En entredicho la verdadera función del protocolo ambiental de Kyoto Por Carmelo Ruiz Marrero Viernes, 27 de mayo de 2005

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El protocolo de Kyoto, que entró en vigor en febrero de 2005, ha causado gran revuelo internacional. Este acuerdo, avalado por sobre cien países, compromete a los firmantes, reducir sus emisiones de gases contaminantes de carbono que aportan al calentamiento global. Sin embargo, el mismo queda en entredicho por su poca efectividad y porque aparentemente, está sumido en un lucrativo mercado económico. El Protocolo de Kyoto, que entró en vigor en febrero de 2005, ha causado gran revuelo internacional. Este acuerdo, firmado por sobre cien países, compromete los firmantes a reducir sus emisiones de gases contaminantes de carbono que aportan al calentamiento global. Pero el mayor contaminador del mundo, Estados Unidos, se ha negado a firmar el Protocolo. Todo parecería indicar que si el presidente Bush recapacitara y se uniera a la comunidad internacional y firmara el Protocolo, entonces estaremos encaminados a la salvación del planeta. Pero, ¿Se sostiene tal idea con los hechos? Contrario a lo que creen la mayoría de los ambientalistas, el Protocolo de Kyoto no compromete los países industrializados a reducciones sustanciales en sus emisiones de carbono. El Protocolo compromete 38 países industrializados firmantes a reducir sus emisiones a 5.2% debajo de los niveles emitidos en 1990. Pero tales reducciones son insignificantes frente a lo que se necesita hacer para evitar una catástrofe climática planetaria, Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, prestigioso cuerpo de expertos convocado por las Naciones Unidas para estudiar el problema. Se requiere que las emisiones se reduzcan hasta bajar a 60% debajo de los niveles de 1990. Un número creciente de críticos ecologistas y de sociedad civil, de países como Samoa, Sudáfrica, Bolivia, Estados Unidos e Inglaterra, sostienen que la verdadera agenda de Kyoto es la apropiación y privatización de la atmósfera y otros recursos naturales bajo el pretexto de la protección ambiental, y la creación de un lucrativo mercado de carbono que nada tiene que ver con contrarrestar el calentamiento global. Ellos llaman atención a los llamados mecanismos flexibles del Protocolo, los cuales permiten que las industrias se liberen de sus obligaciones de reducir emisiones mediante la compra y venta de sumideros de carbono. Se le llama sumidero a cualquier cosa que saque carbono de la atmósfera, o preveniendo su salida a la atmósfera o secuestrándolo. Los bosques y plantaciones forestales son vistos como sumideros ideales, ya que los árboles remueven carbono del aire y lo fijan – o secuestran - en su madera. Bajo los términos del Protocolo, la ONU distribuyó derechos de contaminar a 38 naciones industrializadas. Estos gobiernos han entregado esos derechos gratuitamente y en virtual secretividad a empresas contaminantes en sectores como petróleo, generación de electricidad, metalurgia y cemento. Estos derechos son comerciables, para el gozo de sectores neoliberales y consternación de ecologistas. Se trata ciertamente de uno de los mayores proyectos para la creación y distribución regresiva de derechos de propiedad en la historia humana. Bajo Kyoto los contaminadores corporativos pueden comprar sumideros de carbono en el Sur global para contrarrestar sus propias emisiones. Se ha facilitado de esta manera el nacimiento de un nuevo tipo de comercio, cuyos participantes y beneficiados incluyen empresas transnacionales, universidades, grupos ambientalistas, eco-consultores, industrias forestales, el Banco Mundial, la ONU, y firmas especializadas en la compraventa de sumideros. Quienes apoyan el comercio de carbono dicen que es una verdadera solución a la debacle del calentamiento global. Pero hay un creciente sector de sociedad civil que percibe en estos discursos en favor del comercio y secuestro de carbono nada mas que la canción de sirena del neoliberalismo. Sostienen que no es posible afrontar la crisis ambiental sin cuestionar el enorme poder político de las empresas transnacionales que destruyen el ambiente y pretenden manipular los términos del debate ambiental.