El nuevo extractivismo desarrollista en Sudamérica Ricardo Verdum | 14 de enero de 2010 Disponible en la traducción: The New Developmental Extractivism in South America
Programa de las Américas Artículo entero: http://www.ircamericas.org/esp/6651 www.ircamericas.org
La sociedad, la economía, el quehacer político y el ambiente atraviesan profundas trasformaciones en la región sudamericana, y especialmente en la Amazonia. Algunas de ellas continúan inadvertidas, sea por desconocimiento, omisión o connivencia. A lo que parece, la región seguirá sirviendo de territorio estratégico a la economía política mundial. Mientras tanto, esta importancia radicará cada vez más en su potencial como proveedora de recursos que se vuelven mercancías para los centros manufactureros más dinámicos, ubicados, en su mayor parte, fuera del subcontinente sudamericano. Cuando mucho, se fortalecerá la posición política, económica y financiera de países como Brasil, que sigue actuando y recibiendo incentivos de los centros económicos para convertirse en la principal fuerza inductora del proceso de reestructuración, modernización y expansión del modelo capitalista de desarrollo en la región. Coadyuvante de lo anterior es la creciente demanda mundial de minerales e hidrocarburos (petróleo, gas y derivados), especialmente de parte de China. Además se repiten las evaluaciones de organismos como el BID y el BIRD de que Brasil y los demás países de la región deben invertir en infraestructura para reducir costos y tiempos de transporte. La geografía y la precaria o inexistente infraestructura de conexión, juzgan estas instituciones, dificultan la logística y aumentan el costo no tarifado de la circulación y el comercio de productos en la región.1 Ése es uno de los principales riesgos que percibimos en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA): el riesgo de que la región devenga, nada más y nada menos, en proveedora de factores materiales generales para la producción (es decir, infraestructura), a fin de potencializar uno de los "modelos de desarrollo" que han caracterizado el camino histórico de la región en la economía mundial—extracción y exportación, ampliando así la escala de las importaciones—con un mínimo de valor agregado. El Nuevo Extractivismo Desarrollista Lo que llama la atención de algunos analistas es que sean precisamente los gobiernos progresistas y de izquierda, elegidos por su plataforma política contraria a ese modelo (y que se autonombran pos-neoliberales), los que ahora reafirman la función de región proveedora de recursos naturales, y que hoy gobiernan aproximadamente cuatro quintos de la población y unas tres cuartas partes del territorio sudamericano. En la exportación de minerales, petróleo y productos para la industria agropecuaria es donde estos gobiernos vislumbran el motor del "crecimiento económico" nacional, incluyendo también los agrocombustibles obtenidos de la soya y de la caña de azúcar (etanol), que en la última década han recibido crecientes incentivos financieros en las áreas de investigación y producción, especialmente en países como Brasil y Argentina. Así como ya se habla de un "financiamiento de izquierda",2 analistas atentos a la dinámica económico-política en la región postulan que hay elementos suficientes para afirmar que existe un modelo de "nuevo extractivismo progresista" para el crecimiento económico,3 que perpetúa un modelo de desarrollo basado en la apropiación de la naturaleza, y alimenta una red productiva poco diversificada y concentrada en unos cuantos grupos empresariales. Ese tipo de economía es muy dependiente de la capacidad de inserción de esos países (es decir, de sus empresas) como proveedores de materias primas, a nivel internacional. En el nuevo extractivismo, el Estado asume un papel más activo, nacionalizando empresas (como en Bolivia y Venezuela, por ejemplo) y/o estableciendo sociedades público-privadas con características que varían de acuerdo con la situación o el país (como en Brasil). Hay una extrema imbricación entre los gobiernos, en sus distintos niveles, y las empresas transnacionales y/o empresas privadas controladas por las élites nacionales. En algunos casos, los gobiernos aportan un gran apoyo financiero o incentivos económicos muy atractivos, cómo la exención de impuestos, facilitando la instalación, modernización y expansión de empresas y conglomerados empresariales en los países. Pueden apreciarse ejemplos de esta imbricación público-privada en la participación de bancos públicos brasileños como BNDES y Banco do Brasil (BB) en el financiamiento y participación como accionistas de empresas y conglomerados empresariales que actúan en los sectores de infraestructura y extracción, ya sea en Brasil o en los demás países sudamericanos. Los gobiernos progresistas asumen dicho papel legitimados por el proceso social y político que les ha conducido a los principales puestos de la administración pública de los países; por la adopción de políticas para la redistribución de parte de los ingresos y tributos generados en esa economía; y porque han viabilizado el desarrollo de algunos proyectos de participación democrática en la gestión pública. Como el nuevo extractivismo se vuelve una importante fuente de recursos para financiar los programas sociales (véase el caso del anunciado 'Fondo Social' en Brasil, que empleará parte de los recursos petroleros debajo de la capa de sal (pre-sal) para proyectos sociales), los gobiernos se legitiman políticamente como progresistas, reforzando al mismo tiempo la posición de sus países como economías preponderantemente extractivistas y exportadoras. Sin embargo, eso no ha impedido la perpetuación de impactos y daños sociales y ambientales negativos semejantes a los ocurridos en periodos anteriores, o que siguen ocurriendo en países sudamericanos con gobiernos políticamente conservadores, como Perú y Colombia. Tampoco ha impedido el surgimiento de movimientos de resistencia social y de acciones de gobiernos y empresas para deslegitimar, reprimir, criminalizar y cooptar segmentos de las poblaciones locales y organizaciones de la sociedad civil solidarias a ellas.