El Banco del Sur en perspectiva ambiental

Héctor Alimonda

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El día 20 de septiembre, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en entrevista por televisión, manifestó su urgencia en implementar el Banco del Sur. Según dijo, Evo Morales y él ya tienen definida una fecha en el mes de noviembre próximo, en la cual el Banco deberá comenzar a funcionar.

Sin entrar en el mérito de la urgencia del presidente Chávez, la instalación del Banco del Sur, un banco de desarrollo regional, será una iniciativa muy positiva para los países que a él se vinculen, fortaleciendo sus lazos de cooperación solidaria y sus perspectivas de autonomía en relación a las instituciones financieras internacionales.

Sin embargo, creemos que vale la pena puntualizar algunas consideraciones en la víspera del nacimiento de este organismo financiero regional. Aún no están claramente definidas las definiciones y orientaciones estratégicas del denominado “Socialismo del Siglo XXI”, pero debe tratarse, seguramente, de un modelo de desarrollo diferente del que han soportado más mal que bien los países de la región durante las últimas décadas.

Si esto es así, bueno sería que el Banco del Sur, desde su concepción, definiera una agenda operacional orientada hacia estilos alternativos de desarrollo. De no ser así, si el nuevo organismo financiero proyectado pretende apenas ser un instrumento para el cumplimiento de una agenda desarrollista predeterminada, como los mega proyectos de obras públicas implicados por la IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana), ya consensuados en negociaciones reservadas entre los gobiernos sudamericanos y el BID, tendremos como resultado, lamentablemente, apenas más de lo mismo, obras faraónicas que tendrán tremendos impactos ambientales y sociales (en especial entre los sectores más vulnerables de nuestros pueblos) y que enriquecerán aún más a los grandes contratistas de esos proyectos. Otra perspectiva catastrófica es la de un nuevo banco orientado prioritariamente a la reconversión agrícola en la dirección de los monocultivos de agro combustibles.

En estas circunstancias, nos parece apropiado referirnos a un estudio que coordinamos en FLACSO Brasil, a partir de un convenio con el Ministerio del Medio Ambiente de ese país, que consistió en una evaluación de la política ambiental de seis grandes instituciones financieras federales, y que fue publicado en libro durante el año pasado (“As instituizoes financieras públicas e o meio ambiente no Brasil e na América Latina”, FLACSO, Brasilia, 2006, disponible en www.flacso.org.br http://www.flacso.org.br )

Contamos en ese estudio con la consultaría del economista Ruy de Villalobos, de amplia experiencia en organismos internacionales y en equipos económicos del gobierno argentino, quién realizó una evaluación de las políticas ambientales de las instituciones financieras de desarrollo de la región.

El análisis de Villalobos demostró un desempeño general muy pobre de estas instituciones en ese ámbito, que contrasta con el panorama internacional. Desde fines de la década de 1980 (específicamente 1987, para el Banco Mundial) las instituciones internacionales de crédito vienen incorporando la perspectiva ambiental en sus operaciones. La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA IF) convocó con éxito a los grandes bancos privados internacionales a establecer compromisos ambientales. Quizás algunas de las conclusiones de ese estudio puedan ser útiles para la discusión en curso sobre el Banco del Sur, según perspectivas que, como dijimos, ya han sido incorporadas desde la década pasada por las mayores instituciones financieras del mundo.

En efecto, nos parece que esta nueva institución financiera regional debería incluir, desde su propia concepción, las consideraciones de una perspectiva ambientalmente informada, de manera de orientar sus acciones en el sentido de una recomposición de la dramática situación de la región en ese aspecto. Desde nuestro punto de vista, esto supondría:

a) la incorporación de una severa consideración de los impactos ambientales y sociales de los proyectos a ser financiados, con la participación y fiscalización de la población afectada (aquí no se trata ni más ni menos que de cumplir estrictamente con lo que establecen los textos constitucionales de nuestros países, como el capítulo V de la Constitución Política de la República del Ecuador actualmente vigente);

b) consolidar rígidos mecanismos de auditoria ambiental que acompañen el desarrollo de los proyectos financiados;

c) establecer líneas específicas de crédito destinados a 1) recomposición de áreas degradadas, en la perspectiva de ir recuperando el pesado pasivo ambiental que legaremos a las generaciones futuras; 2) reconversión tecnológica en una dirección “ambientalmente amigable” de instalaciones industriales, sistemas de transporte, etc.; 3) apoyo a micro proyectos locales que aseguren la sustentabilidad territorial de comunidades rurales, a partir de sus propios saberes y tecnologías, tal como lo establece la Constitución ecuatoriana de 1998. Singularmente, nuestra investigación comprobó que ninguno de los bancos de desarrollo latinoamericanos opera en estas líneas estratégicas.

d) establecer también consorcios con universidades y centros de investigación regionales destinados al desarrollo de investigaciones sobre recuperación ambiental y sobre tecnologías de bajo impacto. Con sus resultados se podría formar un banco de datos, que sería puesto a la disposición de los clientes del Banco del Sur.

e) Definir una política activa en relación a las instituciones financieras públicas de la región, llevándolas a adoptar criterios equivalentes.

De esta forma, creemos, el Banco del Sur, con o sin “Socialismo del Siglo XXI”, podría contribuir significativamente para una paulatina modificación de los perfiles más negativos de los estilos de desarrollo que fueron seguidos en la región durante las últimas décadas. Pero, de no de hacerlo, estará desde su nacimiento dando la espalda a las más urgentes necesidades de nuestros pueblos

- Héctor Alimonda es profesor del Curso de Posgrado en Desarrollo, Agricutura y Sociedad, Universidad Federal de Rio de Janeiro (CPDA UFRJ). Coordinador del Grupo de Trabajo Ecologia Política de CLACSO