El anuncio de la pasada semana de que la compañía Monsanto invertirá unos $4.3 millones para establecer un laboratorio bioagrícola en Juana Díaz trae de vuelta a la palestra pública una polémica que a nivel mundial crea álgidas disputas y cumbres para discutirlas, pero en Puerto Rico parece pasar desapercibida.
El secretario de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), José Pérez Riera, y el secretario del Departamento de Agricultura, Javier Rivera Aquino, informaron que el acuerdo, que crearía unos 45 empleos en un laboratorio de 20,000 pies cuadrados, es para trabajar en semillas mejoradas de algodón y maíz, que en arroz y habichuelas se traduce en la creación de organismos genéticamente modificados (GMO, por sus siglas en inglés) y, en algunos casos, a la creación de organismos transgénicos, productos que han generado críticas y protestas a nivel global por las decenas de implicaciones que pueden tener.
“Puerto Rico ha sido un lugar para experimentar por décadas. Incluso se ha hecho con seres humanos”, dijo Juan Rosario, de Misión Industrial. “Se ha experimentado con plaguicidas en agua potable, con radiación, se regó Agente Naranja en fincas, hubo esterilizaciones químicas masivas... y de todas las cosas que se han experimentado ninguna es tan peligrosa como lo que han estado haciendo con los organismos genéticamente modificados”.
“Estamos jugando a la ruleta rusa”, agregó.
Un organismo transgénico es uno al que mediante la ingeniería genética se le manipula o se le agregan características de otros organismos para que, por ejemplo, sean resistentes a las plagas, a los cambios climatológicos, para que tengan mayor valor nutricional o resistan ciertos herbicidas.
No es la primera planta de este tipo que se establece en la Isla. De hecho, ya operan nueve en nueve municipios: Monsanto (que ya tiene operaciones en Santa Isabel, Isabela y Aguadilla); Pioneer Hi-Bred (Salinas, Santa Isabel, Guayama y Juana Díaz); Syngenta Seeds (Juana Díaz y Salinas); AgReliant Genetics (Corozal, Santa Isabel); Dow Agrosciences (Santa Isabel); RiceTec (Lajas); Bayer CropScience (Sabana Grande); Illinois Crop Improvement Association Inc. (ICIA) (Juana Díaz) y 3rd Millenium Genetics Inc. (Santa Isabel).
“ES UNA DECISIÓN TERRIBLE”
“Es una decisión terrible el traer todos esos experimentos y cultivos para acá”, comentó por su parte el periodista y educador ambiental Carmelo Ruiz. “Hay toda una serie de riesgos al ambiente, a la salud humana, de tipo económico para los agricultores de Puerto Rico, los orgánicos, e incluso a todos los que no tengan que ver con esa operación”.
El también autor del libro “Balada transgénica” indicó que los estudios independientes muestran consistentemente que hay implicaciones para la salud humana, especialmente en alergias, causadas por las proteínas aberrantes que hay en el maíz transgénico, también conocido como maíz BT.
Agregó que también hay riesgos de toxicidad, ya que, aunque las compañías dicen que estas plantas necesitan menos pesticidas, lo que realmente sucede es que empresas como Monsanto producen una semilla de soya transgénica llamada Roundup Ready, que resiste el herbicida Roundup que ellos mismos manufacturan.
Ruiz agregó que todos los organismos modificados en laboratorios están patentizados a nivel internacional, lo que les garantiza a las compañías un negocio que es todo ganancia ya que quien use sus semillas tiene que pagar.
“Estamos hablando de códigos genéticos. Esto es la privatizacion de la vida, de los árboles, de granos, rasgos y códigos”, indicó. “Además, todo agricultor que se mete en esto tiene que firmar un contrato básicamente encomendando su alma a la compañía”.
Desde el 2009, estas compañías se unieron y establecieron la Puerto Rico Seed Research Association (PRSRA), pero recientemente la entidad cambió su nombre a la Puerto Rico Agricultural Biotechnology Industry Association (PRABIA), luego de que el gobernador Luis Fortuño firmara en agosto del 2010 la Ley 62, que regula, promueve e incentiva a las empresas de la biotecnología que se establezcan en Puerto Rico o expandan sus operaciones.
Entre los incentivos se incluye permisología expedita y la facilitación para adquirir edificios y terrenos.
En mayo del pasado año, Pridco anunció un acuerdo con Pioneer Hi-Bred para ampliar sus operaciones de investigación y desarrollo utilizando un edificio de Pridco en Salinas. Esta es una subsidiaria de la poderosa compañía DuPont, la segunda mayor productora de semillas modificadas genéticamente en el planeta, la cual opera en Puerto Rico desde 1989.
La más grande productora de semillas modificadas en el mundo es, precisamente, Monsanto.
Tan reciente como el miércoles, la propia Monsanto admitió que se encuentra bajo investigación por la Securities Exchange Comission (SEC) del Gobierno federal, debido a un programa de incentivos relacionado al glifosfato, principal elemento de su herbicida Roundup.
Supuestamente Monsanto, en 2009 y 2010, ofreció a los agricultores que usan sus productos incentivos en efectivo para ayudarles a batallar con otras hierbas que se han tornado inmunes a los productos con glifosfatos como el Roundup.
Diversos grupos opuestos a los organismos modificados genéticamente a través del mundo exigen que se obligue a etiquetar debidamente estos productos y llaman a evitarlos debido a los alegados daños a la salud, ambientales, económicos, sociales y hasta éticos y legales, ya que el uso no autorizado de esa semilla modificada podría violar leyes de patentes.
Pero no es solo en las plantas.
Salmón modificado
La Cámara de Representantes estadounidense debatió recientemente un proyecto que le impediría a la Food and Drug Administration (FDA) la aprobación de un salmón genéticamente modificado que se convertiría en el primer organismo de este tipo aprobado para consumo humano.
Este salmón, llamado AquAdvantage y desarrollado por la compañía AquaBounty, fue modificado con un gen de otro pez para que pueda vivir en temperaturas de congelación, con el gen de crecimiento de otra especie de salmón, por lo que crece dos veces más rápido que el típico salmón del Atlántico, y requiere 10% menos alimentación.
Según Saúl Rosado, presidente de la PRABIA, en la Isla la industria de las semillas crea unos 2,800 empleos permanentes, rentan a la Autoridad de Tierras unos 6,000 acres que antes se utilizaban para caña de azúcar e invierten unos $75 millones cada año.
Y sostuvo que eso está en vías de aumentar, porque Puerto Rico tiene muchas ventajas sobre lugares donde ahora se experimenta con semillas como son Hawai y Chile.
Por ejemplo, dijo, estamos más cerca de Estados Unidos, aplican las mismas leyes que allá, y tenemos la mano de obra y los agrónomos necesarios.
Rosado agregó que el clima boricua permite que en un año se produzcan hasta 3.5 generaciones de maíz, algo que en Estados Unidos, con sus estaciones, tardaba siete años.
Al hablar sobre los riesgos de seguridad, el también gerente general de Syngenta en Puerto Rico dijo que las regulaciones internas que se practican en las compañías que operan aquí son más estrictas que las que imponen las leyes y agencias federales y estatales que los monitorean constantemente.
Agregó que favorece las demostraciones y protestas porque crean debates, sale la información y hace que el proceso, al final, sea lo mejor para todos.
Para finalizar, hizo un paralelismo con el ser humano.
“Cuando nosotros nacemos nos vacunan, que no es otra cosa que introducirnos al cuerpo un agente externo para que el sistema desarrolle el anticuerpo y combata ese agente cuando vuelva a entrar. Lo mismo estamos haciendo con las plantas”.
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