractivo y las diferencias en el bando latinoamericano progresista

James Petras

Rebelión

Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez.
EXTRACTOS:

Los principales países exportadores en el sector agro-minero, entre los que se encuentran los más implicados con las principales multinacionales energéticas y de la minería del mundo, son también los que se caracterizan por ejercer las políticas más independientes y progresistas. En apariencia, la primacía de las economías basadas en el «capitalismo extractivo» y la exportación de bienes, ya no guardan correlación con gobiernos «neocoloniales».

Se puede argumentar que las concesiones a las multinacionales del sector extractivo y las clases «dirigentes» locales garantizan estabilidad e ingresos constantes y financian los crecientes gastos sociales que permiten la reelección de gobiernos de centro-izquierda. Dicho de otro modo: el fundamento no declarado de los éxitos electorales del centro-izquierda es una alianza de facto entre «la cúpula» y «la base» de la estructura de clases, a pesar de la creciente divergencia política entre los gobiernos y algunos sectores de los movimientos sociales. ******

El Ecuador de Correa, otro presidente progresista destacado, firmó dos contratos importantes con grupos petroleros extranjeros en febrero de 2012, a pesar de la oposición de la mayoría de las organizaciones indígenas, entre ellas CONAI. En Ecuador, igual que en Bolivia, si bien las grandes empresas del sector petrolero y del gas plantean objeciones a una renegociación de contratos que supone incrementar del pago de regalías y una mayor presencia de autoridades públicas, conservan una posición privilegiada en decisiones fundamentales relacionadas con la gestión, la comercialización, la tecnología y la inversión. A pesar de que se afirme lo contrario, los dirigentes de los gobiernos progresistas y de las multinacionales no son muy diferentes de lo que se sabía que sucedía bajo gobiernos «neoliberales» anteriores. Además, tanto en Ecuador como en Bolivia, muchos de los «tecnócratas» y administradores que trabajaron con gobiernos neoliberales anteriores desempeñan un papel destacado en la dirección de las iniciativas mixtas.

Si bien los gobiernos progresistas han puesto en marcha programas contra la pobreza y han registrado algunos éxitos en la reducción de los niveles de pobreza, lo hacen como consecuencia del crecimiento de la economía, no a través de la redistribución de la riqueza. De hecho, los gobiernos progresistas no han implantado políticas redistributivas: la concentración de rentas y de tierras, con elevados niveles de desigualdad, continúa intacta. En realidad, la jerarquía de la estructura de clases no se ha alterado y, en la mayoría de los casos, se ha visto reforzada por la inclusión de nuevos candidatos a la clase media y alta. Entre ellos se encuentran muchos antiguos dirigentes y activistas de la clase media y trabajadora que han ingresado en el gobierno, así como «nuevos capitalistas» que se benefician de los contratos estatales del gobierno progresista.

El sistema financiero se ha mantenido intacto y ha prosperado bajo los gobiernos progresistas, sobre todo porque esos gobiernos endurecen las políticas fiscales, acumulan reservas extranjeras, controlan el gasto público y reducen la tasa de inflación. Los beneficios del sector financiero son especialmente elevados en Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y Ecuador. Brasil, concretamente, ha atraído grandes flujos de capital especulativo de Wall Street y la City londinense debido a sus elevados tipos de interés en relación con los de América del Norte y Europa.

Junto con la concentración de la propiedad en los sectores extractivo y financiero, los gobiernos progresistas no han introducido impuestos progresivos para reducir las diferencias de riqueza. La renta de las élites del sector agrario en Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador es varios cientos de veces más alta que la de la inmensa mayoría de los granjeros, campesinos y jornaleros dedicados a la agricultura de subsistencia. Muchos de estos últimos siguen sometidos a unas condiciones de vida y laborales atroces. En muchos casos, los gobiernos progresistas han hecho muy poco por fortalecer la normativa laboral y sanitaria en las gigantescas plantaciones agrarias mientras los trabajadores quedan expuestos a la fumigación de productos químicos tóxicos no regulados.

Si la configuración de la propiedad y la riqueza sigue relativamente inalterada desde el pasado neoliberal, los gobiernos progresistas han acentuado la tendencia a la especialización en la exportación. Con los gobiernos progresistas, las economías se han diversificado menos y dependen más de la exportación del sector agro-mineral y energético, y su crecimiento depende de la inversión extranjera a largo plazo y gran escala. Los ingresos del Estado y el crecimiento dependen más de la exportación de productos primarios.

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En resumen, los gobiernos progresistas han mantenido un doble discurso de múltiples caras: una retórica antiimperialista, nacionalista y populista de consumo interno, al mismo tiempo que ponían en práctica una política de fomento y expansión del papel del capital extractivo extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y una creciente burguesía nacional nueva. Los gobiernos progresistas articulan una narración de socialismo y democracia participativa pero, en la práctica, desarrollan políticas que vinculan el desarrollo a la concentración y centralización del capital y el poder ejecutivo.

Los gobiernos progresistas predican una doctrina de justicia social y equidad y desarrollan una práctica de cooptación de dirigentes sociales y de clientelismo mediante los programas contra la pobreza para los sectores más depauperados de la sociedad.

Los gobiernos progresistas han combinado medidas de aumento de las rentas con cambios estructurales a gran escala que benefician al sector primario extractivo. La estabilidad del BP depende abiertamente del aumento de la demanda de materias primas, del elevado precio de los bienes y de la apertura de los mercados. Los gobiernos progresistas han logrado vincular a sectores sindicales y del movimiento campesino con el Estado y han socavado o debilitado a organizaciones de clase independientes y las han sustituido por estructuras corporativas tripartitas.

Los progresistas han conseguido «reformar» o sustituir las políticas caóticas, desreguladas, conflictivas y racistas de sus predecesores y han institucionalizado el «capitalismo normal». Han introducido reglas y procedimientos para favorecer la estabilidad institucional, la disciplina fiscal y el incremento de beneficios, pero desigual. En otras palabras: los «parámetros del neoliberalismo» se administran ahora de forma eficiente y se legitiman mediante un falso nacionalismo basado en una mayor autonomía política y diversificación mercantil. La toma de decisiones ejecutivas centralizadas basada en unos acuerdos que requieren que las multinacionales del sector extractivo inviertan y desarrollen las fuerzas productivas se legitima mediante un marco electoral y una coalición política entre muchas clases sociales.

Las políticas interior y exterior de los gobiernos progresistas extractivos reflejan dos experiencias contradictorias: sus orígenes radicales en las campañas para tomar el poder y la posterior adopción de una estrategia de exportación agro-mineral desarrollista, propugnada por tecnócratas neoliberales. La «síntesis» de estas dos experiencias aparentemente «contradictorias» encuentra expresión, por una parte, en la adopción de una posición política independiente y crítica hacia el militarismo y el intervencionismo imperialista y, por otra, en la colaboración económica con los agentes del imperialismo económico, a saber: la firma de contratos a gran escala y largo plazo con multinacionales del sector energético y agro-minero estadounidenses, europeas y canadienses. Dicho de otro modo: los gobiernos progresistas extractivos han «redefinido» o reducido el significado del imperialismo a sus estructuras y políticas estatales, y no a sus elementos económicos (las multinacionales) dedicados a la extracción de materias primas y la explotación de la mano de obra. Del mismo modo, redefinen el significado de «antiimperialismo» equiparándolo al de oposición a las intervenciones político-militares y a la «justa distribución» de los beneficios entre el gobierno y su «socio» multinacional. Esta redefinición permite a los gobiernos progresistas reclamar legitimidad popular sobre la base de la crítica regular a las políticas y prácticas del Estado imperial, mientras que la colaboración y los acuerdos con las multinacionales permiten a los gobiernos progresistas conservar los apoyos de los intereses empresariales del interior y el extranjero.******

Los movimientos sociales desempeñaron un papel importante en la politización y la movilización de las clases trabajadora y campesina para elegir a los presidentes progresistas. Esa convergencia duró poco. Una vez en el poder, los gobiernos progresistas nombraron ministros económicos ortodoxos para que dirigieran la economía. Adoptaron la estrategia extractiva, abandonaron una economía nacionalista del sector público, concebida para diversificarse, y se pasaron a una «economía mixta» basada en empresas participadas con capital extranjero del sector extractivo. Primero, las comunidades indígenas de Perú, Ecuador y algunos sectores de Bolivia pasaron a la oposición aduciendo que no se tenían en cuenta sus intereses y que no se les consultaba. Luego, sectores de la clase trabajadora y el funcionariado se arrancaron a demandar salarios más altos y un incremento en el gasto público. Los pequeños campesinos y productores reclamaron estímulos económicos para las explotaciones familiares y las industrias locales, en lugar de subsidios para las multinacionales agro-minerales, ortodoxia fiscal y estrategias de explotación basadas en la reducción de los costes laborales y el abandono del mercado interior.

Los campesinos radicales sindicados y los dirigentes indígenas de los movimientos sociales pusieron en duda la estrategia extractiva agro-mineral en su conjunto, la distribución y la administración de ingresos y gastos del Estado. Reafirmaron su apoyo a un programa social defendiendo la reforma agraria, incluida la expropiación de grandes plantaciones y la redistribución de tierras a campesinos desposeídos. Los dirigentes laborales reclamaban una política industrial que procesara «materias primas» con el fin de crear puestos de trabajo en el sector manufacturero. Algunos sindicalistas reclamaron la nacionalización de bancos e industrias estratégicas. Sin embargo, a pesar de algunas protestas importantes, la gran masa de seguidores de los movimientos sociales y la mayoría de sus líderes abandonaron muy pronto el rechazo radical del modelo extractivo y empezaron a reclamar una parte mayor de los ingresos. Los gobiernos progresistas atrajeron a la gran masa de los dirigentes sociales a mesas de conciliación tripartitas para negociar y garantizar cambios progresivos. Los gobiernos progresistas resaltaron su oposición al «neoliberalismo». Lo redefinieron para calificarlo de capitalismo no regulado y basado en regalías bajas y financiación insuficiente de programas sociales. Los gobiernos progresistas consiguieron dividir a los movimientos sociales entre opositores radicales «utópicos» y reformistas progresistas. En época de luchas sociales, los gobiernos progresistas aludían a una «alianza de izquierda y derecha» y acusaban a quienes les criticaban de actuar en nombre del imperialismo, ignorando que ellos mismos colaboraban con multinacionales con fundamento imperial. Los llamamientos presidenciales, un discurso populista nacionalista y el incremento de los ingresos con los que se financiaba el creciente gasto social debilitó a la oposición de izquierda. Los aumentos moderados pero sostenidos de los programas contra la pobreza y el salario mínimo neutralizaron los llamamientos de los dirigentes radicales de los movimientos sociales. A pesar de la ruptura de los gobiernos progresistas con sus «raíces igualitarias radicales», fueron sobradamente capaces de obtener apoyo electoral masivo basándose en el crecimiento dinámico general de la economía y el crecimiento sostenido de la renta. Ambos fueron apuntalados durante largos periodos por un precio elevado de las mercancías.

Los presidentes extractivistas populares ganaron elecciones una y otra vez por mayorías sustanciales y fueron capaces de movilizar a sectores de los movimientos sociales moderados para que contrarrestaran los movimientos sociales contrarios al extractivismo. El elevado precio de las mercancías y las múltiples oportunidades para la explotación de recursos atrajo a inversores extranjeros, a pesar del cada vez más elevado precio de las regalías. Los inversores extranjeros se sintieron atraídos por la estabilidad social que garantizaban los gobiernos progresistas, a diferencia de la inestabilidad de los gobiernos neoliberales anteriores. Los gobiernos progresistas han prosperado a base de lazos económicos con las multinacionales y de una alianza electoral con las clases bajas.

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El 12 de abril de 2001 y entre los meses de diciembre de 2002 y febrero de 2003, la clase capitalista venezolana apoyada por Estados Unidos y España organizó un golpe de estado fallido que fue contenido y un cierre patronal en el sector petrolero que fue derrotado. En el año 2011, un levantamiento encabezado por la policía de Ecuador y un golpe de estado abortado en Bolivia fueron desbaratados con éxito antes de que adquirieran empuje. En el año 2008, una protesta agraria empresarial a gran escala en Argentina paralizó el sector de exportaciones agrarias que se movilizaba contra una tasa impuesta a la exportación y acabó con concesiones del gobierno.

En buena medida, estas «luchas de clases desde arriba» operaron a favor de los gobiernos progresistas porque les permitió plantear la cuestión de forma unificada como si se tratara de una lucha entre un gobierno democrático popular y una oligarquía autoritaria y retrógrada. En consecuencia, los gobiernos progresistas consiguieron neutralizar, al menos temporaleente, las críticas internas procedentes de la izquierda. La derrota de «la derecha» pulió las credenciales del bando progresista y elevó su popularidad.

Aunque el apoyo popular era importante para el sostenimiento de los gobiernos progresistas frente a las campañas de desestabilización más derechistas respaldadas por Estados Unidos y la Unión Europea, tuvo igual o mayor importancia el respaldo del ejército, de algunos sectores de la élite empresarial y de los capitalistas del sector extractivo. Los progresistas, adoptando «políticas moderadas» (entre las que se encontraban los subsidios empresariales y una generosa subida de sueldos al ejército) consiguieron dividir a la élite, conservar el apoyo del ejército y aislar a la oposición de derechas. La derecha ha seguido siendo marginal desde el punto de vista electoral y ha supuesto un límite muy estrecho para la capacidad de injerencia e influencia de Estados Unidos y la Unión Europea sobre el programa progresista.

El grado de «progresismo» en el seno del bando capitalista extractivo progresista varía de manera muy importante.

El gobierno de Chavez ha presentado un programa antiimperialista y socialista que supone el rechazo de los golpes de estado, las guerras y el bloqueo de Estados independientes por parte de Estados Unidos: ha apoyado la re-renacionalización del petróleo, el aluminio y otras materias primas, la minería y las fuentes de energía. Su reforma agraria generalizada, que ha beneficiado a 300.000 familias, tiene por objetivo la autosuficiencia alimentaria. La salud pública y la educación superior universal y gratuita, el subsidio de los precios de alimentos básicos a través de supermercados de propiedad pública y la vivienda pública de bajo coste y a gran escala para los pobres, junto con las campañas de alfabetización y la formación de miles de consejos de barrio para arbitrar y resolver asuntos locales han profundizado y ampliado el proceso de socialización.

A menor escala, Bolivia, Ecuador y Argentina han desarrollado políticas exteriores independientes. Sus nacionalizaciones parciales y selectivas están pensadas para incrementar los ingresos, más que producirse en el marco de una estrategia de transformación a gran escala y largo plazo. No han seguido los pasos de Chavez sobre la reforma agraria y un mayor refuerzo del gasto social en salud, vivienda y educación superior. Presentan como «reforma de las tierras» la gestión de tierras lejanas, públicas y de dudosa calidad. Han sido defensores de los cambios progresivos en lo relacionado con los salarios y prestaciones sociales para hacerlos acordes con el aumento de los ingresos derivados de la exportación de bienes y en sintonía con la tasa de inflación; Bolivia y Ecuador han desalojado a ocupantes de tierras y defendido a los principales titulares de terrenos del sector agrario. Los gobiernos menos «reformistas» y con las credenciales «progresistas» más dudosas son los de Brasil, Uruguay y Perú (bajo el gobierno de Humala), que han adoptado un programa de libre mercado; fomentan activamente la gran afluencia de inversiones extranjeras no reguladas, rebajan la categoría de millones de hectáreas de bosques tropicales (en especial, Brasil), promueven el sector agrario empresarial y se oponen a la reforma agraria en todas sus modalidades y han recurrido a la dispersión de campesinos y personas sin tierra a las ciudades grandes y pequeñas, donde ejercen de reserva de mano de obra para el capital o se suman al sector informal mal remunerado. Estos gobiernos progresistas «moderados» han firmado acuerdos militares con Estados Unidos y adoptan un perfil bajo de oposición a las medidas imperiales estadounidenses en Oriente Próximo. Su «progresismo» se ve en el apoyo que prestan a la integración regional, en su oposición a la hegemonía estadounidense en el continente (oponiéndose al golpe de estado de Estados Unidos en Honduras, al bloqueo de Cuba y a las injerencias en Venezuela) y en la diversificación de los mercados exteriores. Brasil encabeza la marcha en la asistencia a los especuladores de Wall Street y en el gasto público contra la pobreza con unas cestas de alimentos básicas. La reducción de la pobreza queda igualada por el espectacular aumento del número de millonarios vinculados a los sectores financiero y de la exportación de productos agro-minerales. Los progresistas «moderados» tienen el historial más imponente (y bien documentado) de degradación medioambiental en curso. En Perú, Humala ha dado luz verde a una explotación minera que amenaza al medio de vida de millares de campesinos y empresarios locales de Cajamarca; los presidentes Lula da Silva y Dilma Rouseff, del Partido de los Trabajadores, han fomentado en una década la destrucción de millones de hectáreas de bosque tropical amazónico y el desplazamiento de montones de comunidades indígenas. En Uruguay, los presidentes Tabaré Vazquez y Mújica, del Frente Amplio, favorecieron que la fábrica de celulosa Botina, muy tóxica, contaminara el río Paraná a pesar de las protestas masivas.

En resumen, es difícil generalizar acerca de la actuación del bando progresista, dadas las divergencias de política social y económica. Pero se puede esbozar una especie de «tarjeta resumen».

Todos los gobiernos han reducido los niveles de pobreza e incrementado la dependencia con respecto a las exportaciones e inversiones del sector agro-mineral. Todas han firmado y/o renegociado contratos con multinacionales del sector extractivo; muy pocos han diversificado su economía. Los que cuentan con un tejido industrial relevante (Argentina, Brasil y Perú) han sufrido un declive importante en su sector manufacturero debido a la apreciación de las monedas y la pérdida de competitividad derivada de la subida de los precios de los bienes de exportación. Los acuerdos de aumento progresivo de salarios han desembocado en un menor nivel de conflicto social en las ciudades (con la excepción de Bolivia), pero el desplazamiento de campesinos y la degradación han intensificado conflictos en el interior entre las comunidades rurales y las multinacionales, lo que ha dado lugar a represión del Estado (Perú).

El impacto social de los gobiernos progresistas tiene un abanico de variaciones muy amplio, donde Venezuela registra los cambios estructurales de mayor alcance y el resto carece de visión o proyección a largo plazo para redistribuir la riqueza, las rentas o la tierra. Su apoyo común a la integración regional va aparejado de divergencias importantes en el acomodo a la política militar estadounidense. Venezuela, Ecuador y Bolivia, miembros del ALBA, rechazan los tratados militares, mientras que Brasil, Uruguay y Perú han firmado acuerdos militares con el Pentágono.

El rendimiento económico general es desigual. La economía de Brasil, en especial su sector manufacturero, se está estancando en un crecimiento cero o negativo en los años 2011 y 2012; Venezuela se está recuperando pero con una tasa de inflación del 20 por ciento, mientras que el resto del BP está experimentando un crecimiento sostenido pero una creciente dependencia de la exportación de bienes al mercado asiático (China).

Las alternativas a las economías extractivas vigentes varían enormemente. En Venezuela, el gobierno ha convertido la diversificación en una alta prioridad; los gobiernos brasileño y argentino están adoptando medidas proteccionistas para fomentar la industria con un éxito limitado, sobre todo porque sus políticas vienen contrarrestadas por la expansión real de la extensión de tierras dedicada a la producción de soja y bienes de exportación. Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia hablan de diversificación, pero han evitado tomar medidas para pasarse a la producción de alimentos y la agricultura familiar y todavía tienen que adoptar medidas concretas para estimular la industria local mediante una política de industrialización con financiación pública.