Impugna GRAIN promoción de transgénicos

Angélica Enciso

Pese a que con el Protocolo de Cartagena sobre diversidad biológica se establecieron lineamientos de bioseguridad, los países que ratificaron el acuerdo impulsan legislaciones que promueven el uso de transgénicos, lo cual es incompatible con los principios de soberanía alimentaria, señala la organización no gubernamental Grain.

En un análisis refiere que cuando el 29 de enero de 2000 se firmó el Protocolo de Cartagena, se consideró una victoria de quienes querían poner freno a los transgénicos y a los organismos modificados genéticamente, aunque se reconocía que el acuerdo internacional tenía limitaciones y lagunas por llenar.

"En general había acuerdo en que el trabajo futuro en materia de bioseguridad estaba bien encaminado, ya que se incorporaba el principio de precaución, reconociendo la importancia de consideraciones socioeconómicas y consultas públicas, dejando la puerta abierta para que los países aplicaran reglamentaciones más estrictas que el mínimo establecido en el protocolo", indica la organización que promueve el manejo y uso sustentable de la biodiversidad agrícola, basado en el control de la gente sobre los recursos genéticos y el conocimiento tradicional.

Sin embargo, cinco años después se han presentado obstáculos. "El protocolo no generó legislación efectiva a escala nacional; vemos que país tras país se instalan leyes y políticas que facilitan el ingreso de cultivos transgénicos, aun cuando los gobiernos proclaman su preocupación por la bioseguridad y su adhesión al protocolo. Los pueblos latinoamericanos llaman a estas legislaciones leyes Monsanto", agrega.

Sumado a ello, en las rondas de negociación del protocolo se han frustrado acuerdos. En la última realizada en Canadá, algunos países "actuaron en nombre de la industria de la ingeniería genética y todos los indicios señalan que esta táctica se está intensificando".

Agrega que los cultivos transgénicos son creaciones patentadas por una industria de alta tecnología, que no pueden integrarse a los sistemas agrícolas de base local y dirigidos por los agricultores.

Sobre México, refiere que el Senado hizo oídos sordos a la oposición generalizada de académicos, agricultores y ecologistas, y el pasado 15 de febrero aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.

La Jornada, México, 3-11-05