> Date: Wed, 16 Feb 2005
San Juan – Expertos en derecho ambiental criticaron y catalogaron de “inconstitucional” la medida presentada por el Presidente de la Cámara de Representes, que pretende declarar final y firme todo permiso de construcción aprobado, aún cuando haya mediado información falsa y fraude en su aprobación, así como evitar el derecho de los ciudadanos a impugnar los mismos ante los tribunales del País.
El Proyecto de la Cámara Núm. 11, presentado por José Aponte Hernández, “es a todas luces inconstitucional pues limita el derecho que tiene todo ciudadano a solicitar remedios al Poder Judicial por desagravios o abusos cometidos por las agencias del gobierno estatal”, expresó el Lcdo. Pedro Saadé Llorens, abogado litigante de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR. El también profesor de derecho destacó que la medida “atenta contra la división de poderes establecido en nuestra sistema de gobierno al eliminar la responsabilidad de la Rama Judicial de pasar juicio sobre acciones ilegales en las que podrían incurrir las agencias adscritas al Poder Ejecutivo”.
Para la Lcda. Jessica Rodríguez Martin, “la protección del patrimonio natural de los puertorriqueños es un mandato constitucional y como tal no está sujeto a vaivenes legislativos sin el consentimiento electoral expreso del pueblo”.
Rodríguez Martin, directora del Programa de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana declaró que “el término de 30 días para procurar la revisión judicial que menciona el proyecto de ley se refiere a decisiones discrecionales de las agencias. El cumplimiento con la Constitución no es discrecional sino mandatario, por lo cual puede ser cuestionado tan pronto como se descubre la ilegalidad. La mayoría de las veces las comunidades descubren la existencia de construcciones ilegales cuando llegan las máquinas a sus patios. Entonces los 30 días estarían expirados y jamás tendrían derecho a cuestionarlo no importa lo ilícito pueda ser. Aquí le premia la ilegalidad”.
El Lcdo. Miguel Sarriera, quién ha defendido exitosamente varios casos contra agencias federales y estatales por violaciones ambientales en Arecibo y Aguadilla, puntualizó que de aprobarse el proyecto de ley “se le cerrarían las puertas a los ciudadanos para cuestionar procedimientos administrativos de los que nunca fueron notificados por las agencias”. Sarriera mencionó como ejemplo, los permisos otorgados y aprobados por la Junta de Planificación en el proyecto de Sandy Beach en Rincón, donde nunca se llevaron a cabo vistas públicas según requiere y establece la reglamentación de la agencia.
El P. de la C. Núm. 11 se discute este viernes 18 de febrero, ante la Comisión de Desarrollo Socioeconómico y Planificación, que preside el representante José “Chico” Vega. Las vistas públicas inician con la Junta de Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos y la Junta Examinadora de Permisos de Construcción.
Contactos
Lcdo. Pedro Saadé Llorens: 787-999-9571 /
787-766-3063
Lcda. Jessica Rodríguez: 787-751-1912, ext. 2050
Lcdo. Miguel Sarriera: 787-895-7202 / 787-630-8319
Comunicado de Prensa
"INCONSTITUCIONAL" MEDIDA QUE DECLARARíA PERMISOS DE CONSTRUCCION COMO FINALES Y FIRMES
San Juan – Expertos en derecho ambiental criticaron y catalogaron de “inconstitucional” la medida presentada por el Presidente de la Cámara de Representes, que pretende declarar final y firme todo permiso de construcción aprobado, aún cuando haya mediado información falsa y fraude en su aprobación, así como evitar el derecho de los ciudadanos a impugnar los mismos ante los tribunales del País.
El Proyecto de la Cámara Núm. 11, presentado por José Aponte Hernández, “es a todas luces inconstitucional pues limita el derecho que tiene todo ciudadano a solicitar remedios al Poder Judicial por desagravios o abusos cometidos por las agencias del gobierno estatal”, expresó el Lcdo. Pedro Saadé Llorens, abogado litigante de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR. El también profesor de derecho destacó que la medida “atenta contra la división de poderes establecido en nuestra sistema de gobierno al eliminar la responsabilidad de la Rama Judicial de pasar juicio sobre acciones ilegales en las que podrían incurrir las agencias adscritas al Poder Ejecutivo”.
Para la Lcda. Jessica Rodríguez Martin, “la protección del patrimonio natural de los puertorriqueños es un mandato constitucional y como tal no está sujeto a vaivenes legislativos sin el consentimiento electoral expreso del pueblo”.
Rodríguez Martin, directora del Programa de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana declaró que “el término de 30 días para procurar la revisión judicial que menciona el proyecto de ley se refiere a decisiones discrecionales de las agencias. El cumplimiento con la Constitución no es discrecional sino mandatario, por lo cual puede ser cuestionado tan pronto como se descubre la ilegalidad. La mayoría de las veces las comunidades descubren la existencia de construcciones ilegales cuando llegan las máquinas a sus patios. Entonces los 30 días estarían expirados y jamás tendrían derecho a cuestionarlo no importa lo ilícito pueda ser. Aquí le premia la ilegalidad”.
El Lcdo. Miguel Sarriera, quién ha defendido exitosamente varios casos contra agencias federales y estatales por violaciones ambientales en Arecibo y Aguadilla, puntualizó que de aprobarse el proyecto de ley “se le cerrarían las puertas a los ciudadanos para cuestionar procedimientos administrativos de los que nunca fueron notificados por las agencias”. Sarriera mencionó como ejemplo, los permisos otorgados y aprobados por la Junta de Planificación en el proyecto de Sandy Beach en Rincón, donde nunca se llevaron a cabo vistas públicas según requiere y establece la reglamentación de la agencia.
El P. de la C. Núm. 11 se discute este viernes 18 de febrero, ante la Comisión de Desarrollo Socioeconómico y Planificación, que preside el representante José “Chico” Vega. Las vistas públicas inician con la Junta de Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos y la Junta Examinadora de Permisos de Construcción.
Contactos
Lcdo. Pedro Saadé Llorens: 787-999-9571 /
787-766-3063
Lcda. Jessica Rodríguez: 787-751-1912, ext. 2050
Lcdo. Miguel Sarriera: 787-895-7202 / 787-630-8319
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