Aquí el enfoque de uno de los diarios más prestigiosos de América Latina sobre la realidad boliviana, el enorme peso de los hidrocarburos en la economía y la alerta sobre la falta de una adecuada planificación energética para el desarrollo

Rosa Rojas – La Jornada, México

Plataformaenergetica.org (La Paz, 10/10/10).- Luego de las victorias electoral, militar y política del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales Ayma sobre la oposición (entre 2006 y 2009), que cerraron el ciclo de la crisis estatal en Bolivia en las elecciones del pasado 4 de abril, el país está construyendo, según el vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, “un Estado plurinacional, una economía social comunitaria y un proceso de descentralización del poder bajo la forma de las autonomías departamentales, indígenas y regionales. Un Estado complejo”.

En posteriores intervenciones y conferencias de prensa, García Linera ha detallado que una vez consolidado el poder político, ahora el proceso de cambio avanza hacia la industrialización de los recursos naturales para apuntalar el poder económico y para romper con el viejo esquema de que Bolivia sea solamente exportadora de materias primas. Para ello no se vale de las recetas de organismos internacionales, sino de un modelo económico boliviano que dinamiza la economía interna con bonos para los escolares, los adultos mayores y las mujeres gestantes.

En los primeros cuatro años de gobierno del MAS, García Linera indica que la economía boliviana creció más que en las últimas tres décadas, a un promedio de 5.2 por ciento desde el comienzo del gobierno en 2006 y destacó que de 2006 a 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia subió de 9 mil millones de dólares a 17 mil millones, mientras que las exportaciones aumentaron de 2 mil 700 millones a 5 mil 300 millones de dólares, las reservas internacionales se acercan a 9 mil millones de dólares y se redujo la pobreza extrema en ocho puntos en tres años.

No obstante, análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) señalan que el país está cada vez más atado a la explotación de las materias primas, ya que en el incremento a 5 mil 300 millones de dólares de las exportaciones adquieren creciente importancia los sectores extractivos de hidrocarburos y la minería, que pasó de 47 por ciento en 1988, a un 80 por ciento del valor de las exportaciones.

Entre el 2004 y 2005, el crecimiento del sector de hidrocarburos explicó cerca de 25 por ciento del crecimiento económico del país, y en 2008 el crecimiento del sector minero explicó casi 40 por ciento del crecimiento económico. Todo eso explica también que se pudo pasar de un déficit fiscal casi crónico a un superávit fiscal, sostiene el CEDLA.

Entre los riesgos del boom del gas sobre la economía nacional la ong advierte la volatilidad de los ingresos fiscales por lo inestable del precio internacional del petróleo; la creciente explotación de recursos naturales no renovables; la necesidad de fuertes inversiones, que llevan por un lado a contratar deuda externa “a veces en condiciones poco transparentes”, y a otorgar mayores concesiones económicas y fiscales para las empresas transnacionales.

Por otra parte, expertos del CEDLA advierten que la falta de planeación en la industria de los hidrocarburos está llevando a que en aras de exportar gas a Brasil, Argentina y nuevos mercados como Paraguay, se descuide la atención al mercado nacional, que requiere otro tanto de lo que se exporta actualmente. La escasez de gas natural para la industria nacional llevó a que en septiembre se iniciara la importación de 20 mil toneladas de cemento, pese a que la industria cementera tiene capacidad instalada para incrementar su actual producción.

Hay también la advertencia de que los pasivos medioambientales son crecientes. Muchos de los daños ocasionados por la explotación de las industrias extractivas “son permanentes e irreversibles”, añade CEDLA.

Justamente buena parte de los conflictos sociales con pueblos indígenas del Oriente se deben a la actividad de las transnacionales petroleras, por un lado, y por otro, grandes problemas ambientales en departamentos tradicionalmente mineros como Oruro y Potosí, se deben a la actividad minera, grande o pequeña.

El gobierno tiene, además, problemas de gestión: en marzo, después de una evaluación del desempeño gubernamental con sus ministros, el presidente Morales se manifestó preocupado porque en el primer trimestre del año se registró una ejecución presupuestaria de apenas 6 por ciento, reveló entonces el vocero político del oficialismo, Jorge Silva.

El 23 de septiembre, el ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, informó que la ejecución presupuestaria en inversión pública, a ocho meses y medio de gestión, se encontraba entre un 40 y 49 por ciento, si bien estimó que en tres meses se cumpliría con el 100 por ciento, “ya que de 2 mil 200 millones de dólares de inversión, más de 40 por ciento se va en hidrocarburos, minería, industrialización”.

Está también el problema del narcotráfico. Álvaro García admitió que los recursos que éste inyecta a la economía de Bolivia están entre los 300 y 700 millones de dólares; rechazó que el crecimiento económico de los últimos años en el país, pese a la crisis internacional, se deba a esa actividad ilegal, pues esa cifra sólo representa entre el 1.5 por ciento y el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

El primero de octubre, el presidente Morales admitió: “Quiero ser muy sincero: lo que no estamos pudiendo arrancar es la industrialización del gas y la petroquímica”, dijo, responsabilizando de ello a la falta de “acompañamiento” de los expertos en hidrocarburos bolivianos para impulsar ese proceso, ya que, apuntó, prefieren ganar miles de dólares mensuales trabajando para las transnacionales.

Sin embargo, el mandatario obvió que el retraso de más de dos años en la planeada construcción de una planta separadora de líquidos, se debe a la presunta corrupción de un hombre muy cercano a él, Santos Ramírez, ex director de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, quien está preso acusado de irregularidades en la contratación de una empresa para ello.

La conflictividad social, según información de la Fundación Milenio, es ascendente, con un promedio en la gestión de Morales (2006 agosto de 2010) de 49.4 conflictos al mes, cifra que prácticamente duplica el registro histórico desde 1970.

El gobierno de Morales sobrepasó el récord de eventos conflictivos que tenía el gobierno de Hernán Siles Suazo en octubre de 1984, con 93 conflictos en un mes, en dos ocasiones: en marzo de 2009, con 95, y en mayo de 2010, con 117. A diferencia de antes, que había un mecanismo centralizador de los conflictos, como la Central Obrera Boliviana, ahora las movilizaciones son “fragmentadas, socialmente dispersas y políticamente desarticuladas” y aunque no ponen en riesgo la estabilidad política, “en conjunto están limitando severamente la capacidad de gestión del gobierno”, señala el informe.