lunes, agosto 16, 2010

JUAN DALMAU RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DEL PIP

14 Agosto 2010 / El Nuevo Día

Ante la nueva amenaza

La propuesta gubernamental de un gasoducto que cruzará la Isla desde Guayanilla hasta Arecibo, y de allí hasta San Juan constituye una nueva amenaza que peligrosamente compromete la seguridad pública y el medio ambiente.

La propuesta gubernamental de un gasoducto que cruzará la Isla desde Guayanilla hasta Arecibo, y de allí hasta San Juan constituye una nueva amenaza que peligrosamente compromete la seguridad pública y el medio ambiente.

Se trata de una propuesta que repite las viejas y desacreditadas formas de producción de energía utilizando fuentes energéticas que no producimos, de abastos limitados, altamente contaminantes, sujetas a variaciones impredecibles en el precio y potencialmente peligrosas para las personas que residen en las zonas cercanas donde ubicaría el gasoducto.

El problema de producción de energía y sus costos no se resuelve sustituyendo la quema de petróleo por el uso de gas natural o carbón. Se resuelve utilizando fuentes energéticas limpias y renovables que podemos producir nosotros mismos.

Para la producción y reducción de costos energéticos, que es uno de los argumentos que se esgrimen para el establecimiento del proyecto del gasoducto, deben adoptarse medidas costo-eficientes y ambientalmente viables. Por ejemplo, el PIP ha propuesto crear un parque de energía fotovoltaica en los terrenos entre Guayanilla y Peñuelas, antiguamente ocupados por industrias petroquímicas como la CORCO y la PPG.

A cambio de la inversión gubernamental en la descontaminación de esos terrenos hasta un nivel aceptable para el establecimiento de la finca fotovoltaica, el Gobierno adquiriría cerca de 1,500 cuerdas a precio por debajo del mercado. Allí se ubicarían paneles fotovoltaicos para generación de energía a gran escala. La producción de entre 156 millones a 312 millones de vatios en las horas pico, sería suficiente para iluminar de 75,000 a 150,000 hogares. La inversión fluctuaría entre los $907 millones y $1,500 millones, que se recuperarían en unos diez años partiendo del precio actual de la electricidad de cerca de $0.20/kwh.

Además, como complemento a esta propuesta de generación masiva de energía solar, se pueden utilizar los cerca de un millón de techos residenciales en el país para colocar paneles fotovoltaicos. Esto podría generar energía suficiente para reducir en un 8% la producción de energía durante las horas pico.

Otra medida que puede explorarse es la renovación de las turbinas hidroeléctricas por turbinas micro-hidroeléctricas para aprovechar corrientes de aguas disponibles y dar servicio a comunidades más aisladas. También se puede explorar el establecimiento de molinos de viento en áreas que no tengan impacto ambiental adverso.

Éstos son solo algunos ejemplos de medidas sensatas, responsables y costo-efectivas que son producto de un profundo análisis y estudio de especialistas en temas energéticos y ambientales. Estas medidas también permitirían un desarrollo económico nativo, fomentando el crecimiento de industrias locales relacionadas con productos y servicios de energía.

El PIP se opone al establecimiento del gasoducto del norte y estamos realizando reuniones con los dirigentes y militantes de la colectividad en los pueblos a impactarse para que, junto al liderato comunitario de la región, logremos una oposición articulada e informada al proyecto.

Así como logramos, junto a múltiples sectores, enfrentar exitosamente la pretensión del pasado gobierno de establecer un gasoducto en la zona sur, combatiremos esta nueva intentona del actual gobierno. Ante la nueva amenaza la respuesta es clara: militancia, compromiso y organización.

http://www.elnuevodia.com/columna-antelanuevaamenaza-759454.html

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