¿Cuál debe ser la agenda del nuevo gobierno en lo que respecta al ambiente? Por Carmelo Ruiz Marrero Miércoles, 9 de febrero de 2005

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Carmelo Ruiz Marrero, periodista especializado en temas ambientales, opina que el nuevo gobierno de Aníbal Acevedo Vilá no puede darle la espalda al movimiento ecologista. Algo que, entiende, ocurrió con sus predecesores. El comienzo de la administración de la gobernadora Sila Calderón hace cuatro años trajo regocijo y esperanza al movimiento ambiental. Se esperaba que los estilos y políticas de su predecesor Pedro Rosselló pasarían a la historia. El gobierno de Rosselló se distinguió por su constante confrontación con los ambientalistas, impulsando de manera agresiva proyectos a los que ellos se oponían, como el súper acueducto, la ruta 66, la carbonera de ja AES en Guayama y el mega vertedero regional de Salinas. En el caso de la ruta 66 pretendió desafiar el Tribunal Supremo, que había declarado la construcción ilegal. Los ambientalistas estaban en pie de guerra contra Rosselló, pues el mandatario no admitía espacio para el diálogo ni mostraba disponibilidad alguna para transar. Por eso no fue de sorprender que una porción significativa del movimiento apoyó abiertamente la campaña de Calderón. El hecho de que el programa de gobierno del Partido Popular contó con la colaboración del geomorfólogo y distinguido ambientalista José Molinelli, director del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad de Puerto Rico, subió las esperanzas de quienes sinceramente creían que la candidata Calderón traería consigo una nueva visión del desarrollo en Puerto Rico/ cónsona con la realidad ecológica del país. Más esperanzados estuvieron los ambientalistas cuando la nueva gobernadora nombró a dos respetados y serios planifícadores, Félix Aponte y Hermenegildo Ortiz, a la Junta de Planificación. Pero la tuna de miel no duró mucho. A los pocos meses de comenzada la administración se hacía evidente que Calderón se disponía a reanudar la construcción de la polémica ruta 66, pero sin el tramo Carolina-Río Piedras, cuyo derecho de paso fue entregado a los ambientalistas como una concesión estratégica bajo el nombre de Corredor Ecológico de San Juan. El colmo para muchos ambientalistas fue el despido en 2002 de Aponte y Ortiz de la Junta de Planificación, algo que fue visto como un encargo de sectores de la industria de ta construcción que querían permisos otorgados a como diera lugar. Varios destacados ambientalistas se reunieron personalmente con la gobernadora para expresarle su descontento. Acto seguido se formó un Consejo Asesor Ambiental adscrito a Fortaleza, pero hasta el día de hoy no parece que la rama ejecutiva se haya dejado asesorar por este cuerpo. Por ejemplo, el Consejo Asesor se opone tajantemente a la construcción de los megaproyectos turísticos Dos Mares y San Miguel, que arrasarían con el Corredor Ecológico del Noreste, ubicado entre Luquillo y Fajardo. Pero Fortaleza y el Departamento de Recursos Naturales han continuado con su apoyo a ambos proyectos. Ahora tenemos una nueva administración. Queda por ver si d gobierno de Aníbal Acevedo Vilá representará una manera fundamentalmente distinta de manejar los problemas ambientales del país, que incluyen el estado crítico de nuestros cuerpos de agua, el desparramo urbano descontrolado y el tsunami de desperdicios sólidos que nos arropa. El nuevo gobernador todavía está a tiempo para distinguirse honrosamente de sus predecesores. Para comenzar, podría prestarle atención a lo que le dice el Consejo Asesor Ambiental.