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La Unión Europea y su cruzada neoliberal en América Latina

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Los Tratados de Libre Comercio (TLC) que la Unión Europea (UE) firmó en mayo con América Central, Colombia y Perú son una grave amenaza para la soberanía alimentaria de los pueblos, los bosques y la pesca artesanal, al tiempo que agravarán la crisis climática, concluyeron varias organizaciones sociales latinoamericanas reunidas en Montevideo, capital uruguaya. Alertaron además que los países del MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) corren los mismos riesgos tras la decisión de reiniciar sus negociaciones con la UE por un acuerdo similar.

El Grupo Semillas de Colombia, la Red Manglar de Ecuador, el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas de Perú, CEPEDES de Brasil, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay emitieron la semana pasada (tras reunirse en Montevideo) un comunicado en el que rechazaron los TLC firmados por la UE con los países de la región. Esos acuerdos comerciales, que aún deben ser ratificados por los parlamentos nacionales, se insertan en la estrategia denominada “Europa Global”, implementada por la UE desde 2006 para fortalecer a sus grandes corporaciones transnacionales alrededor del mundo.

Según las organizaciones latinoamericanas, los análisis sectoriales de los posibles impactos de los TLC sobre bosques, soberanía alimentaria, pesca y cambio climático indican que la UE concretó con Colombia, Perú y Centroamérica acuerdos tan o más peligrosos que los firmados por Estados Unidos con esos estados. El objetivo es el mismo: profundizar la liberalización comercial sobre sectores estratégicos de las economías latinoamericanas en beneficio de las empresas europeas.

Algunos de los instrumentos de estos TLC son la liberalización de las inversiones, del sector servicios, la apertura del sector agrícola, la eliminación de las trabas a las exportaciones (tanto arancelarias como no arancelarias), el fortalecimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual (patentes) y la apertura de las compras estatales latinoamericanas a proveedores europeos.

“Estas medidas aumentarán la presencia de las grandes empresas en el sector agrícola. La agricultura industrializada, con gran maquinaria, uso de agrotóxicos, se verá fortalecida, sumando las patentes sobre las semillas, en detrimento de la agricultura familiar y campesina. Las políticas alimentarias controladas por el mercado internacional seguirán beneficiando empresas y perjudicando la soberanía alimentaria de los pueblos, sus posibilidades de determinar sus prácticas alimentarias locales y nacionales”, aseguraron las agrupaciones sociales.

Señalaron, asimismo, que los TLC promovidos por la UE incrementarán el impulso en el Sur global a la actividad extractiva maderera, los agrocombustibles, la ganadería extensiva, los monocultivos de árboles, el agronegocio en general, que ha arrasado con los bosques y desplazado a comunidades locales, especialmente indígenas.

Las organizaciones sociales agregaron que la pequeña pesca artesanal, fundamental para la soberanía alimentaria, también corre riesgos. Las grandes empresas europeas ya ocupan posiciones dominantes en el sector pesquero y acuícola latinoamericano, controlan el negocio de especies como el camarón, el atún y la tilapia. Su pesca de arrastre absolutamente insustentable ya es grave hoy y las medidas comerciales que defiendan a las grandes corporaciones de la pesca perjudican las posibilidades de los pequeños pescadores, que cada vez logran menos capturas.

Finalmente, las agrupaciones latinoamericanas señalaron que las condiciones impuestas por la UE en las negociaciones reforzarán la ya creciente implementación de las falsas soluciones al cambio climático en los estados latinoamericanos: desarrollo de transgénicos, agrocombustibles, la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques en los países en desarrollo (REDD) y mecanismos de desarrollo limpio, como las plantaciones de árboles para captura y almacenamiento de carbono, y las represas. Estas medidas distraen la debida atención a lo verdaderamente necesario para hacer frente a la crisis del clima: que los países industrializados reduzcan radicalmente sus emisiones contaminantes, agregaron las entidades sociales.

Estos TLC chocan también con la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, porque no se realizaron las consultas previas a esas comunidades.