Paseo Caribe se derrumba en el Tribunal Federal

Escrito por Oscar J. Serrano

Miércoles 04 de Noviembre de 2009

Centro de periodismo investigativo

La demanda multimillonaria que el desarrollador de Paseo Caribe sometió en el Tribunal Federal contra el Gobierno de Puerto Rico por los supuestos daños que sufrió cuando la obra fue paralizada en 2007 quedó desestimada porque no se pudo demostrar que hubo violación de derechos en el proceso de suspensión de permisos.
El razonamiento del Tribunal Federal choca con las alegaciones públicas que los representantes del sector de la construcción hicieron durante los meses de controversia del proyecto. En ese momento, se dijo que la actuación del Gobierno al suspender los permisos del proyecto causaría una incertidumbre irreparable entre los inversionistas. Pero, al desestimar el pleito, el tribunal señaló que los demandantes utilizaron "presunciones legales incorrectas", "premisas legales erróneas", y no pudieron demostrar fallas en el proceso que la ley de Puerto Rico establece para suspender el permiso.
Aunque concedió que la cadena de actuaciones gubernamentales alrededor de Paseo Caribe "se pasó de castaño oscuro", el tribunal encontró que no son suficientes como para hallar una violación de derechos. Los desarrolladores de Paseo Caribe no pudieron sostener su alegación de que eran objeto de procesamiento selectivo ni tampoco que la presión que los manifestantes ejercieron fuera indebida.
La desestimación final la decretó el juez Daniel R. Domínguez el 30 de septiembre pasado basándose en un informe del magistrado Bruce J. McGiverin el 3 de agosto. San Gerónimo Caribe Project (SGCP), quien sometió la demanda por $38 millones el 24 de octubre de 2008 contra el ex Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, el ex secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos y el ex jefe de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) Luis A. Vélez Roche, anunció que va a solicitar una apelación de la desestimación.
En el recurso original, la entidad corporativa a través de la que se maneja el desarrollador Arturo Madero, alegó que la paralización del proyecto por 70 días fue resultado de una violación de sus derechos propietarios. Pero el juez Domínguez concluyó que ese derecho de construcción no estaba claro porque el secretario de Justicia lo había dejado en entredicho mediante una opinión en la que determinó que parte de los terrenos que ocupa el proyecto son bienes públicos que no pueden ser vendidos o negociados sin acción legislativa. Además, el juez determinó que no cabe una alegación de violación de derechos porque el desarrollador no pudo probar que el proceso de permisos puertorriqueño no le ofreciera suficientes oportunidades para defenderse de la acción de las agencias y solicitar al tribunal que revisen esas decisiones administrativas.
En su informe, el magistrado McGiverin subraya repetidamente que la alegación de Madero y SGCP está claramente decidida desde 2005, en un caso en el cual el Primer Circuito de Apelaciones decidió que cuando unos funcionarios actúan de forma que afecte los derechos de propiedad de alguien, lo que vale no es si hubo un proceso apropiado antes de afectar ese derecho, sino que lo que vale es ver si hay un proceso adecuado para revisar esa actuación burocrática. En este caso, dijo el magistrado, los desarrolladores no pudieron demostrar que el proceso que siguió el Gobierno fuera violatorio de la ley.

Esta determinación contrasta con los argumentos que algunos desarrolladores usaron durante la controversia pública álgida sobre Paseo Caribe, en el sentido de que suspender temporeramente el permiso causaría una catástrofe en el sector de la construcción y evitaría que los inversionistas extranjeros iniciaran proyectos en la Isla. Tras varios meses, el Tribunal Supremo revocó la opinión del secretario de Justicia y restableció los permisos del proyecto.

http://cpipr.org/inicio/reportajes/40-reportajes/127-paseo-caribe-se-derrumba-en-el-tribunal-federal.html

“Un pequeño click, pero un gran tortazo”

Oscar J. Serrano / Especial para www.aspprodigital.com

Algo curioso sucedió hoy mientras tres o cuatro noticias relacionadas al Tribunal Federal rompieron casi simultáneamente. Pero antes, un poco de contexto (background).

Las organizaciones y periodistas que somos demandantes (o sea, los clientes de nuestros abogados) en el pleito contra el FBI, llevamos meses a oscuras de las mociones, deposiciones, y revelaciones del caso porque nuestros abogados enfrentan una orden de mordaza por parte del Juez Presidente José A. Fusté que llega al extremo de evitar la comunicación entre abogados y clientes. La razón específica era la intención del Gobierno de proteger la identidad de los agentes que participaron porque, ¡horror de horrores!, "los Macheteros" podrían atentar contra ellos.

Pues hoy (13/8/09), Fusté emite su decisión, llena de errores fatales y hasta tergiversaciones en sus premisas y en sus argumentos, desestimando la demanda sin que todavía una sola pieza de evidencia desfile frente a un jurado. Lo hace con una decisión que queda registrada en el sistema electrónico PÚBLICO de la secretaría del tribunal poco después del mediodía. Yo me entero, la bajo, se la circulo a ustedes y comienzo a leer.... hasta que me entero que en la oficina del juez hay llanto y crujir de dientes porque, después de toda la trama encubridora de la mordaza, el juez puso los nombres de los agentes y el contenido de sus testimonios en la orden que ya les había circulado.

Inmediatamente, ordenó que se pusiera una restricción de acceso para que sólo los abogados (que no pueden hablar con sus clientes) la pudieran ver.

Debido al error del juez, ahora sabemos que el agente del gas pimienta (pepper spray) se apellida REGIL y que los agentes, incluyendo al Superintendente Figueroa Sancha (vean www.aspprodigital.com), dijeron en sus deposiciones que pensaban que había un perímetro pero no podían asegurarlo porque ninguno de ellos puso cinta amarilla o vió apostado a un compañero. Es decir, que los propios agentes confirman lo que ha sido nuestra principal alegación desde el principio, que la agresión no sólo fue injustificada porque fue viciosa sino que fue injustificada porque nunca se violó ningún perímetro, ¡porque nunca existió un perímetro!.

Claro.... a pesar de todo esto, el juez falla a favor del FBI y evita que un jurado de puertorriqueños y puertorriqueñas evalúe la prueba. Por supuesto que el juez no quiere eso, si hoy mismo un jurado (sin vídeo) encontró que un grupo de policías municipales era culpable de la muerte de un ciudadano. Para muestra, un botón basta, he aquí una joyita del razonamiento del juez.... ¿recuerdan como Joel Lago fue uno de los que más directamente recibió el spray? ¿Recuerdan cómo en el vídeo se ve claramente que Joel quedó aturdido y desorientado desde que estaba adentro y que fue sacado a patadas por agentes aún cuando estaba sentado en la acera tratando de recuperarse?

Pues, para el juez Fusté, "momentos después, cuando Lago se sentó bloqueando la salida peatonal, fue razonable que Regil usara el pepper spray en su contra para que los agentes pudieran cerrar la salida y restablecer el perímetro". Osea, Joel se merecía el spray por estar ahí sentado bloqueando la puerta y evitando que se restableciera un perímetro que ningún agente pudo asegurar que existía en sus testimonios.

En vista de que la decisión ya no está disponible porque el juez Fusté la restringió, vuelvo a anejarles el escrito para que, sencillamente como un acto a favor del derecho de acceso a la información, todos ustedes lo copien a sus contactos y lo publiquen en sus redes sociales..... es un pequeño click para ustedes pero un gran tortazo a los que utilizan el poder para controlar la información y procuran manejarse a oscuras.

*Presidente de la Asociación de Periodistas de PuertoRico (Asppro) y codirector del Centro de Periodismo Investigativo