Latinoamérica ante la crisis ecológica global. Un problema de fondo

Por Ignacio Sabbatella

Becario Conicet, Instituto Gino Germani (UBA)

Para comprender los problemas ecológicos, es necesario rediscutir los fundamentos del sistema capitalista. Pese a que tenemos gobiernos progresistas, faltan cambios de fondo. Los desafíos de la desigualdad ambiental.

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América latina tiene por delante un desafío enorme en materia ambiental. A pesar de los cambios políticos profundos suscitados en la región en la última década, los gobiernos progresistas no han podido desembarazarse del rol asignado en la división internacional del trabajo y en algunos casos lo han profundizado.

Países como Venezuela y Bolivia han tenido un destacable rol a nivel internacional como sucedió en Copenhague en diciembre pasado, responsabilizando al mismo sistema capitalista en relación con el cambio climático. Asimismo, cabe enfatizar la importancia de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático impulsada por el presidente boliviano Evo Morales y que tuvo lugar en Cochabamba en abril último.

Sin embargo, son numerosas las tareas pendientes en el marco interno. Si en la etapa neoliberal predominó una política extractivista con respecto a la naturaleza, la última década es caracterizada por el investigador uruguayo Eduardo Gudynas bajo el rótulo de neoextractivismo.

El término extractivismo se refiere al predominio de actividades económicas basadas en la remoción de grandes volúmenes de bienes naturales, que no son industrializados o se lo hace limitadamente, con el objetivo prioritario de destinarlos a los mercados internacionales. En la historia de América latina no resulta una novedad ya que podríamos remontarnos a los inicios de la colonia misma. Pero sí es interesante observar cómo las políticas neoliberales de la década de los noventa profundizaron el perfil primario exportador de las economías latinoamericanas a partir de una legislación favorable a capitales transnacionales.

A pesar de una retórica crítica del neoliberalismo, en las políticas de los gobiernos progresistas persiste buena parte de los componentes de aquel extractivismo combinados con nuevas características. El neoextractivismo promueve un estilo de desarrollo basado en la explotación intensiva y extensiva de la naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de la inserción internacional como proveedores de bienes naturales. Los altos precios internacionales redoblan las exportaciones petrolera, minera y de monocultivos. El componente más novedoso es que el Estado adquiere un rol más activo en esos sectores, buscando fundamentalmente la captación de una mayor renta que le permita una redistribución de ingresos a través de políticas sociales. En muchos casos, los gobiernos logran una legitimación importante hacia el conjunto de la población pero se avizora como una política con límites muy definidos. Además de los impactos negativos sobre la naturaleza, se agrandan las desigualdades ambientales en las regiones donde abundan riquezas. No casualmente sino causalmente, se multiplican los conflictos ambientales donde es común encontrar poblaciones locales, campesinas e indígenas enfrentadas a transnacionales petroleras y mineras o resistiendo el desplazamiento que imponen los monocultivos.

Difícilmente los gobiernos latinoamericanos cambien el rumbo en el corto plazo y todo hace suponer que las tensiones sociales seguirán presentes en los próximos años. Si bien Gudynas nota las diferencias entre países de acuerdo con el tipo de intervención del Estado y el desenvolvimiento de las economías extractivas, creemos necesario enfatizar aún más estas diferencias.

En algunos casos se mantiene el control privado de aquellos sectores, como claramente podemos notarlo en la Argentina. La explotación de hidrocarburos sigue en manos del capital a pesar de la brusca caída de reservas y la crisis energética que acecha la economía desde hace unos años. Los megaemprendimientos de minería a cielo abierto se multiplican por decenas pese a las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las poblaciones aledañas. La soja transgénica sigue ampliando su frontera, a costa de poner en riesgo la soberanía alimentaria nacional y a costa de la contaminación con agroquímicos.

Por otro lado, hay países que avanzan en el control estatal de las economías extractivas, como es el caso de Venezuela. A través de una profunda reforma en la legislación y la renegociación de contratos, el Estado logró alzarse con el control mayoritario de los pozos petroleros. Ciertamente los impactos ambientales de la explotación de hidrocarburos no desaparecen simplemente por un cambio en la forma que se asume el control. Pero sí nos interesa destacar el control estatal como un paso necesario para, posteriormente, avanzar hacia el control social de la actividad y sus impactos.

La transformación política y social es condición ineludible hacia la planificación democrática de la explotación de los bienes naturales y del cuidado del medio ambiente. Ello requiere también una transformación cultural que estimule una democracia cada vez más participativa. Finalmente, aun con buenas intenciones, la transición a una sociedad ecológica es una utopía si no se cuestionan y trastocan los fundamentos de la producción y reproducción capitalista.