Ecuador: primeros pasos para dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní
MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES/WORLD RAINFOREST MOVEMENT
El pasado 3 de agosto el gobierno ecuatoriano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron el Fideicomiso Yasuní ITT (por las siglas de los yacimientos de petróleo Ishipingo-Tambococha-Tiputini). La firma de este instrumento financiero constituye el primer paso concreto para ejecutar el proyecto lanzado hace 3 años y que plantea dejar bajo tierra, en el parque Yasuní - uno de los lugares de mayor diversidad biológica del mundo y hogar del pueblo indígena Waorani y de pueblos en aislamiento voluntario - 846 millones de barriles de petróleo.
De esa manera Ecuador, que basa gran parte de sus ingresos en la exportación de petróleo, evitaría la correspondiente emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono a cambio de una compensación monetaria internacional equivalente como mínimo al 50 por ciento de las utilidades que recibiría en caso de explotar esas reservas (se calcula unos 3.500 millones de dólares).
El PNUD, en su calidad de fideicomisario, será el encargado de recibir y administrar los fondos de los países que contribuyan a la Iniciativa. A su vez, entregará esos fondos al gobierno ecuatoriano garantizando que se destinarán a los fines estipulados y que el petróleo quedará bajo tierra. Para Ecuador, esta medida es acorde a los principios de la nueva Constitución, que recoge el concepto de Sumak Kawsai o “buen vivir” como régimen económico, el cual, según el economista y profesor universitario ecuatoriano Pablo Dávalos, “es la posibilidad de vincular al hombre con la naturaleza desde una visión de respeto, porque es la oportunidad de devolverle la ética a la convivencia humana, porque es necesario un nuevo contrato social en el que puedan convivir la unidad en la diversidad, porque es la oportunidad de oponerse la violencia del sistema”. (1)
La firma del fideicomiso ha sido un hecho importante porque implica la puesta en marcha del dilatado proyecto Yasuní, una iniciativa estratégica a varias puntas: constituye una opción nacional para conseguir fondos sin destrozar más la Amazonía, es una forma de frenar genuinamente el cambio climático, y podría abrir la puerta a la construcción de una economía post-petrolera, post-extractivista.
Si bien la firma del Fideicomiso ha dado visibilidad a la Iniciativa y ha consolidado posiciones favorables a la misma, Alberto Acosta, ex–presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, analiza que en materia de la contribución internacional, si bien hay algunas señales de algunos gobiernos europeos, lo que falta es un posicionamiento más contundente de la sociedad civil: “Los gobiernos de los países industrializados manejan el proyecto apenas en el marco de la ayuda al desarrollo. No aceptan el tema de su corresponsabilidad, al ser sus países los mayores depredadores en el mundo”, declaró en una entrevista (1).
Por otra parte, en lo que toca a Ecuador, Acosta denunció contradicciones: “esta Iniciativa no puede servir de pretexto para que gobierno del presidente Correa hinche el pecho y diga que ya hacemos mucho por la Naturaleza y la vida de los pueblos no contactados, mientras, simultáneamente, amplíe la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonía y aliente la minería metálica a gran escala a cielo abierto”. Advirtió que no alcanza con el fideicomiso; el gobierno “tampoco debería tolerar actividades petroleras en los márgenes del ITT, lo que incluye el respeto irrestricto a los pueblos en aislamiento voluntario en cualquier lugar de la Amazonía”. Acosta recordó que “las actividades petroleras y también las mineras provocan elevados costos ambientales. Costos que, por lo demás, no entran nunca en los cálculos de rentabilidad que hacen las empresas e incluso los gobiernos. Costos que luego, de una u otra manera, se los traslada de manera brutal a la sociedad”. Señaló que el gobierno debería frenar “las otras amenazas que se ciernen sobre el Yasuní, como son la deforestación y extracción ilegal de madera, la colonización sin control, el turismo ilegal y el eje multimodal Manta-Manaos en el marco del IIRSA, heredado de la época neoliberal. También habrá que controlar las actividades que se despliegan en los bloques petroleros adyacentes y las mismas carreteras abiertas para los proyectos petroleros cercanos”.
Otras reflexiones de Esperanza Martínez, de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, apuntan a “acciones locales, nacionales e internacionales que aún están pendientes:
1. A nivel local corresponde apoyar a las comunidades para la defensa de los territorios, los bosques y el agua, sin esas comunidades y sus luchas, la iniciativa del Yasuní nunca habría surgido. Es intolerable que éstas sean reprimidas o descalificadas, eso equivale a dejar huérfana a la iniciativa.
2. La iniciativa Yasuní puede y debe allanar el camino a un Ecuador post petrolero. De hecho ha permitido contraponer la idea clásica de priorizar la explotación, a la de conservar el patrimonio. Es necesario superar las medidas y políticas de más exploraciones, más explotación y más consumo, que nos atan al modelo petrolero, peor aún cuando éstas afectarían al centro y sur de la Amazonía. Incluso es necesario cerrar la herida que representa el bloque 31, con cantidades mínimas de petróleo, el Bloque 16 que sobrevive con vida artificial, pues su contrato debería terminar en dos años y el campo Armadillo que afecta a pueblos en aislamiento voluntario.
3. Aún cuando la propuesta Yasuní permitió hacer visibles las vergonzosas negociaciones del mercado de carbono promovidas por el Protocolo de Kyoto, inspiró a otros pueblos y países para replicar la iniciativa de dejar el crudo bajo tierra y abonó a la discusión sobre la existencia de una deuda ecológica que el Norte debe al Sur, es necesario unificar las posiciones oficiales, que en algunos casos son contradictorias. Es necesario en ese sentido distanciar los fondos Yasuní de los mercados de carbono y de los proyectos REDD, que devienen en complicidad con los contaminadores y en pérdida de soberanía local y nacional, o de las inversiones en megaproyectos que sostienen el modelo extractivista”.
Pero ahora es el momento de felicitar por los avances. Y como expresa Esperanza Martínez, “es el momento de reconocer y felicitar a quienes han trabajado por la iniciativa: a los indígenas Waorani que llevan más de 20 años denunciando los impactos de las operaciones petroleras en sus territorios; a los pueblos y comunidades que con su resistencia inspiraron la propuesta Yasuní; a sus dirigentes de la CONAIE que han mantenido y promovido la protección del Yasuní; a aquellos trabajadores petroleros que han provisto valiosa información técnica y desde sus espacios han respaldado la iniciativa; a los demandantes del juicio contra la Texaco que nos han permitido contar con información sobre los impactos de la actividad petrolera; a los jóvenes de la campaña Amazonía Por la Vida que han promovido la defensa del Yasuní en escuelas, colegios y barrios en todo el país; a los artistas, periodistas, académicos que han mantenido viva la iniciativa. Y por supuesto a los funcionarios y ex-funcionarios del Estado que han impulsado acciones para consolidar la llamada primera opción para el Yasuní”.
MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES/WORLD RAINFOREST MOVEMENT
El pasado 3 de agosto el gobierno ecuatoriano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron el Fideicomiso Yasuní ITT (por las siglas de los yacimientos de petróleo Ishipingo-Tambococha-Tiputini). La firma de este instrumento financiero constituye el primer paso concreto para ejecutar el proyecto lanzado hace 3 años y que plantea dejar bajo tierra, en el parque Yasuní - uno de los lugares de mayor diversidad biológica del mundo y hogar del pueblo indígena Waorani y de pueblos en aislamiento voluntario - 846 millones de barriles de petróleo.
De esa manera Ecuador, que basa gran parte de sus ingresos en la exportación de petróleo, evitaría la correspondiente emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono a cambio de una compensación monetaria internacional equivalente como mínimo al 50 por ciento de las utilidades que recibiría en caso de explotar esas reservas (se calcula unos 3.500 millones de dólares).
El PNUD, en su calidad de fideicomisario, será el encargado de recibir y administrar los fondos de los países que contribuyan a la Iniciativa. A su vez, entregará esos fondos al gobierno ecuatoriano garantizando que se destinarán a los fines estipulados y que el petróleo quedará bajo tierra. Para Ecuador, esta medida es acorde a los principios de la nueva Constitución, que recoge el concepto de Sumak Kawsai o “buen vivir” como régimen económico, el cual, según el economista y profesor universitario ecuatoriano Pablo Dávalos, “es la posibilidad de vincular al hombre con la naturaleza desde una visión de respeto, porque es la oportunidad de devolverle la ética a la convivencia humana, porque es necesario un nuevo contrato social en el que puedan convivir la unidad en la diversidad, porque es la oportunidad de oponerse la violencia del sistema”. (1)
La firma del fideicomiso ha sido un hecho importante porque implica la puesta en marcha del dilatado proyecto Yasuní, una iniciativa estratégica a varias puntas: constituye una opción nacional para conseguir fondos sin destrozar más la Amazonía, es una forma de frenar genuinamente el cambio climático, y podría abrir la puerta a la construcción de una economía post-petrolera, post-extractivista.
Si bien la firma del Fideicomiso ha dado visibilidad a la Iniciativa y ha consolidado posiciones favorables a la misma, Alberto Acosta, ex–presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, analiza que en materia de la contribución internacional, si bien hay algunas señales de algunos gobiernos europeos, lo que falta es un posicionamiento más contundente de la sociedad civil: “Los gobiernos de los países industrializados manejan el proyecto apenas en el marco de la ayuda al desarrollo. No aceptan el tema de su corresponsabilidad, al ser sus países los mayores depredadores en el mundo”, declaró en una entrevista (1).
Por otra parte, en lo que toca a Ecuador, Acosta denunció contradicciones: “esta Iniciativa no puede servir de pretexto para que gobierno del presidente Correa hinche el pecho y diga que ya hacemos mucho por la Naturaleza y la vida de los pueblos no contactados, mientras, simultáneamente, amplíe la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonía y aliente la minería metálica a gran escala a cielo abierto”. Advirtió que no alcanza con el fideicomiso; el gobierno “tampoco debería tolerar actividades petroleras en los márgenes del ITT, lo que incluye el respeto irrestricto a los pueblos en aislamiento voluntario en cualquier lugar de la Amazonía”. Acosta recordó que “las actividades petroleras y también las mineras provocan elevados costos ambientales. Costos que, por lo demás, no entran nunca en los cálculos de rentabilidad que hacen las empresas e incluso los gobiernos. Costos que luego, de una u otra manera, se los traslada de manera brutal a la sociedad”. Señaló que el gobierno debería frenar “las otras amenazas que se ciernen sobre el Yasuní, como son la deforestación y extracción ilegal de madera, la colonización sin control, el turismo ilegal y el eje multimodal Manta-Manaos en el marco del IIRSA, heredado de la época neoliberal. También habrá que controlar las actividades que se despliegan en los bloques petroleros adyacentes y las mismas carreteras abiertas para los proyectos petroleros cercanos”.
Otras reflexiones de Esperanza Martínez, de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, apuntan a “acciones locales, nacionales e internacionales que aún están pendientes:
1. A nivel local corresponde apoyar a las comunidades para la defensa de los territorios, los bosques y el agua, sin esas comunidades y sus luchas, la iniciativa del Yasuní nunca habría surgido. Es intolerable que éstas sean reprimidas o descalificadas, eso equivale a dejar huérfana a la iniciativa.
2. La iniciativa Yasuní puede y debe allanar el camino a un Ecuador post petrolero. De hecho ha permitido contraponer la idea clásica de priorizar la explotación, a la de conservar el patrimonio. Es necesario superar las medidas y políticas de más exploraciones, más explotación y más consumo, que nos atan al modelo petrolero, peor aún cuando éstas afectarían al centro y sur de la Amazonía. Incluso es necesario cerrar la herida que representa el bloque 31, con cantidades mínimas de petróleo, el Bloque 16 que sobrevive con vida artificial, pues su contrato debería terminar en dos años y el campo Armadillo que afecta a pueblos en aislamiento voluntario.
3. Aún cuando la propuesta Yasuní permitió hacer visibles las vergonzosas negociaciones del mercado de carbono promovidas por el Protocolo de Kyoto, inspiró a otros pueblos y países para replicar la iniciativa de dejar el crudo bajo tierra y abonó a la discusión sobre la existencia de una deuda ecológica que el Norte debe al Sur, es necesario unificar las posiciones oficiales, que en algunos casos son contradictorias. Es necesario en ese sentido distanciar los fondos Yasuní de los mercados de carbono y de los proyectos REDD, que devienen en complicidad con los contaminadores y en pérdida de soberanía local y nacional, o de las inversiones en megaproyectos que sostienen el modelo extractivista”.
Pero ahora es el momento de felicitar por los avances. Y como expresa Esperanza Martínez, “es el momento de reconocer y felicitar a quienes han trabajado por la iniciativa: a los indígenas Waorani que llevan más de 20 años denunciando los impactos de las operaciones petroleras en sus territorios; a los pueblos y comunidades que con su resistencia inspiraron la propuesta Yasuní; a sus dirigentes de la CONAIE que han mantenido y promovido la protección del Yasuní; a aquellos trabajadores petroleros que han provisto valiosa información técnica y desde sus espacios han respaldado la iniciativa; a los demandantes del juicio contra la Texaco que nos han permitido contar con información sobre los impactos de la actividad petrolera; a los jóvenes de la campaña Amazonía Por la Vida que han promovido la defensa del Yasuní en escuelas, colegios y barrios en todo el país; a los artistas, periodistas, académicos que han mantenido viva la iniciativa. Y por supuesto a los funcionarios y ex-funcionarios del Estado que han impulsado acciones para consolidar la llamada primera opción para el Yasuní”.
(1) “El ‘Sumak Kawsay’ (‘Buen vivir’) y las cesuras del desarrollo”, Pablo Dávalos, ALAI, http://alainet.org/active/23920
(2) “Pensando alternativas. Entre la crisis europea y el Yasuní”, Franck Gaudichaud, entrevista a Alberto Acosta, ex–presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador
http://www.cadtm.org/Pensando-alternativas-Entre-la
(2) “¿Qué celebramos con la firma del fideicomiso de la iniciativa Yasuní?”, Esperanza Martínez, Acción Ecológica, http://www.amazoniaporlavida.org/es/
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