PRIVATIZAN BALNEARIO ISLA VERDE Y EXIGEN A JUSTICIA QUE GESTIONE PARALIZACION

La Junta de Planificación aprobó la construcción de un edificio de 15 pisos el cual tendrá 196 apartamentos de propiedad privada a ser administrados por la cadena Marriot. En adición, se construirán 89 espacios de estacionamientos soterrados. El proyecto ubicará en la zona marítimo terrestre en un terreno zonificado Público y cuya titularidad pertenece al Municipio de Carolina. Está delimitado por el norte con el Océano Atlántico y por el sur con la carretera 187 en el Balneario de Isla Verde.
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> “Esto es un escándalo. Debe investigarse criminal y administrativamente con carácter de emergencia. Sin que haya mediado un proceso de notificación al país, Planificación le ha regalado terrenos del pueblo de Puerto Rico a una empresa privada. Se entroniza en el país el patrón ilícito de privatizar el patrimonio natural público. Esto es un atropello de envergadura nacional y establece un peligroso precedente para > acciones similares futuras.” Señaló la Lcda. Jessica Rodríguez Martin, especialista en Derecho Ambiental.
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El Dr. Ariel Lugo, director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, señaló que el terreno es un depósito de arena y de baja elevación respecto al mar que se satura subterráneamente en un área susceptible a inundaciones por marejadas durante periodos huracanados o de tsunamies.
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La Autoridad de los Puertos se opuso al proyecto alertando que el edificio excede los parámetros de altura respecto a la pista del aeropuerto y ‘se convertirá en una obstrucción al espacio aéreo’. No obstante la Junta de P{lanificación aprobó el proyecto bajo la firma de su Presidente Angel David Rodríguez el 19 de agosto de 2003. Advirtió Rodríguez Martin, también profesora de Derecho Ambiental.

Por su parte el líder ambientalista y portavoz del grupo Iniciativa para el Desarrollo Sustentable, Luis Jorge Rivera exigió al Departamento de Justicia, que como representante del interés público ejerza su obligación ministerial de proteger la Constitución y el mandato de proteger el patrimonio natural y los bienes públicos del país y acuda de inmediato al Tribunal para detener la maquinaria que ya comenzó a apropiarse ilegalmente de la playa de todos.

Persona contacto: Lcda. Jessica Rodríguez Martin
553-0212