Sin la diversidad agrícola que ofrecen los pueblos, no podremos enfrentar el cambio climático: Pat Mooney

Radio Mundo Real y Biodiversidad, sustento y culturas

En la víspera de la Conferencia sobre Biotecnologías Agrícolas en los Países en Desarrollo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que inicia el primero de marzo en Guadalajara, Jalisco, en México, la Red en Defensa del Maíz, La Vía Campesina América del Norte y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales realizaron una conferencia pública y una conferencia de prensa para fijar su posición ante la reunión de la FAO y sus previsibles resultados a favor de las empresas de biotecnología.

Pat Mooney, miembro del Grupo ETC, con sede en Canadá, se manifestó decepcionado porque durante 40 años ha asistido a reuniones de la FAO y esta reunión —donde se hablará de la biotecnología como supuesta solución al problema del hambre en el mundo—, pasa por alto el hecho de que se lleva a cabo en el centro de origen del maíz. No considera, en lo absoluto el problema de contaminación transgénica del maíz en México que ya habían denunciado ante FAO más de mil organizaciones a nivel mundial, a lo cual ésta respondió que ése era “un problema nacional” y que, por tanto, no tenía por qué intervenir ante el gobierno mexicano. Ahora, lo paradójico es que la FAO realiza una reunión técnica internacional en México y no se invita a las organizaciones nacionales que han impugnado la liberación del maíz transgénico por parte del gobierno mexicano y la contaminación impugnada ni siquiera se menciona.

Aclaró que su renuncia al comité asesor de la Conferencia (steering committee) se debe, en parte, al hecho de que la FAO viene a México a favorecer a la biotecnología como presunta solución al problema del hambre a partir de que Estados Unidos presiona dentro de la FAO para contrarrestar la oposición global a los cultivos transgénicos y construirle legitimidad a las empresas biotecnológicas. En este contexto, la Conferencia se vuelve muy conveniente para estas empresas y para el gobierno mexicano que ha estado impulsando la liberación de facto del maíz transgénico en territorio nacional. Otra razón es que los primeros borradores preparatorios de la Conferencia eran muy fallidos y, pese a que Mooney envió 14 comentarios de fondo, éstos nunca fueron tomados en cuenta y, por si fuera poco, en las reuniones preparatorias con organizaciones mexicanas, la FAO les advirtió que no podrían participar en la Conferencia de Guadalajara pero que no tenían por qué preocuparse, dado que Pat Mooney estaría presente y hablaría en su nombre, “lo cual es completamente falso”.

Verónica Villa, del Grupo ETC y parte de la Red en Defensa del Maíz, habló de lo que la Conferencia organizada por la FAO y el gobierno mexicano significa para las comunidades indígenas y campesinas de México, centro de origen del maíz. Ésta sirve como justificación para que el gobierno mexicano autorice la siembra experimental (y a la larga la siembra generalizada) de maíces transgénicos propiedad de un pequeño grupo de empresas transnacionales (como Monsanto, Syngenta, Dow y DuPont) que contaminarán irremediablemente las decenas de razas y miles de variedades de maíces nativos que existen en territorio mexicano. Los transgénicos, independientemente de la definición oficial que quiera dárseles, representan para la agricultura nacional la imposición de semillas desfiguradas y extrañas a las necesidades soberanas de las comunidades locales. Con estas semillas transgénicas, las empresas pretenden despojar a las comunidades de aquello que constituye la verdadera riqueza de México: su capacidad de darse de comer a sí mismo a partir de lo que producen, desde hace miles de años, los pueblos indígenas y campesinos del país. Recordó que a inicios de 2007, cuando en México estalló la crisis de la tortilla, muchas comunidades campesinas lograron resistir los aumentos de precios debido a que ellas todavía conservan su agricultura tradicional, mientras que en las ciudades, la población se vio mucho más afectada —porque depende de tener dinero para comprar los alimentos que consume. El gobierno mexicano difunde la especie de que el maíz que se produce en México es insuficiente, que los campesinos son poco productivos y que son indispensables tecnologías como los transgénicos para producirlos en suficiencia, pero esa noción es falsa. Si se mira la cuestión desde la perspectiva de las empresas, ninguna cantidad de maíz producida por los agricultores nacionales será suficiente, porque las empresas y el gobierno están pensando en el maíz, no para alimentar a los mexicanos, sino para producir gasolinas, plásticos y otros insumos industriales.

Recalcó que, en México, desde hace años, no es posible recurrir a las leyes para detener la invasión transgénica porque las leyes relativas a muchos aspectos de la vida nacional son contrarias a la mayoría de la población y más bien favorecen a diversos intereses corporativos. Así ha ocurrido con la Reforma al artículo 27 constitucional que permite la venta de las tierras ejidales y comunales, con la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Forestal, La Ley de Bioseguridad y la Ley de Semillas, entre otras. “Ante la cerrazón legislativa del Estado mexicano, la Red en Defensa del Maíz, la Asamblea de Afectados Ambientales y la Vía Campesina vemos necesario impulsar una audiencia pública para recabar evidencias que nos permitan llevar el caso ante tribunales internacionales”.

Octavio Rosas Landa, de Casifop y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) recordó que en la más reciente sesión de la Asamblea, realizada en Chichicuautla, Puebla, en noviembre de 2009, más de 1 300 delegados de 130 organizaciones de 15 estados del país se pronunciaron unánimemente contra la autorización a la liberación de la siembra de maíz transgénico en México y a favor de la agricultura campesina. Afirmó que la siembra de OGM representa una agresión a la sociedad y al ambiente, que viene a acumularse a tantas otras que emprende el gobierno mexicano con total impunidad, como son los despojos de aguas, la contaminación de los suelos, la deforestación, la privatización de los recursos naturales y su entrega a grandes empresas transnacionales de origen estadounidense, canadiense, español, japonés, australiano y mexicano. Desde la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno mexicano ofreció como “ventaja competitiva” del país para atraer inversiones extranjeras, la más completa impunidad ambiental a las empresas, es decir, que en caso de afectaciones sociales o ambientales por las actividades de las transnacionales en México, el gobierno no haría absolutamente nada para detenerlas sino que, más bien, se encargaría de facilitarles su operación, libres de toda oposición social. Advirtió que “la autorización de la siembra de maíz transgénico en México es, además de un crimen de lesa humanidad, un crimen de leso medioambiente, por lo que hoy es indispensable la convergencia de todas las organizaciones de la sociedad para defender a los campesinos e indígenas que producen nuestros alimentos, porque “ellos son la única y real alternativa frente a la crisis múltiple que vivimos”.

Eutimio Díaz, de la comunidad de San Sebastián del pueblo wixárika afirmó que los pueblos indígenas de México resisten la agresión al maíz y por eso “nos estamos organizando dentro de la Red en Defensa del Maíz y otras redes pues el gobierno va en contra nuestra. El gobierno hace leyes que pueden acabar con nuestros cultivos. En la Red en Defensa del Maíz creemos que entre todos podemos empezar a prestarle más atención a nuestro maíz: defendiendo nuestro maíz podemos defender todo lo que existe. Necesitamos curarlo de la enfermedad que representan los transgénicos, porque si dejamos que el gobierno acabe con nuestras semillas, se acabará con la cultura y la historia, terminarían las lluvias, el bosque y la humanidad, pero nosotros no vamos a permitirlo”.

Evangelina Robles, del Colectivo Coa y parte de la Red en Defensa del Maíz expuso que, hace dos años, en México, el gobierno federal dio por terminada la moratoria que impedía la siembra de maíz transgénico en territorio nacional y a la fecha existen 24 solicitudes de autorización de siembra de maíz transgénico en el norte del país que el gobierno mexicano otorgará porque considera que el norte no es “centro de origen”. Sin embargo, “para nosotros, todo México es centro de origen y por ello rechazamos cualquier siembra de transgénicos, sea experimental o de cualquier otro tipo. Esto representa una grave amenaza a la alimentación, a la autonomía de los pueblos y a la soberanía alimentaria de las comunidades y del país en su conjunto, y exige de nosotros un esfuerzo para documentar todas estas agresiones a partir de evidencias científicas, jurídicas, técnicas, sociales y directas, con el fin de construir un caso jurídico que permita su presentación ante tribunales internacionales”.

Ante la pregunta respecto a cuáles tribunales se presentaría el caso, la abogada respondió que se reservaban el derecho a no decir ante qué instancia lo harían, porque “en ninguna estrategia jurídica se le avisa de antemano al contrario cuál es el siguiente paso”.

Por último, Alberto Gómez, miembro de La Vía Campesina América del Norte, reivindicó el derecho de los campesinos a “seguir viviendo de lo que hacemos, es decir, sembrar alimentos. Somos más de dos millones de familias campesinas que seguimos usando, guardando e intercambiando más de 61 razas y miles de variedades de maíz en más de 6 millones de hectáreas. A nivel mundial, estamos hablando de más de 1 500 millones de campesinos que seguimos reivindicando nuestras semillas cultivadas en más de 1 400 millones de hectáreas. En cambio, las políticas de los gobiernos como el mexicano y de organizaciones como la FAO buscan desestimular la producción propia para que ésta quede en manos de unas cuantas empresas transnacionales y que éstas terminen definiendo quién come, cómo nos alimentamos y qué producir. Por lo tanto, nos sumamos al rechazo a la siembra experimental de transgénicos y nuestra exigencia es la prohibición de cualquier experimento y cultivo de este tipo de maíz, la derogación —porque no basta con una simple reforma— de la Ley de Bioseguridad y también de la Ley de Semillas. Y, al mismo tiempo, exigimos revalorar la producción campesina de alimentos, aunque para ello se requiere otro contexto económico y otras políticas que fomenten nuestra capacidad de producir alimentos. Sepan que nosotros, los pequeños productores del campo, tenemos toda la capacidad de producir los alimentos en la cantidad y calidad que se requieran”.