Gigantes de la celulosa aniquilan el pueblo, la cultura y el ambiente en el sur de Brasil

Con el discurso ideológico del gran capital disfrazado de desarrollo sustentable y salvador de los pobres, las gigantes de la celulosa avanzan sobre el Estado de Río Grande del Sur. Con su capital pagan campañas electorales, financian propaganda engañosa y manipulan el poder público a su antojo.

Son términos de ajuste de conducta (TAC) para permitir el desarrollo de las plantaciones desde ahora, con el argumento de que las empresas no sufran pérdidas económicas. Se trata de financiación de campañas electorales y cambio de directores de los organismos ambientales, además de la presión sobre los técnicos de estos organismos para que aceleren las autorizaciones ambientales.

Los directorios de las empresas, sin ningún escrúpulo, declaran públicamente que los organismos ambientales de competencia técnica deben obedecer las órdenes del gobierno estadual, lo que demuestra claramente que se trata de uma decisión política. El gobierno estadual y el federal están a favor de las plantaciones de árboles. El lineamiento político del gobierno de Lula es el aumento de la celulosa y del biocombustible. La plantación de eucaliptos contempla estos dos intereses y debe promoverse a toda costa.

Se rechaza documento regulador

Para analizar la superficie de plantaciones del Estado y su impacto se realizó una división en zonas para plantaciones, según decisión del gobierno estadual anterior. Se trata de un documento (proyecto de ley 6424/ 05) que agrupa leyes, reglas y normas para orientar las plantaciones, y que señala las zonas más frágiles y las menos frágiles para esa actividad, considerando aspectos sociales y ambientales.

Según la demarcación, el estado se dividió en 45 Unidades de Paisaje Natural (UPNs). En una UPN, la respuesta del ambiente a la plantación de eucalipto es idéntica en toda su extensión, al contrario de lo que pasa en las cuencas hidrográficas- como sugieren algunos críticos de la división en zonas-, que presentan características físicas muy heterogéneas.

Las UPN fueron clasificadas como de alta, mediana o baja restricción para la plantación de árboles. Se aplicaron criterios como la existencia de Unidades de Conservación (federales, estaduales o municipales), la presencia de especies de fauna y flora críticamente amenazadas de extinción (entre ellas, los últimos fragmentos de campo nativo), la disponibilidad hídrica y el riesgo potencial de deficiencia hídrica en verano, la fragilidad de los suelos, el análisis socioeconómico, el registro de territorios indígenas y quilombolas.

De acuerdo con estos criterios se liberaron alrededor de ocho millones de hectáreas para la plantación de árboles, mucho más que el esperado millón de hectáreas previsto por las empresas. Aún así, tanto las empresas como el gobierno estadual rechazan el documento, y se crearon numerosos mecanismos para que no entre en vigencia. Hasta que no sea aprobado por el organismo ambiental competente (CONSEMA) no tiene valor de ley y lo que constituiría un marco para el Estado se deja de lado por presiones políticas.

La presión política en el Estado generó el alejamiento, en cuatro meses, de cuatro presidentes de la Fundación Estadual de Protección del Ambiente Natural (FEPAM), organismo estadual responsable de las autorizaciones y del cambio de la Secretaria de Medio Ambiente. La elección del nuevo secretario de medio ambiente, un fiscal, parece querer ejercer una coacción moral en las acciones de la fiscalía para que no cumpla sus tareas en la defensa del medio ambiente y de los derechos difusos (que se refieren a un bien o interés común) de la población.

Audiencias públicas fraudulentas

La división en zonas debería presentarse a la población en cada una de las UPNs, en audiencias públicas realizadas en el interior. Sin embargo, las audiencias realizadas estuvieron repletas de funcionarios de las empresas de celulosa que iban de una audiencia a otra. La población local, afectada directamente por las plantaciones, no se enteró del contenido del documento y no pudo entrar a las audiencias porque todos los lugares estaban ocupados.

Se fijaron nuevas audiencias públicas para tratar las Evaluaciones de Impacto Ambiental que tienen que ver con los respectivos Informes de Impacto Ambiental de las empresas Aracruz Celulose, Derflin (Stora Enso) y Votorantim Celulose e Papel. La expectativa es volver a repetir el espectáculo. Los estudios que deberían realizarse a lo largo de una década, como mínimo -por ejemplo, los de hidrología- se presentaron como concluidos.

Flexibilización de las leyes pone en riesgo al ambiente

Las zonas fronterizas, adquiridas ilegalmente por la empresa Stora Enso burlando la legislación nacional correspondiente, fueron autorizadas para la plantación de Delfrin -empresa de nombre nacional pero de capital de Stora Enso. Hubo intentos en el Parlamento de modificar esta legislación.

La bancada ruralista, que tiene gran interés en los latifundios de eucalipto por entender que impiden el avance de los asentamientos de reforma agraria, a los cuales considera una amenaza, presentó a nivel federal un proyecto que propone introducir modificaciones al Código Forestal, con el objetivo de flexibilizar las leyes ambientales.

El proyecto de ley 6424/05 está actualmente en la Cámara de Diputados. Entre las modificaciones sugeridas está la plantación de árboles exóticos en zonas de reserva legal. La actual legislación brasileña establece que la superficie de Reserva Legal debe ser de 80% en la Amazonia, 35% en la región de Cerrado dentro de los Estados que componen la Amazonia Legal y 20% de la propiedad en las otras regiones del país. La Reserva Legal es una zona en la que debe mantenerse la vegetación nativa que cumple la función ecológica de habitat para la biodiversidad y/o proveedora de servicios ambientales tales como abastecedora de productos forestales, protección del suelo y cuerpos de agua, control de plagas e incendios y captación de carbono de la atmósfera. Si se aprueba, el proyecto permitirá el avance de la plantación de materia prima a gran escala para la producción de agrocombustibles, principalmente de palma aceitera en la Amazonia y el avance de los monocultivos de eucalipto en el resto de Brasil.

La expansión de las zonas con eucalipto que inicialmente eran para la producción de celulosa y papel serán transformadas a mediano plazo en monocultivos para la producción de agrocombustible. José Goldemberg, investigador de la Universidad de San Pablo, afirma que la solución para la crisis energética en términos científicos es invertir en investigaciones para extraer el combustible a partir de la celulosa, con rendimiento energético hasta diez veces mayor que el alcohol brasileño. Hoy en día, la tecnología para la transformación de celulosa de eucalipto en combustible todavía es sofisticada y está en manos de Shell y British Petroleum. De esta forma, las plantaciones de eucalipto sirven para asegurar la hegemonía y el control sobre los agrocombustibles. El cambio de la matriz energética petrolera por otros productos está generando cambios en la sociedad, ya previstos por el Grupo Rockefeller, que consolida su dominio sobre la matriz energética del planeta.

Por suerte, las hormigas también molestan a las gigantes

La ilegalidad de las empresas, confabuladas con el Estado, se hizo evidente a partir de la firma de contratos de forestación con los asentados de la reforma agraria para el establecimiento de plantaciones en sus predios. El contrato no podría firmarse con los asentados porque ellos aún no tienen la posesión de la tierra. La plantación en los asentamientos fue una buena estrategia de marketing. Las empresas divulgaban por todos lados que la plantación de monocultivos era buena y cumplía su función social, porque hasta los asentados estaban plantando. En mayo de este año los asentados arrancaron los árboles o las mudas de eucalipto que habían plantado en los lotes.

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), hizo una marcha con 1700 personas entre setiembre y noviembre. El 16 de octubre fue la Jornada contra las multinacionales y por la soberanía alimentaria. Acamparon delante de Votorantim y cortaron eucaliptos plantados por las empresas Votorantim Celulose (Bagé) y Stora Enso (Rosário do Sul) como estrategias para llamar la atención de la población y del gobierno para que destine recursos públicos a otros fines y no a estas grandes empresas.

Este año, Votorantim (VCP) recibió 40 millones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que de social solo tiene el nombre. Caixa RS, Banrisul y BRDE manifestaron que sobran recursos para la financiación de plantaciones. Las empresas de celulosa están vinculadas a las coronas europeas y en Brasil reciben incentivos fiscales y exoneraciones de impuestos, bajo la Ley Kandir. Así, se exporta noventa y cinco por ciento de la celulosa sin pagar impuestos. En el estado de Río Grande del Sur las empresas exportadoras reciben exoneración del ICMS (Impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios). Mientras tanto, la población aguarda indefinidamente préstamos para pequeños proyectos de turismo, de agroecología, y para la formación de una red productiva que genere un desarrollo sustentable.

Además de la presión popular, ONGs ambientalistas iniciaron uma acción civil pública exigiendo que se cumplan las leyes ambientales y se preste atención a la división de zonas para la plantación de árboles. Últimamente la decisión de la jueza federal Clarides Rahmeier desplazó de la esfera estadual hacia el organismo federal, IBAMA, la misión de liberar zonas para las plantaciones en Río Grande del Sur. Esta disposición reavivó el debate. Intendentes de algunos municipios fueron a la capital para cuestionar la decisión judicial. Todo cambio, por menor que sea, en los planes estipulados por el gobierno y las empresas, genera grandes presiones de parte de éstas, que presentan cifras astronómicas de la posible disminución de sus inversiones en el Estado.

Entrevistado sobre esa decisión, el director de operaciones de Aracruz, Walter Lídio Nunes, dijo “Nos invitaron para desarrollar la Mitad Sur. Nos sorprende que la jueza cuestione un estado de derecho. Nos atrasaremos en el cronograma”. De hecho, vivimos el estado de derecho del capital que domina al medio ambiente y a la población. A partir de la movilización social y judicial es de esperar que algo cambie en la política actual. A fin de cuentas, miles de hormigas también tienen la fuerza de derribar a un gigante.

Por Ana Paula Fagundes, bióloga, correo electrónico: sorriam@hotmail.com. Más información sobre el tema en la página: www.defesabiogaucha.org