Solicitan se paralice proceso judicial de Paseo Caribe y denuncian aparente fraude

Hato Rey – Catedráticos de Derecho y representantes de la sociedad civil solicitaron al Juez Oscar Dávila Suliveres que paralice ‘mottu propio’ el proceso judicial sobre la titularidad de los terrenos donde se construye Paseo Caribe, hasta tanto se complete el deslinde de la zona marítimo terrestre por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y se adjudique el recurso apelativo sobre la negativa de admitir la intervención de residentes del Condominio San Luis.

El Juez Dávila Suliveres ha expresado que emitirá su sentencia sobre la titularidad de los terrenos donde se construye Paseo Caribe el próximo lunes, 11 de febrero. Sin embargo, la sentencia del juez resultaría prematura si no cuenta con un deslinde de la zona marítimo terrestre realizado por el DRNA, para poder determinar qué terrenos son de dominio público.

“Este Honorable Tribunal debe esperar con el rigor debido y respeto a la legislación vigente, a que se produzca el deslinde por el DRNA antes de proseguir con este ajorado tren expreso que quiere imponerle el desarrollador y sus abogados al tribunal y al pueblo puertorriqueño. Los poderes y la propiedad nacional del Pueblo no se pueden menoscabar para acomodar la villanía y el enfermizo apetito del lucro que padecen estas personas. Por encima de ellos está el Derecho y la Constitución del Pueblo, que somos Nosotros, como dispone la Constitución de 1952. El Tribunal tiene el imperioso deber de velar y proteger la estabilidad de nuestro país siendo celoso guardián de la Constitución sin urgencias materiales o de índole económica, financiera o de lucro inversionista”, resaltó el Lcdo. Antonio Fernós, Juez Portavoz del Primer Tribunal del Pueblo.

El grupo también cuestionó que el Juez Dávila Suliveres autorizara la participación de la Corporación para la Conservación del Ambiente, Agua, Suelo y Aire (CCAASA) como amigo de la corte. Sin embargo, no permitió la intervención en el caso a residentes del Condominio San Luis. “Estos vecinos y colindantes han sido reconocidos como parte interventora opositora por las agencias administrativas desde el año 1999. También han presentado remedios judiciales y están siendo afectados por la construcción de Paseo Caribe. El denegar su derecho a intervenir viola la cláusula constitucional del debido proceso de ley, ya que los vecinos se exponen a una sentencia que les puede ser adversa y afectarles directamente sin que se les haya permitido participar y aportar prueba”, indicó la Lcda. Brenda Berrios, representante legal de la Arq. Carmen Mascaró, residente del Condominio.

La Lcda. Jessica Rodríguez Martin, profesora de Derecho Ambiental indicó que “a todas luces esa corporación que nadie conoce, fue creada con el evidente propósito de influenciar el proceso judicial. No parece coincidencia el que se haya incorporado luego del inicio del pleito, días antes de comparecer al Tribunal. Resulta sospechoso que la dirección física según se desprende del Registro de Corporaciones del Departamento de Estado sea la misma que la de la abogada que firma el escrito. El Juez Dávila Suliveres debe estar atento a lo que parece una falsa representación y un posible fraude. Me parece que le deben muchas explicaciones”.

En la conferencia de prensa se presentó evidencia de la dudosa procedencia de CCAASA.

Miguel Ángel Reyes de Jesús, Portavoz del Campamento del Pueblo, cuestionó: “¿A qué se dedica esta organización de tan recién incorporación? ¿Quién la incorpora y la representa? ¿Por qué concluyen en su escrito de amigo que los terrenos ganados al mar en Paseo Caribe son privados y no del Pueblo de Puerto Rico? ¿Por qué ninguna entidad ambientalista sabe quiénes son ni de dónde salieron? Todas estas interrogantes nos las tiene que contestar la Lcda. Grace Monge La Fosse, quien debe revelar además para quien trabaja.”

Los participantes de la conferencia de prensa exhortaron a todas las personas que están a favor del rescate de los terrenos del Pueblo de Puerto Rico en Paseo Caribe a llenar la sala del Tribunal de Primera Instancia de San Juan el próximo lunes, 11 de febrero a las 9:00 am para conocer las determinaciones del Juez Dávila Suliveres sobre el futuro de estos terrenos.

4 de febrero de 2008