Discurso de la ecología sirve para todo

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Por Luis Ángel Saavedra desde Quito

La Iniciativa Yasuní-ITT, que permite mantener el petróleo bajo tierra en una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta a cambio de una compensación financiera internacional; una Constitución que tiene a la ecología como eje transversal y que en su marco normativo presenta un capítulo íntegro sobre los "derechos de la naturaleza"; y la creación de un juzgado con capacidad de sancionar a quienes atenten contra estos derechos, condujeron a pensar que la ecología era un punto de suma importancia para el gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa.

En este mismo sentido, el concepto de una defensa integral de los derechos humanos junto con los derechos de la naturaleza también llevó a otras instituciones estatales, como la Defensoría del Pueblo, a modificar incluso su nombre: ahora se denomina "Defensoría del Pueblo y de la Naturaleza". Los cambios en esta institución incluyeron además la implementación de espacios específicos para la protección de los derechos de la naturaleza con cobertura nacional.

Finalmente, en setiembre el gobierno anunció la creación del Primer Juzgado de los Derechos de la Naturaleza, con sede en las islas Galápagos, que se instalará antes que culmine el 2010. Casos de pesca ilegal, tráfico de especies marinas y contaminación serán juzgados por este tribunal, con lo que el gobierno asegura estar apoyando los esfuerzos para proteger la biodiversidad de estas islas, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad (1979) y Reserva de la Biósfera (1984).

Hasta aquí las acciones gubernamentales parecían ser coincidentes con el discurso oficial. Sin embargo, pronto empezaron a mostrarse las grietas del discurso con una realidad poco compatible con la ecología.

El plan B en Yasuní

Si bien la Iniciativa Yasuní-ITT, de no extraer el petróleo de los bloques Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT) dentro del parque nacional Yasuní, y dejarlo bajo tierra a cambio de un sistema de compensación financiera internacional, le dio un baño de popularidad ecológica a Correa, los planes que se adelantan para su explotación son incongruentes con el discurso público. Así, pese a que se llegó a firmar, el pasado 2 de agosto, un acuerdo entre el gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para establecer un fideicomiso que permitiría canalizar las contribuciones de la comunidad internacional para no explotar el petróleo en Yasuní, apareció en escena el denominado "Plan B" -extracción del petróleo del Yasuní-como la alternativa real que el gobierno maneja. Esto mostró que la negociación de la Iniciativa Yasuní-ITT, incluida la firma del fideicomiso, era un efecto mediático para ganar simpatía y distraer a las organizaciones ecologistas y a los indígenas.

En efecto, un comunicado del gerente de Petroamazonas, Oswaldo Madrid, enviado el 30 de junio al Ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, sobre los avances dados en el Yasuní para lograr la explotación del petróleo en esta zona, tomó de sorpresa a quienes habían confiado en la oferta presidencial y creían que la Iniciativa Yasuní-ITT era un hecho irreversible.

En el comunicado, Madrid da cuenta de los avances y el cronograma para la explotación petrolera del ITT, y afirma que "se ha dado instrucciones al personal que estará trabajando en la zona de Tiputini para que se maneje el discurso propuesto por el Ejecutivo, en el sentido de que la Alternativa A, de dejar el petróleo bajo tierra, es la prioridad del Gobierno Nacional".

Los trabajos para la explotación del Yasuní-ITT ya fueron detectados en enero del 2010. En ese entonces, Pastor, quien fungía como gerente general de Petroamazonas antes de ser nombrado ministro, aseguró que no había ningún trabajo relacionado con ello, y que las denuncias correspondían a obras de construcción de un paso subfluvial. Ahora el informe de Madrid corrobora las denuncias hechas en enero y develan la vocación extractivista del gobierno.

Todas estas contradicciones provocaron que Alemania, principal auspiciante de la iniciativa, se retire de esta propuesta, dejando al gobierno nacional sin la principal carta de negociación para lograr el apoyo internacional que se requiere para no explotar el Yasuní. Así, entonces, el "Plan B" se erige como el único aplicable.

Política extractivista y represión

Por otra parte, las grandes mineras están prestas a meter su maquinaria depredadora en el sur del país, no sólo con el aval de un gobierno que se autoproclama ecologista, sino con su total protección, pues está dispuesto a movilizar todos sus órganos de seguridad para garantizar a las empresas un área limpia de pequeña minería o minería artesanal, para lo cual no dudó en enfrentarse con toda una población, como pasó en el cantón Paquisha, de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el sur del país.

"El gobierno dictó una ley de minas a espaldas de la Constitución, para favorecer a las empresas mineras extranjeras, entre ellas la ECSA [Ecua Corriente] y la Kinross-Aurelian, que pretenden extraer millones de onzas de oro, plata y cobre de las montañas de Zamora. Para eso está castigando al pequeño minero, desalojando y reprimiendo, a pretexto de que está contaminando", asegura el líder indígena Salvador Quishpe, prefecto de esta provincia, donde se produjo un fuerte enfrentamiento el pasado 13 de setiembre entre mineros artesanales y la Policía que los desalojó, bajo el pretexto de que los mineros contaminaban las fuentes de agua.

La resistencia minera fue apoyada por Quishpe, por lo que se dictó una orden de prisión en su contra.

"No hemos robado, no hemos violentado nada. Lo único que hacemos es reclamar respeto a la Constitución y a la ley. Si por eso nos quieren encerrar, que me diga públicamente el presidente cuál es la razón", afirmó Quishpe.

La represión en Zamora también enfrentó al gobierno con la Defensoría del Pueblo, pues ésta decidió abrir un expediente por el exceso policial dado en este operativo.

Luego de estos acontecimientos, y para retomar su imagen ecológica, el gobierno anunció la creación del Primer Juzgado de los Derechos de la Naturaleza, en las islas Galápagos.

Galápagos necesita un juzgado para proteger su ecosistema, y a los ojos del mundo entero esta acción genera simpatías, pero también es cierto que allí no es donde se producirán los mayores conflictos sociales en el país.

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Con todos estos antecedentes, lo que es seguro es que el gobierno adecuó un discurso que le da popularidad dentro y fuera del país, mientras oculta su política real. Sin embargo, esta careta poco a poco se está desmoronando y muestra el rostro depredador de la política extractivista de la denominada revolución ciudadana del actual régimen.

* Servicio Informativo sobre América Latina y el Caribe producido por Comunicaciones Aliadas