Agricultura y bosques bajo ataque en negociaciones climáticas

Silvia Ribeiro

La Jornada

La conferencia sobre cambio climático realizada en Durban, Sudáfrica, en diciembre 2011, destaca por lo que no decidió: ni compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, ni fondos para los países más afectados, ni respeto a las responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países industrializados que provocaron el caos climático y los demás que lo sufrimos. Pero sí avanzaron decisiones en agricultura, bosques, tecnologías y ampliación de mercados de carbono, que conllevan impactos muy negativos sobre la mayoría.

Los mercados de carbono –que permiten no reducir emisiones de gases donde se crean, comprando espacio no contaminado a otros– no sirven para enfrentar la crisis climática, pero justifican que se siga contaminando y abren nuevos mercados especulativos, muy preciados en época de crisis financiera. Según el Banco Mundial –pionero en mercados de carbono y en derivar fondos públicos para subsidiar el negocio a las trasnacionales– el mercado global de carbono fue de 144 mil millones de dólares en 2009. Solamente 0.2 por ciento fue para proyectos concretos, el resto fueron honorarios de consultores, gastos de transacción e inversiones financieras especulativas.

La conferencia de cambio climático en Cancún en 2010 (COP16) sentó las bases para mercantilizar a gran escala el aire de los bosques, aceptando los proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada) como base de mercados de carbono. Pablo Solón, entonces negociador de Bolivia, explicó que los mercaderes del carbono van por mucho más: buscan incluir bosques, agricultura, biodiversidad y agua (ríos, mares, manglares, a lo que llaman carbono azul).

En la COP17 en Durban, se consolidó REDD para quienes prueben que hayan deforestado y dejen de talar una pequeña parte (por eso la meta es deforestación evitada, no evitar deforestar) premiando así a los mayores talamontes. Los que buscan recibir REDD tendrán que aumentar la deforestación para luego disminuirla, lucrando el doble: por deforestar y por dejar de hacerlo.

Esto da lugar a corrupción mediante consultores que certifican cifras de deforestación más altas a las reales, para seguir aumentando la deforestación y además, cobrar por supuestamente disminuirla. La otra cara de REDD, llamada perversamente manejo sustentable de los bosques, serían mínimos pagos a comunidades que no deforestan. Para ello deberán entregar el manejo de sus territorios a consultores externos que definan lo que pueden o no hacer, y a estados o empresas que compren esa función de sus bosques. Hay grupos indígenas que quieren obtener fondos con REDD, pero con salvaguardas. La COP 17 reafirmó salvaguardas generales, pero a criterio de los gobiernos en cada país, lo cual significa que ni son obligatorias ni se podrá ir más allá de la arbitrariedad que decida cada gobierno. En ningún caso los territorios quedan fuera del mercado: al contrario, REDD se consolidó como una efectiva evasión de políticas públicas para proteger derechos indígenas, campesinos y biodiversidad, cambiándolos por pagos selectivos y ventas de mercado. Contra esto se formó la Alianza global de los pueblos indígenas y comunidades locales contra REDD+ y por la vida, que exigió en Durban una moratoria global a REDD.

La COP17 avanzó también en el camino a la inclusión de agricultura en mercados de carbono. Así como REDD es un negocio para talamontes y una forma de despojar a las comunidades de sus territorios, con agricultura en mercados de carbono se busca premiar a la agricultura industrial y transgénica, aumentando la disputa y despojo de tierras campesinas.

El sistema alimentario agroindustrial es el principal factor de emisiones de gases de invernadero. Por el contrario, como ha mostrado la Vía Campesina y sus aliados, los sistemas alimentarios campesinos alimentan a la vasta mayoría de la humanidad y enfrían el planeta con sus métodos diversos y sustentables. La maniobra de los mercaderes de carbono, con apoyo del Banco Mundial y FAO, es promover lo que llaman intensificación sustentable y agricultura inteligente para el clima. En lugar de cuestionar el sistema alimentario agroindustrial que es causante de contaminación, caos climático y hambre, proponen seguir con lo mismo, aumentando la producción en menor superficie, usando semillas híbridas y transgénicas y cantidades masivas de fertilizantes químicos, dejando el resto de la tierra para vender como sumidero de carbono, con lo cual Monsanto y otras agro-transnacionales aumentarían sus ventas y podrían cobrar créditos de carbono.

La absorción de carbono en bosques y suelos, aguas y biodiversidad es de difícil medición –en realidad imposible–, porque son sistemas vivos y cambiantes con las geografías, ecosistemas y culturas que allí conviven. Absorben carbono, pero también lo emiten y en ningún caso son sumideros de carbono sino bases del sustento de la mayoría de la humanidad. Pero para el mercado, lo importante no es ser exacto, sino aparentarlo: el monitoreo y medición de carbono en bosques, suelos, biodiversidad es un jugoso negocio también para investigadores y consultores, que están desarrollando sofisticados sistemas satelitales y de bioprospección para medir carbono en sistemas vivos. En esa lógica, los indígenas y campesinos son una molestia porque alteran la medición.

Los corsarios del carbono no pudieron avanzar en Durban tanto como querían, gracias a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil y de Vía Campesina. Pero sin duda es un tema a seguir denunciando.

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC