Ecuador: El “socialismo del siglo xxi” y la ley de soberanía alimentaria

Fernanda Vallejo.

Para superar sus crisis, el capitalismo tiene fórmulas recurrentes, que con cada repetición se tornan más eficaces. Cada vez que el libre mercado exprime al límite las capacidades de producción de seres humanos y naturaleza —cuando es imposible continuar sin rebeliones sociales o naturales y cuando se detiene provisionalmente la capacidad de acumulación y las ganancias—, los grupos hegemónicos recurren al Estado para que se encargue de arreglar el desastre.

De algún modo, hoy estamos viviendo algo así en algunos países de América Latina, bajo la imagen de una oleada de gobiernos “más democráticos”. Estados que ponen “en orden la casa” estableciendo nuevas reglas de juego, nuevos pactos sociales (nuevas Constituciones) y nuevas institucionalidades, que le devuelvan su capacidad de mediación, de una distribución un poco menos injusta de la riqueza.

Estos gobiernos progresistas, en algunos países autodefinidos como “socialistas del siglo xxi”, construyen un discurso en torno al ciudadano (individual) como sujeto de derechos, reivindican la soberanía y restituyen la autoridad estatal; recogen reivindicaciones surgidas desde las organizaciones sociales, como el derecho a participación plena, democracia participativa y soberanía alimentaria, y se apropian de conceptos como revolución, buen vivir y equidad de género. Vaciado todo lo anterior de mucho de su contenido transformador, se alcanza aún cierta adhesión de sectores populares y campesinos a un proyecto de reforma, sin comprometer cambios de fondo.

Varios movimientos campesinos a indígenas que tuvieron un rol fundamental en la lucha contra el neoliberalismo, hallan en estos Estados remozados la posibilidad de conquistar espacios y canalizar demandas largamente reprimidas.

Por su parte los Estados definen acciones tendientes a atenuar niveles extremos de exclusión, recuperan la inversión en educación y salud, y mantienen e incrementan subsidios focalizados o directos a energía, combustibles, inversión en insumos agrarios, etcétera.

Así el Ecuador, donde se acaba de aprobar una ley denominada de Soberanía Alimentaria, aunque su contenido legitima formas de explotación propias del neoliberalismo que en su momento toparon resistencia en las lucha contra el alca y el tlc. Para incorporar estas formas se ha recurrido al uso de un lenguaje lleno de términos que evocan viejas demandas de movimientos y organizaciones sociales: “sustentabilidad, equilibrio ecológico, participación, inclusión, equidad de género”, entre otros. Como por arte de magia y juegos de palabras, los contenidos se vacían y la producción de agrocombustibles se trasforma en una alternativa de futuro para el país frente a la dependencia petrolera y su devastación ecológica. El sistema que encadena la producción agropecuaria a los circuitos agroindustriales se transforma en el “mecanismo de inclusión”, los campesinos libres son sujetados al mercado y esto es mirado como “opción de vida” para el campo.

Mediante la ley se pretende ejercer un férreo control de la semilla, ilegalizando las semillas nativas o “criollas”. Se promueven las medidas sanitarias y fitosanitarias impulsadas por la Organización Mundial de Comercio (omc), el Banco Mundial (bm) y el Fondo Monetario Internacional (fmi) (que vía leyes encuentran menos resistencias), al igual que los conceptos de inocuidad, las mejores prácticas agrícolas, el manejo postcosecha, el procesamiento, en fin, todo el control tecnológico en el producto intermedio y final.

Ante la dificultad de los campesinos para cumplir las nuevas normas, los nuevos empresarios del sector agroalimentario se aprestan a darles ayuda. Les dicen que se asocien (que se encadenen), que se les dará la tecnología, y se les comprará el producto: es la imagen de cadena donde todos se benefician, pero ellos controlan todo el circuito, de la producción al consumo.

Sobre la tierra, la ley recoge la reforma agraria de mercado propuesta hace muchos años por el bm y expresa todo lo que combatimos en el tratado de libre comercio con Estados Unidos que logramos parar. Incorpora como razón de expropiación el que un predio no cumpla su función ambiental. Permite crear de nuevo un mercado de tierras que excluye a los campesinos de su acceso salvo si se endeudan (fragilizando su tenencia) y equipara latifundios improductivos con tierras comunales y territorios indígenas.

Aunque los elementos desarrollados han sido ya adoptados en la legislación de otros países, lo particular del Ecuador es que conjuga todos los elementos promovidos por la omc y el bm: una fusión acabada del esquema completo y con lenguaje progresista. Con esto el Estado cumple las condiciones que requiere para cualquier tratado de libre comercio o convenio comercial.

Esta ley marco, en que se trazan las líneas generales, deja varios temas fundamentales para ser discutidos más adelante al elaborar leyes específicas, lejos de las miradas públicas, que de seguro contendrán elementos presentados en otros borradores.

La Ley de Soberanía Alimentaria y la Ley de Minería son las mejores evidencias del verdadero carácter de proyecto autodenominado “socialismo del siglo xxi”; eso, y las declaraciones públicas del presidente Correa señalando a los indígenas, ecologistas e izquierdistas “infantiles” como los peores enemigos de dicho proyecto político. Pero (más allá del entramado jurídico, con o sin éste) es en estos sectores donde se multiplican y comparten las semillas, las tecnologías, los saberes, los alimentos. Es evidente que el movimiento indígena experimenta un desgaste tras décadas de lucha.

También es cierto que las crisis provocadas por el capital suponen también procesos de construcción al interior de los sectores populares. Por sofisticadas que se tornen las formas de explotación, la soberanía más básica, la del alimento, provoca nuevas respuestas en lo cotidiano. Tejidos comunitarios rurales y urbanos, experimentan activas dinámicas de encuentro y alianza, cada vez son más y más visibles los circuitos de economía solidaria que se tejen entre el campo y la ciudad. Es más que una utopía deseada: es la única vía posible de existencia. Día tras día, los campesinos encuentran en sus propios saberes, la vía para recuperar autonomías, territorios, medios propios de producción.

Las tecnologías del capital no son un dogal inevitable. Producir alimentos sanos y soberanos es una tarea que no se detiene. Se configuran nuevos colectivos urbanos, cada vez son más frecuentes las ferias donde se comparten productos, pero también relaciones, confianza, dignidad y autonomía.

http://www.grain.org/biodiversidad/?id=449