La nacionalización de YPF: “Nuestras empresas” y la “seguridad jurídica”

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Pedro Ramiro / OMAL

Argentina expropiará el 51% de las acciones de la filial argentina de la petrolera Repsol. ¿Qué precio va a pagar el Estado argentino por las acciones expropiadas?, ¿Qué medidas políticas y comerciales van a tomar el gobierno español y la Unión Europea?, ¿Cuáles van a ser los aliados del gobierno argentino en este conflicto diplomático?

Después de varios días de numerosos rumores sobre la posibilidad de que el gobierno de Argentina anunciara la nacionalización de YPF, finalmente se concretó la noticia: la presidenta Cristina Fernández comunicaba ayer la expropiación del 51% de las acciones de la filial argentina de la petrolera Repsol. Como este asunto va a marcar la agenda política y económica de las próximas semanas, vamos a tener tiempo de ir analizando las muchas y muy importantes decisiones que, tanto la empresa como los gobiernos español y argentino, irán tomando en estos días. (1) Por lo pronto, ante la sucesión de declaraciones y reacciones que se han venido produciendo últimamente en España en torno al “caso Repsol”, pensamos que vale la pena detenernos en cinco cuestiones clave. Veamos.

I. “Nuestras empresas”

«El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España». José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, 12/04/12.

¿Son Repsol y otras corporaciones transnacionales como Telefónica, BBVA o Iberdrola “nuestras empresas”? En la última década, hemos visto cómo en muchas ocasiones los principales medios de comunicación y los gobernantes españoles se referían así a las grandes corporaciones cuya sede central se encuentra en el Estado español: «Nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás», decían desde el gobierno de Zapatero hace tres años. Y es que, según el discurso oficial, la internacionalización de “nuestras multinacionales” es una de las principales fuentes de riqueza para este país. En base a ese argumento, habría que defenderlas por encima de todo y dar por sentada la máxima de que «lo que es bueno para ‘nuestras empresas’ es bueno para la población española». Pero estas empresas, que sí puede decirse que fueron “nuestras” hasta finales de los años noventa -no olvidemos que compañías como Repsol, Telefónica, Endesa y Gas Natural fueron de titularidad pública hasta hace apenas una década y media-, hoy sólo pertenecen a sus accionistas. Y, en realidad, ellos son los únicos beneficiarios, junto con los directivos y ejecutivos de estas compañías y todos esos políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las “puertas giratorias” que conectan el sector público y el mundo empresarial, con la expansión global de los negocios de estas compañías. Por citar sólo un dato: Antonio Brufau, presidente de Repsol, recibió una retribución por el desempeño de su cargo de 7,08 millones de euros en 2011.