Acosta advierte por un lado que el gobierno de Correa logró avances muy importantes en la independencia económica y en el plano social y cultural, pero cuestiona que se mantenga el mismo patrón de acumulación extractivo.
Por Verónica Gago y Diego Sztulwark
Desde Quito, Ecuador
–¿Cómo explica la convivencia de derechos de avanzada sancionados en la nueva Constitución, que cuestionan incluso el modelo desarrollista tan de moda en América latina, con una serie de críticas que provienen del movimiento indígena y de algunos intelectuales con respecto a cómo el gobierno de Rafael Correa está reglamentando esos derechos, en buena medida yendo en contra de lo que conquistó la Constituyente?
–Hay muchos conflictos de diversa índole. El primero es el que aparece cuando uno ve lo que se escribió en la nueva Constitución de Montecristi, con una altísima participación popular, y lo que está haciendo el gobierno de Correa, que también apoyó la Constitución. Porque esto hay que decirlo: sin este proceso político de revolución ciudadana, sin el gobierno de Correa, no habría sido posible la Constitución de hace dos años. Ahora, esto tiene una serie de complicaciones. Una: el hecho real y cierto de que es difícil poner en práctica todo lo que se plantea en una Constitución, sobre todo en una de avanzada, cuando las fuerzas políticas que están al frente de la gestión gubernamental y parlamentaria no vienen de ese proceso político ni de las organizaciones sociales que lo protagonizaron. Entonces, siempre va a haber tensiones. Incluso si fuese un gobierno completamente vinculado, proveniente de los movimientos sociales, habría también tensiones porque es difícil que los cambios se den de la noche a la mañana. Va a haber una etapa de transición que será más o menos larga, compleja y difícil dependiendo de la fortaleza en términos sociales que tenga todo este proceso político de transformaciones que se ha puesto en marcha. Por otro lado, no nos olvidemos de que hay grupos sociales y políticos que desde una posición maximalista minimizan todos los avances que se han conseguido en estos años. Hay gente que de manera bastante simplona dice que lo que continúa es el modelo neoliberal. Y ya no veo que eso sea así. Aunque tampoco veo que vayamos caminando hacia la construcción del Buen Vivir.
–¿Hacia dónde se va entonces?
–Primero, no se puede decir que como no se va hacia el Buen Vivir, seguimos en el neoliberalismo. Ha habido un proceso de reacomodo de las fuerzas políticas y sociales, incluso de los grandes grupos oligárquicos, que están restableciendo otra relación dentro de la lógica capitalista pero ya no neoliberal. Los mismos empresarios se están reacomodando en un proceso de cambio al cual le es muy útil y funcional el actual gobierno de Correa. Entonces, hay varios problemas. Uno viene dado porque los procesos siempre son difíciles, por más que haya coherencia, fortaleza y decisión; por tanto no va a ser fácil cristalizar todos los avances establecidos en una Constitución. En segundo lugar, menos aún cuando el gobierno tiene enormes contradicciones internas, dudas y cosas que caminan en dirección contraria a la que estableció la Constitución: véase la ley de minería, véase la ley de soberanía alimentaria, véase el proyecto de la ley de aguas donde se avanza un poco cerrando la puerta al proyecto de privatización pero no se avanza hacia la desprivatización, lo cual es incongruente y está en contra de la Constitución. El tercer punto es que muchos sectores, incluso cercanos al movimiento indígena, a los movimientos sociales, nunca entendieron lo que significa la Constitución en términos de logros alcanzados para los movimientos populares y sociales en el Ecuador. Al no entenderlos, no los están defendiendo, no los están asumiendo, y reclaman que el Gobierno no cumple cuando ellos tampoco cumplen su tarea, que es apropiarse de la Constitución y defenderla e incluso hacer una oposición al gobierno de Correa desde la oposición y no desde el discurso estéril.
–Si el llamado posneoliberalismo no es el modelo neoliberal puro pero tampoco es el Buen Vivir, ¿cuáles serían los rasgos de este proceso que caracteriza al gobierno de Correa y que incluye, según lo que usted dice, una mutación en la clase dominante?
–En América latina, en los países donde hay gobiernos progresistas, y en seguida saltan a la vista Venezuela, Bolivia y Ecuador, y luego otros, no se está caminando hacia una transformación estructural de los patrones de acumulación existentes históricamente en nuestra región. No hay un cambio sustantivo. Ya no es el neoliberalismo tradicional, pero seguimos dentro de la lógica extractivista. La forma de producción sigue estando sobredefinida por los productos primarios que exportamos, algunos son recursos minerales, otros son petroleros u otros recursos primarios, pero no hay un cambio de la modalidad primario-exportadora de este extractivismo y tampoco se está cuestionando nuestra forma de inserción sumisa en el mercado internacional. Yo veo eso como una primera cosa. El discurso está ahí: hay una Constitución que abre la puerta para caminar hacia un posextractivismo, hacia una economía pospetrolera en términos más concretos y de más corto plazo. Hay un plan del Buen Vivir del gobierno de Correa donde establece las metas, los objetivos, los principales lineamientos, incluso hay algunas ideas de cómo sería ese proceso de transición, pero no hay en la práctica hechos que estén caminando en esa dirección. Ahora se discute, por ejemplo, el código de producción que vuelve a plantear como opción de desarrollo ya no la economía social y solidaria, sino una economía empresarial con una mayor participación de amplios sectores de la sociedad, con una mayor discusión de la distribución del ingreso y de la propiedad, pero no hay una transformación en marcha, sino la consolidación de un esquema empresarial.
–Entonces, en primer lugar, no se puede hablar de cambio estructural…
–Ese es el primer punto: no podemos hablar de cambio estructural, lo que se ha hecho es una reconversión del viejo extractivismo a un neoextractivismo o el extractivismo de siglo XXI, donde el Estado tiene una mayor participación en la renta minero-petrolera, donde el Estado controla de alguna manera la actividad de las empresas transnacionales, donde hay una mayor distribución de los ingresos provenientes de esas exportaciones a través de una política social bastante sostenida, pero que no deja de ser paternalista y clientelar, y ahí llegamos a otro elemento importante: se ha mejorado la inversión social pero no se está cambiando el patrón de acumulación y concentración de la riqueza, sino que se están distribuyendo, a través de la política social, los excedentes disponibles en tanto países productores y exportadores de materias primas. La pobreza sigue muy marcada en nuestro país, incluso tenemos información que la pobreza en 2009 subió en comparación con 2008 a pesar de que se incrementó notablemente la inversión social, que en los años de Correa pasó del 4 por ciento del PBI al 8 por ciento, y esto no sólo en términos relativos, sino absolutos. Pero no hay ese click cualitativo de romper un patrón de acumulación excluyente, que genera mucha pobreza y concentración de riqueza. La pobreza en los indígenas aumentó el último año de una manera notoria. Tenemos un segundo problema real y grave en este esquema: no sólo que no caminamos hacia una nueva forma de acumulación, que seguimos siendo primario-exportadores, sino que lo más grave para mí es que no se han creado las condiciones para una amplia y activa participación de los movimientos sociales. Esta es una situación sumamente preocupante.
–¿Qué capacidad tienen los movimientos sociales de afectar el patrón de acumulación?
–Lo primero que los movimientos sociales deberían hacer es replantearse su posición frente al gobierno y tener una perspectiva de más largo plazo. Su actual mirada cortoplacista les está haciendo perder la perspectiva histórica del proceso en marcha. Ya no vivimos los años previos al presidente Correa. En Ecuador hay algunos cambios sustantivos, algo que hace cinco años parecía imposible hoy es una realidad: ya no está más la base de los EE.UU. en Malta (Manta); ya no es posible plantear la firma de un TLC con los EE.UU. como hace algunos años; ya no hay la misma sumisión con el FMI y el Banco Mundial: el gobierno ecuatoriano ha reducido drásticamente la dependencia que teníamos del endeudamiento externo; tenemos una política económica contracíclica que hubiese sido impensable en otra época: se desarmaron todos unos fondos de estabilización petrolera que no eran para atender las demandas del país sino a los acreedores de la deuda pública, hay mucha más inversión social y es importante lo que se hace en salud, educación y vivienda popular, así como invertir 300 millones de dólares al año en carreteras. Entonces no nos podemos quedar diciendo que este gobierno traicionó o fracasó o retrocedió. Está construyéndose algo nuevo y hay elementos que deberían ser reconocidos y respaldados por los movimientos sociales. Apoyados sobre todo desde la Constitución, que es de avanzada. Los movimientos sociales e indígenas deberían reflexionar sobre qué sucedería si las fuerzas golpistas, que existen en nuestro país, logran sacar de juego a Correa: se viene todo esto abajo. Me temo que no vamos a estar en mejores condiciones, porque es muy probable que se desarme toda la Constitución. En Ecuador hacer constituciones es casi una tradición: tenemos veinte constituciones desde 1830, una cada diez años en promedio. Todos esos avances van a ser parte de un proceso de contrarrevolución, van a ser retirados con toda seguridad por los grupos oligárquicos, que van a identificarlos sólo con el gobierno de Correa, lo cual no es la realidad.
–¿Cree que es posible una tercera posición entre neoliberalismo y neodesarrollismo o hay que asumir al neodesarrollismo como proceso de transición posneoliberal?
–El neodesarrollismo podría ser asumido como una etapa de transición si hay la verdadera convicción de que se requiere ese paso para llegar a la etapa posextractivista, posdesarrollista. Lamentablemente no acabo de entender en el caso ecuatoriano cómo funcionaría eso cuando se plantea abrir la economía a la extracción de los recursos minerales a cielo abierto. Hay, de una u otra manera, una conciencia, más por necesidad que por convicción, de prepararnos para una economía pospetrolera. El petróleo se acaba, no interesa cuándo, pero ya llegamos a lo que se conoce como la cúpula de la campana de las reservas (campana de Hubbert) y ya estamos declinando, por eso tenemos que prepararnos. Pero para salir del extractivismo abrir la puerta a otra actividad extractivista, depredadora humana y ambientalmente, que nos va a sumir aún más en la dependencia externa, no me parece adecuado. La minería metálica a gran escala a cielo abierto no puede ser la vía para salir del extractivismo. Voy a poner un ejemplo para graficarles lo que estoy viendo y por qué me preocupa. Es como si tuviera un problema de drogadicción y para curarme el médico me dijera que los próximos meses me duplicará la dosis de drogas. Hay incoherencias muy marcadas en este sentido.
–¿Cuáles son las consecuencias de lo que pasó el 30 de septiembre con la sublevación policial, que aquí algunos llaman intento de golpe de Estado y otros, sin embargo, no aceptan tal caracterización?
–Yo identifico tres hechos indiscutibles. Primero: hubo sin lugar a dudas una conspiración fraguada semanas antes para que se produjera una movilización de policías y de fuerzas armadas, que se dio en casi toda la república a nivel de la policía (salvo tres provincias), en algunos recintos militares también, se cerró el aeropuerto de Quito, salieron los soldados a protestar en el Ministerio de Defensa, se cerró el aeropuerto militar de Latacuna y otras unidades más. Segundo hecho claro: el presidente estuvo de rehén; no estuvo totalmente secuestrado alejado del control del poder: no, él podía seguir hablando por celular, tenía contactos y manejaba lo que sucedía en el país, pero no podía salir del hospital si no firmaba un acta en la cual se comprometía a retirar todo lo que estaba afectando a los policías y, al parecer, policías y militares consiguieron posteriormente algo en ese sentido, pero Correo no firmó. Y en tercer lugar, al salir del hospital, Correa tuvo un intento de asesinato. Eso es innegable: hay videos y hay grabaciones policiales que muestran cuando la policía trata de asesinar a Correa y alguna gente a su alrededor cae herida o muerta. En ese contexto, la cuestión no es quedarnos discutiendo si hubo o no golpe de Estado. Lo que pasó fue que paralizaron al Estado, pero la cuestión son las respuestas políticas…
–¿Cuáles han sido?
–El problema es que yo no las veo de parte del gobierno, que hace énfasis en la pesquisa policial y judicial pero no está introduciendo los correctivos: no veo una convocatoria del gobierno para un gran diálogo nacional con los sectores sociales y políticos con los que caminó los primeros años de su gestión para elaborar y aprobar la Constitución. Hoy no existe ese diálogo social, no hay una búsqueda para establecer una base que nos permita construir colectivamente un escenario de expectativas compartidas. No hablo de compartir gobierno, hablo de otra cosa. No veo tampoco un cambio en la relación con los otros sectores de la sociedad. Hay que enfrentar a los grupos oligárquicos que están alentando a las fuerzas golpistas, de la reacción, pero no veo que haya canales para una relación más democrática. Esto se refleja en la Asamblea Nacional, cuando se abordan las leyes, que se tratan de imponer vía veto o cualquier otro mecanismo. No veo un cambio de actitud del presidente Correa: su actitud intolerante, prepotente, con rasgos autoritarios no es la causa de los problemas pero tampoco ayuda, más bien los agudiza, porque él ha generado conflicto con todos los sectores sociales y populares, con todos los movimientos políticos de izquierda. Y creo que el golpe también fue contra la izquierda, a la que veo bastante confundida y fragmentada.
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