El predominio verde del agronegocio

prensa Enero 21s, 2009

Ambiente, Derechos Humanos y una crítica relación sociedad/Estado
URUGUAY, HOY COMO AYER*

En los últimos años en Uruguay “se ha registrado un marcado incremento de la forestación artificial, una expansión de la superficie agrícola, y existe una intensificación productiva creciente en el agro e incipiente en otros sectores. Estas tendencias ejercen presión sobre los recursos naturales” [1]. En 2008 los señalamientos sobre los impactos ambientales del modelo de desarrollo han trascendido al ambientalismo e incluyen como principales impactos la expansión de los monocultivos (soja y árboles), la falta de control sobre el uso de la tierra y la “extranjerización” de la misma, tendencias que configuran un escenario potencialmente negativo de no tomarse las medidas de control necesarias.

En 2008 Uruguay sufrió el avance de los cultivos de soja transgénica, la profundización del modelo celulósico y la pretendida revisión de un debate ya laudado en Uruguay (la generación de energía nuclear en el país), que encuentra nuevos bríos al ser impulsado desde los más altos niveles del Gobierno progresista del presidente Tabaré Vázquez [2]. Estas discusiones hicieron dudar una vez más acerca de los fundamentos participativos y democráticos de las políticas ambientales en el país, algo que por otra parte también fue señalado en el II Congreso del Pueblo [3], una instancia que concentró a lo largo de un año (concluyendo sus instancias centrales en septiembre último) al más vasto espectro de organizaciones sociales que se hayan congregado en torno a una tarea común en la era post dictadura.

Teología de la soja y del eucalipto

En mayo de 2008 se editó La nueva colonización. La soja transgénica y sus impactos en Uruguay [4], en el que se analizan los impactos ambientales, sociales y económicos del crecimiento avasallante de este cultivo en el país. En el mismo se señala que el avance de la soja, con 461.900 hectáreas sembradas en la zafra 2007/08 (mientras que en la zafra 1999/2000 la superficie se encontraba apenas por debajo de las 9.000 hectáreas) “determina que hoy en día este cultivo represente más de la mitad del área agrícola nacional”.

Dicho trabajo demuestra que la “sojización” se encuentra intrínsecamente ligada al accionar de “capitales extranjeros que han propiciado la emergencia de nuevos actores (…) también presentes en los países vecinos, [quienes] administran grandes sumas de capital realizando casi únicamente agricultura extensiva en extensas superficies de tierra arrendada, contribuyendo así al generalizado proceso de concentración y extranjerización de la producción y la tierra”.

Es de destacar que dicha expansión del cultivo de soja transgénica, así como otros aspectos del agronegocio, se vio acelerada en 2008 debido a las medidas adoptadas por el Gobierno de la República Argentina, que gravaban sensiblemente los saldos de exportación de dicho cultivo. El crecimiento exponencial de la soja con carácter de monocultivo ha hecho que este agronegocio, especialmente en 2008, abandone sus regiones “tradicionales” del litoral oeste del país, para alcanzar zonas especialmente sensibles en la producción de alimentos básicos para el mercado interno [5].

En julio de 2008 caducó la moratoria de 18 meses dispuesta oficialmente para la aprobación de nuevos eventos transgénicos, plazo que en sus inicios implicaba la revisión de las variedades genéticamente modificadas ya aprobadas, lo que a la postre no ocurrió, iniciándose lo que oficialmente se catalogó como “coexistencia” entre agricultura tradicional y transgénica.

Tras conocerse la decisión del Gobierno de tolerar dicha “coexistencia”, la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay señalaron que la misma “amenaza la biodiversidad por los altos riesgos de contaminación genética, y avala definitivamente el ingreso a Uruguay de esas variedades modificadas en beneficio de grandes empresas del exterior, lo que aumenta la extranjerización de la tierra y expulsa a los pobladores del campo”. Asimismo, el organismo oficial que resolvió sobre el tema descartó implantar la obligatoriedad del etiquetado de productos alimenticios nacionales y extranjeros que contengan organismos genéticamente modificados.

Otro formato del agronegocio que ha querido asimilarse a un sinónimo de modernidad es la expansión forestal y celulósica. La atracción de inversiones extranjeras para estos sectores ha adquirido en los últimos años un rango de “política de Estado”, en tanto existe una legislación de promoción vigente desde 1988 que atrae a nuevas empresas que evalúan diversos proyectos para radicarse en el Uruguay. Durante 2008 este modelo se consolidó con el funcionamiento a pleno de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia, el comienzo de la construcción de la planta de la española ENCE en el departamento de Colonia, la decisión de la empresa portuguesa Portucel de radicarse en el país y la fuerte adquisición de tierras para forestar por parte de la sueco-finlandesa Stora-Enso.

Hasta el momento no se han analizado ni evaluado cuáles serían los potenciales impactos de la ampliación de la forestación en el país para proveer de materia prima a grandes plantas industriales de producción de celulosa. En determinadas circunstancias este proceso se está llevando a cabo en desmedro de otros derechos, con el objeto de facilitar la concreción de estas inversiones, como por ejemplo asegurando procesos de confidencialidad ante pedidos concretos de información por parte de organizaciones de la sociedad civil, aprobando excepciones a la legislación vigente a favor de estas empresas, o también firmándose convenios público–privado entre empresas y dependencias estatales como el Instituto Nacional de Colonización [6].

El modelo forestal en Uruguay se caracteriza por estar altamente concentrado en manos de poderosas empresas multinacionales. El 90 por ciento de las tierras forestadas pertenece a solamente 15 empresas, de las cuales las tres mayores controlan más de 550.000 hectáreas. En particular ENCE posee en el Uruguay cerca de 180.000 hectáreas.

Entre los principales impactos ya constatados por el avance de la forestación están los que repercuten sobre el ecosistema de pradera, documentados en un informe del propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de 2007, y la destrucción del monte nativo. El 19 de agosto último el MGAP anunció la suspensión temporal de todos los trámites de ENCE ante la Dirección Forestal, por haberse constatado la tala ilegal de cerca de 80 hectáreas de monte indígena en el departamento de Paysandú para plantar eucaliptos. El propio ministro de Agricultura Ernesto Agazzi calificó el suceso como un “desastre ecológico”, mientras que para la empresa el hecho se debió a un “error de planos” [7].

¿Nuclear? No, gracias

Junto a esto, y a pesar de la oposición ciudadana, el país asistió a la reapertura de un debate sobre la conveniencia del uso y producción de energía atómica. Un empuje similar tuvo lugar a comienzos de los 90, llegando incluso a instalarse en Uruguay algunos consorcios -canadienses y europeos- para encargarse de los estudios de factibilidad. Pero aquellos intentos no contaron con aprobación parlamentaria y naufragaron… o hibernaron hasta comienzos de 2006. En ese año se empezó a hacer referencia tímidamente desde el Gobierno a que se estaba empezando a considerar la generación de energía de origen nuclear, pero fue en el viaje que el presidente Vázquez realizó a Israel en agosto de este año cuando las intenciones del Gobierno con respecto a la energía atómica comenzaron a materializarse con mayor claridad. Durante su visita a las instalaciones del Instituto Científico Weizmann, el jefe del Ejecutivo hizo referencia a la posibilidad de emplazar una central nuclear en el país, y comunicó que al llegar a Montevideo conversaría con los dirigentes de los partidos de la oposición sobre el tema y organizaría un simposio para dar información sobre el mismo. Como había sucedido cuando el debate nuclear se había planteado años atrás, desde los principales partidos opositores al Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, la idea de instalar una planta nuclear fue bien recibida, y se insistió sobre la necesidad de derogar el artículo 27 de la ley Nº 16.832 (que prohíbe a texto expreso el uso de energía de origen nuclear en Uruguay).

Otra vez, el tema nuclear vuelve a estar presente sobre la mesa. No obstante, como sucedió anteriormente, los actores sociales no se han quedado callados frente al mismo; en el Segundo Congreso del Pueblo se entendió que “es necesario priorizar otro tipo de alternativas antes de discutir la opción, sin que ello necesariamente implique descartarla”. Agregaron que “entre los principales puntos críticos a considerar en el debate nuclear se incluye la cuestión ambiental, de desarrollo sustentable, costos, y tiempos de construcción”. A su vez se insistió en la necesidad de que se continuaran las incipientes iniciativas de emprendimientos de generación de energía mediante fuentes renovables, alentando a que esto se convirtiera en una política de Estado. Hoy, como ayer, el debate nuclear vuelve a estar presente. Ha cambiado el esquema político que muestra amplios consensos en la esfera partidaria; se trata de un nuevo escenario, para el mismo problema.