Sociobosque: otra cara del capitalismo verde

ACCION ECOLOGICA, Ecuador

Cientos de comunidades y organizaciones en el mundo se oponen a que los bosques entren en el negocio del clima pues significaría, en beneficio de los contaminadores, la usurpación de millones de hectáreas de tierras, y la pérdida de derechos sobre ellas.

En el Ecuador está sucediendo lo mismo. Mujeres indígenas convocadas por las organizaciones CONAIE y CONFENIAE se reunieron en Tena, provincia del Napo, los días 29 al 31 de julio del 2010. En el “Encuentro de Mujeres Frente al Cambio Climático” las participantes expresaron su oposición (1) al proyecto SocioBosque cuya meta es alcanzar las 4 millones de Has de bosques y 800.000 de páramos a través de convenios con comunidades locales. La mayor parte de estos territorios son de pueblos indígenas. El objetivo del Ministerio del Ambiente es colocar esta propuesta en los planes de REDD -Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques. Esto permitiría al gobierno negociar los bosques de los pueblos indígenas en los mercados de carbono y de otros servicios ambientales.

¿POR QUÉ LAS COMUNIDADES SE OPONEN AL SOCIOBOSQUE Y SOCIOPARAMO?

A fines del 2008 el Ministerio del Ambiente del Ecuador inició la ejecución del Proyecto SocioBosque, y en el 2009 el proyecto Socio Páramo, con el argumento de que eran soluciones para resolver el problema del cambio climático y al mismo tiempo entregar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas incentivos por la “conservación” de tierras. Sin embargo, como lo declara Max Lascano, Director del programa Socio Bosque (2) el programa busca comercializar, con empresas públicas o privadas, servicios ambientales como agua (3), biodiversidad (4) y carbono, gracias a contratos firmados entre el gobierno y las comunidades locales.

Tampoco se trata de “conservación” pues el SocioBosque no evitaría que se realicen actividades destructivas como minería o extracción de petróleo en las áreas sujetas al convenio (5).

Para poder entrar en el competitivo mercado de servicios ambientales, el Ministerio del Ambiente se está asegurando que la vigencia de los contratos sea de 20 años renovables automáticamente por 20 años más.