Tu barrio puede ser el próximo
Por: María de Lourdes Santiago
Por: María de Lourdes Santiago
Vivir allí por años, décadas o toda una vida. Comprar o construir la casa en la que crecerá una familia. Afianzar los vínculos con aquellos que comparten suerte y vecindad en ese barrio que, sin ser perfecto, es hogar para tanta gente.
Y un día, perderlo todo.
Ese puede ser el amargo futuro para cientos de comunidades en Puerto Rico que se ven amenazadas por la nueva modalidad de desplazamiento y sustitución de población: la expropiación forzosa. Y tras la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos emitida el pasado 23 de junio en el caso de Kelo v. City of New London, la pérdida de la propiedad a manos del Estado no tiene que estar justificada por lo que hasta ahora se ha entendido como un “uso público”.
Como se señaló en una de las opiniones disidentes del caso, ninguna propiedad bajo bandera americana está a salvo. Tu barrio –aunque sea una comunidad establecida, que no padezca pobreza extrema, ni condiciones que representen peligro para los residentes– puede ser el próximo.
Ya vimos ese nuevo mecanismo de destrucción de comunidades actuando en el Barrio San Mateo de Santurce. Con el apoyo de las líneas de crédito provistas por tres instituciones bancarias, el Departamento de la Vivienda se convirtió en depredador (de la comunidad) y agente de bienes raíces (de ciertas empresas constructoras).
Desde el pasado cuatrienio, bajo la dirección de la señora Ileana Echegoyen (anterior Secretaria y hoy asesora del gobernador) el Departamento se dio a la tarea de obligar a los residentes de Santurce a vender sus casas, no para iniciar proyectos de uso público, sino para demoler todos los edificios y transferir la titularidad a compañías que levantarán allí condominios de altísimo costo. Para añadir sombra a todo el proceso, la información sobre esas transacciones que en el pasado se le requirió a la ex Secretaria, y que se le ha vuelto a pedir al actual titular, Jorge Rivera, no ha sido entregada a la Asamblea Legislativa. Lo que sí ha tenido que admitir el Secretario es que en este extraño negocio los expropiados no han sido los únicos perdedores; el pueblo de Puerto Rico ha perdido una cantidad indeterminada de millones de dólares en esta jugada, diseñada bajo el disfraz de “revitalización de Santurce”, pero con el propósito evidente de usar arbitrariamente los poderes del Estado para beneficiar a dos o tres.
Lo ocurrido en San Mateo, con toda probabilidad, se extenderá al resto de Santurce, y mucho más allá de la zona metropolitana.
La historia es la siguiente: cuando comenzó el éxodo hacia los suburbios y urbanizaciones, los cascos urbanos de prácticamente todos los pueblos perdieron su atractivo como lugares de residencia. Descendió el valor, y en consecuencia, el status social de esas zonas, en las que quedaron entonces como sobrevivientes comunidades más humildes.
Algo parecido ocurrió con las zonas costeras. Inhábiles para la agricultura o la industria, los terrenos playeros se convirtieron en el refugio de miles de familias, muchas de las cuales llegaron como “arrimados”. Con el pasar del tiempo y la tolerancia de los titulares, los descendientes de esos primeros habitantes continuaron ocupando parcela tras parcela. Hoy, esos espacios que antes se veían con desprecio son los más atractivos para la construcción de nuevas residencias. Hastiados del tapón de mañana y tarde en la ruta de la casa al trabajo, los que emigraron a las afueras quieren regresar al casco urbano. Y para el fin de semana, nada como un apartamento –si posible en violación a la reglamentación sobre zona marítimo terrestre– a la orilla del mar.
Esa reconquista de ciudad y playa ha visto como obstáculo mayor la presencia de comunidades, alguna de ellas centenarias, en esos lugares. Y no es solamente que allí viva gente, es que esa gente que no se quiere ir de su barrio. Así que, contra la resistencia, la fuerza, y quien único tiene el poder de obligar a alguien a vender su propiedad en contra de su voluntad es el Estado. Esa facultad constitucionnal del gobierno, conocida como poder de expropiación forzosa, requiere que el bien expropiado se destine a un uso que beneficie al país. Ese es el caso de las expropiaciones para construcción de carreteras y escuelas o tendido de infraestructura.
Pero lo que permite el caso de Kelo es algo completamente distinto. Según la interpretación del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Estado puede expropiar un bien a un ciudadano privado para pasarlo a manos de otro ciudadano o ente privado, si este adquiriente va a ser un uso económicamente más rentable de la propiedad.
Es como darle al estado licencia de corredor de bienes raíces conjuntamente con la función de subastador. Un centro comercial es más rentable que una barriada; la construcción de varios multipisos genera más actividad económica que dejar tranquila a una urbanización de medianos recursos como las que vemos bordeando varias de las avenidas principales de la zona metropolitana. Y tras la decisión del Supremo, que como colonia de los EE.UU. nos aplica con fuerza de ley, cada una de esas comunidades está en peligro.
El Tribunal concluye su dictamen con una invitación para que los estados y territorios limiten a través de legislación esa amplísima interpretación que ellos le dieron al concepto de “fin público”. Ya varios han aceptado el reto, y no únicamente para proteger a comunidades de bajos recursos. La decisión de Kelo amenaza también a los grandes terratenientes que no están dando uso a sus propiedades. Si una empresa constructora interesa un terreno para desarrollar un proyecto de esos “que generan actividad económica” y no puede convencer al dueño de que lo venda a las buenas, el gobierno puede obligarlo a la malas. Ese es el efecto, cínicamente democratizante, de la decisión de Kelo v. City of New London.
Como portavoz del PIP en el Senado, presenté un proyecto de ley para enmendar la ley de expropiación forzosa, a los fines de que no pudiera usarse como fin o utilidad pública que justifique una expropiación la adquisición de un bien para transferirlo a otro interés privado que se lucrará de esa transacción. Si la Asamblea Legislativa no actúa, prevalecerá lo ordenado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos –compuesto por jueces designados y confirmados por un gobierno por el cual nosotros no votamos.
A ver si los senadores y representantes, aunque no los mueva el interés del resto del país, se dan cuenta de que, si esto sigue como va, la casa de cualquiera de ellos puede ser la próxima.
Publicado en El Vocero
Edición de: 31 de agosto de 2005
Etiquetas: Santurce
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