COMUNICADO DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS, CAPÍTULO DE PUERTO RICO, EN RESPUESTA A LAS EXPRESIONES DEL GOBERNADOR SOBRE SU CONDENA A LAS ACCIONES DEL 6 DE FEBRERO Y EN CONTRA DE LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS
SR. GOBERNADOR,
Respaldamos a organizaciones no gubernamentales Coalición Playa Para Todos (CPPT), Amig@s del Mar, GuardaMar, la Red De Apoyo de los Residenciales de Puerto Rico, Culebrences por el Libre Acceso a Playas (CLAP), La Asociación de Pescadores de la Mansión del Sapo, La Coalición Piñones-Loíza, entre otras, las cuales se unieron el 6 de febrero en la expresión de su indignación contra las agencias del gobierno, que se supone protejan nuestros recursos naturales, y en contra los delincuentes ambientales.
Las comunidades representadas en estas organizaciones han estado presentando querellas, asistido a vistas públicas y han tratado de paralizar las violaciones de permisos, consultas de ubicación y procesos administrativos y judiciales mediante interdictos y otros recursos, en su empeño infructuoso de detener a los desarrollistas y delincuentes ambientales, y en su afán de hacer cumplir la Constitución, las leyes y reglamentos ambientales, sin éxito y sin los recursos necesarios.
Las comunidades en su mayor parte no tienen el mismo acceso a los procedimientos administrativos ni judiciales como lo tienen los desarrollistas que utilizan los mismos procesos a su favor y en contubernio con funcionarios públicos que se prestan, además, para obstaculizar la información y el acceso público a los expedientes administrativos.
La impunidad con que operan estos delincuentes ambientales se institucionaliza cuando los gobiernos de turno permiten que multinacionales y desarrollistas locales construyan a su antojo sin permisos o con permisos ilegales, obstaculizando el acceso público a las playas y costas del país, ante la inmovilidad de las agencias que supuestamente protejen los recuros naturales del Pueblo de Puerto Rico.
El mayor acto de violencia no la cometen las organizaciones que representaron al Pueblo ayer, sino los delincuentes ambientales y la impunidad ante la cual se les deja operar.
La violencia no la comete el Pueblo sino los gobiernos centrales y municipios al intentar desplazar a comunidades enteras de sus costas y tierras. El Pueblo tiene derecho a ejercer legítima defensa cuando se le ataca y no tiene salida, y ha perdido toda fe en las instituciones del gobierno que no cumplen con su deber ministerial ni con las propias leyes ni reglamentos que promulgan.
Sr. Gobernador, de nada valen las leyes y el orden cuando no se hacen cumplir. La ley y el orden sin justicia es tiranía.
Respaldamos a organizaciones no gubernamentales Coalición Playa Para Todos (CPPT), Amig@s del Mar, GuardaMar, la Red De Apoyo de los Residenciales de Puerto Rico, Culebrences por el Libre Acceso a Playas (CLAP), La Asociación de Pescadores de la Mansión del Sapo, La Coalición Piñones-Loíza, entre otras, las cuales se unieron el 6 de febrero en la expresión de su indignación contra las agencias del gobierno, que se supone protejan nuestros recursos naturales, y en contra los delincuentes ambientales.
Las comunidades representadas en estas organizaciones han estado presentando querellas, asistido a vistas públicas y han tratado de paralizar las violaciones de permisos, consultas de ubicación y procesos administrativos y judiciales mediante interdictos y otros recursos, en su empeño infructuoso de detener a los desarrollistas y delincuentes ambientales, y en su afán de hacer cumplir la Constitución, las leyes y reglamentos ambientales, sin éxito y sin los recursos necesarios.
Las comunidades en su mayor parte no tienen el mismo acceso a los procedimientos administrativos ni judiciales como lo tienen los desarrollistas que utilizan los mismos procesos a su favor y en contubernio con funcionarios públicos que se prestan, además, para obstaculizar la información y el acceso público a los expedientes administrativos.
La impunidad con que operan estos delincuentes ambientales se institucionaliza cuando los gobiernos de turno permiten que multinacionales y desarrollistas locales construyan a su antojo sin permisos o con permisos ilegales, obstaculizando el acceso público a las playas y costas del país, ante la inmovilidad de las agencias que supuestamente protejen los recuros naturales del Pueblo de Puerto Rico.
El mayor acto de violencia no la cometen las organizaciones que representaron al Pueblo ayer, sino los delincuentes ambientales y la impunidad ante la cual se les deja operar.
La violencia no la comete el Pueblo sino los gobiernos centrales y municipios al intentar desplazar a comunidades enteras de sus costas y tierras. El Pueblo tiene derecho a ejercer legítima defensa cuando se le ataca y no tiene salida, y ha perdido toda fe en las instituciones del gobierno que no cumplen con su deber ministerial ni con las propias leyes ni reglamentos que promulgan.
Sr. Gobernador, de nada valen las leyes y el orden cuando no se hacen cumplir. La ley y el orden sin justicia es tiranía.
Etiquetas: Puerto Rico
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