El Foro Mundial del Agua no es el espacio para resolver la crisis global del agua

Laura Carlsen

El agua inundó las calles de la Ciudad de México durante la semana del 16 al 22 de marzo, provocando enormes embotellamientos y confrontaciones en la calle y llenando las páginas de los diarios nacionales e internacionales. Y sin embargo, nada se mojó.

El muy esperado IV Foro Mundial del Agua trajo a más de 10,000 participantes y a cientos de periodistas a la ciudad para discutir lo que los organizadores esperaban que fueran aspectos eminentemente técnicos de una preocupación humana compartida. El evento es organizado cada tres años por el Consejo Mundial del Agua, que agrupa a 300 organizaciones, incluyendo a representantes industriales, ministerios gubernamentales, instituciones internacionales y bancos de desarrollo.

Sin embargo, las discusiones técnicas fueron rápidamente eclipsadas por un choque de visiones del mundo. Desde el principio, los funcionarios del foro expresaron su visión de que el agua no podrá ser valorada propiamente hasta que se le asigne un precio de mercado que refleje costos y de que la participación privada es necesaria para la inversión en infraestructura. Ésta es la visión impulsada por el Banco mundial y otros desde que crearon el Consejo del Agua a mediados de los años noventa. La feria del comercio del agua que lo acompaña ofreció un vistazo de lo que está en juego para la creciente industria del agua, de alrededor de 400,000 millones de dólares al año.

Entretanto, los miembros del movimiento urbano popular, organizaciones de pequeños propietarios de tierra y los pueblos indios afirmaban que el acceso al agua es un derecho y ésta, un bien público.

Este choque ha ocurrido en foros anteriores. El Tercer Foro, en Japón, vio numerosas voces en contra y acciones de protesta, y ésa es la razón de que la seguridad y el acceso fueran endurecidos en el Foro de la Ciudad de México. Pero ha ocurrido un cambio importante entre el Tercer y el Cuarto Foro: lo que fue alguna vez la voz de alarma de grupos ambientalistas que advirtieron sobre los riesgos de la privatización se ha convertido en un movimiento de protesta de base de alcance mundial

En un cambio sustancial que no quedó del todo claro hasta la ciudad de México, la opinión se ha movido hacia la oposición al manejo por parte del sector privado y ha proclamado el agua como un derecho humano básico que debe manejarse fuera del mercado, en manos de la gente. En la Guerra del Agua de Cochabamba, Bolivia, los residentes pelearon contra la concesión de la distribución del agua a empresas privadas, y ganaron. Los contratos privados por todo el mundo en desarrollo han sido cancelados cuando usuarios irritados o gobiernos decepcionados notaron que los precios habían subido mientras que la inversión prometida –especialmente en las áreas más pobres, poco aprovechables– nunca se materializó. En América Latina, la región más desigual del mundo, las concesiones privadas han exacerbado las desigualdades en el acceso al agua al concentrar los servicios en las lucrativas zonas urbanas e ignorar las áreas donde la necesidad es más grave.

En una demostración notable de cómo los temas del agua se han filtrado en la conciencia pública, el 16 de marzo miles de personas marcharon por la Ciudad de México con carteles en los que se leía “Agua Pública para Siempre”, “Vida, no utilidades” y “No Pueden Comprar lo que Nunca Estuvo en Venta: La Tierra y el Agua son Sagradas”. Fue la primera ocasión en que un tema esencialmente ambiental ha movilizado a tanta gente en una protesta.

El declive del modelo privatizador de los sistemas de agua y de saneamiento se hizo patente en la postura defensiva de los organizadores del Foro, marcadamente pro-empresas. En el campo de batalla lingüístico, la palabra “privatización” –otrora la joya de los reformadores económicos– ha sido borrada del discurso oficial sobre el agua. Los promotores hablan ahora del papel del sector privado en la cooperación y financiación y de establecer una “inversión mixta”.

Pero, aunque el Banco Mundial y las corporaciones transnacionales reconocieron su problema de imagen pública y buscaron evitar ser retratados como privatizadores, sus propuestas sobre el manejo del agua enfatizaron medidas de mercado y de inversión privada, en un marcado contraste con las soluciones de manejo comunitario propuestas en el foro alternativo.

De hecho, los contrastes entre los dos foros estuvieron a la orden del día. En el foro alternativo, un representante del sindicato colombiano que representa a los trabajadores de Coca Cola asesinados por fuerzas paramilitares por sus actividades sindicales se unió a un portavoz de los pueblos indios que protestaban contra la desecación de sus fuentes de agua por parte de las plantas embotelladoras de Coca Cola, y pidieron juntos un boicot global contra la transnacional. En el foro oficial, Coca Cola fue un patrocinador importante y todas las bebidas ofrecidas a los sedientos participantes llevaban su famoso emblema. A lo largo de la semana, líderes internacionales de traje compitieron por las primeras planas con mujeres indígenas, trabajadores municipales y ambientalistas.

El Consejo Mundial del Agua es una organización no elegida, sin mandato público y sin una autoridad ejecutiva formal. A pesar de sostener que se trata de un espacio multilateral, el Cuarto Foro estableció barreras físicas, económicas y burocráticas para limitar la participación de las voces críticas, impuso reglas laberínticas para la participación de la prensa y buscó apartar a países opuestos a la declaración final (Bolivia, Venezuela, Uruguay y Cuba).

La declaración final en sí misma fue un ejercicio de futilidad. La mayoría de las organizaciones había asumido que el Foro se pronunciaría al menos por proclamar el agua como un derecho humano básico, como ya se ha hecho en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y en el preámbulo del presidente del WWF (Fondo Mundial de la Naturaleza, por sus siglas en inglés).

Esto no ocurrió. La declaración final, altamente diluida, apenas “subraya la necesidad de incluir el agua y el saneamiento como prioridades en los procesos nacionales”. Los comentarios tras bambalinas indicaron que ése fue el resultado de un fuerte cabildeo por parte de la federación industrial, AguaFed. Si el agua fuera reconocida como un derecho básico, las compañías privadas podrían ser ostensiblemente acusadas de violarlo por cortar el agua privatizada a los usuarios pobres que se atrasen en los pagos –hoy una práctica generalizada.

Nadie duda de la seriedad de la crisis del agua. Dos mil millones de personas en el mundo sin acceso a agua potable, 3,350 millones sin servicios básicos de saneamiento, dos millones de niños muertos cada año por enfermedades relacionadas con el agua, sequía prolongada, depredación de acuíferos y ríos contaminados: todo junto pinta un futuro oscuro. Sin embargo, el Cuarto Foro ofreció poco para aliviar la crisis. Incluso estudios presentados en el Foro revelaron la falta de consenso sobre la eficacia de la participación del sector privado y una larga lista de problemas. La declaración meramente anunció la formación de un banco de datos sobre “buenas prácticas” y reafirmó acuerdos anteriores.

Las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos nacionales deberían abandonar el Foro Mundial del Agua y deberían dejar que continuara sus actividades como una feria de comercio e industria y un asesor industrial. La ONU debería fortalecer sus propios programas con la participación activa de los Estados miembros y desarrollar mecanismos para la participación de la sociedad civil y para compartir buenas prácticas basadas en la comunidad. La debería apoyarse a la sociedad civil en el desarrollo de foros para intercambiar experiencias y construir alternativas.

El modelo de privatización del uso y distribución del agua ha fracasado. Es tiempo de abrir espacio para alternativas nuevas y más democráticas.

Laura Carlsen dirige el Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales (IRC, en línea en www.irc-online.org).Laura Carlsen, IRC - 7 de abril de 2006