Seed Freedom Fortnight
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Dirigentes ambientalistas presentaron el día 26 de noviembre una demanda en Ecuador en contra de la empresa petrolera British Petroleum por el derrame producido en abril en el Golfo de México. Los demandantes exigen que la compañía repare los daños causados, que deje en el subsuelo una cantidad equivalente al crudo derramado y que suspenda sus exploraciones en la zona
La demanda es inédita y se espera que genere repercusiones a nivel internacional a días de empezar la conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas en Cancún."Es el primer caso que se presenta en el mundo contra una empresa por el tema de violentar los derechos de la naturaleza", aseguró el miembro de la organización Acción Ecológica, Benito Bolaños.
La india Vandana Shiva, una de las demandantes, indicó en una rueda de prensa que "no se pueden obviar los derechos de la naturaleza" y se mostró esperanzada de que esta demanda "provoque otros procesos" similares en otras partes del mundo. La líder ecofeminista remarcó que el "primer paso era plasmar los derechos de la naturaleza y el segundo es este juicio" para que estos derechos "sean reales". Según el texto de la demanda, esta se puso en Ecuador porque es el "único país que reconoce el sujeto naturaleza" y sus derechos en la Constitución y se pide que sea la Magistrada Nancy Pacari la que lleve el procedimiento porque es "una mujer indígena (...) hereditaria de la sabiduría de los pueblos originarios".
Por su parte, la abogada colombiana Diana Murcia, otra de las demandantes, explicó que lo que se pide es que BP informe "de lo que pasó y de lo que está pasando" en el golfo de México a consecuencia de este derrame petrolero. Murcia señaló que piden que "BP y las petroleras se abstengan de continuar las exploraciones en aguas profundas" y pidió a Estados Unidos que restablezca la moratoria para que no se pueda explorar en el golfo de México."También pedimos una compensación, pero los pueblos del sur no queremos una compensación económica, el dinero no puede pagar este desastre, queremos que BP deje represado una cantidad de crudo equivalente a la derramada", resaltó Murcia.
El nigeriano Nnimmo Bassey, demandante y presidente de Amigos de la Tierra Internacional, afirmó que visitó la zona del desastre y pudo comprobar que BP mintió sobre el impacto ambiental que causó el derrame que, a su juicio, se podría haber evitado si la empresa hubiera tenido un plan de acción frente a situaciones como estas. Desde su punto de vista, hechos como estos "no pueden quedar impunes" y se tiene que luchar para que "no se repiten", por lo que propuso que se cree "una Corte Internacional para los crímenes contra la naturaleza". "Apelamos al principio de jurisdicción universal que consta en el art.426 de nuestra Constitución", dijo Blanca Chancoso, activista indígena kichwa. Esta normativa permite a cortes nacionales juzgar situaciones que ofenden la conciencia de la humanidad.
Por su parte, Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, afirmó que este caso constituye un desafío para el sistema de justicia del Ecuador. "Se trata de un caso sin precedentes, único en su género. En primera instancia, este proceso irá a una Comisión de Admisión".
Joan Martínez Alier, experto a nivel mundial de la Universidad de Barcelona y fundador de la ecología política, ha comentado al Observatorio SELVAS que "Un grupo de los ecologistas más famosos del mundo, ecologistas del Sur, se han reunido en Quito pocos días antes de la reunión de Naciones Unidas en Cancún, México, sobre cambio climático, para pedir que disminuya la extracción y quema de extracción de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas) por los efectos que tiene en la producción de dióxido de carbono y por los daños terribles que produce esa extracción en muchos lugares del mundo. Desde Nigeria vino Nnimmo Bassey, un líder de la lucha en el Delta del Níger contra la Shell. De Ecuador estaban las representantes de Acción Ecológica, que han batallado 25 años contra la Texaco-Chevron. También estaba el economista y ex-ministro Alberto Acosta quien logró introducir los Derechos de la Naturaleza en la Constitución de Ecuador. De la India vino Vandana Shiva, una figura de los Foros Sociales Mundiales. Todos ellos se dirigieron a la Corte Constitucional de Ecuador entablando una demanda con British Petroleum, para llamar la atención mundial sobre el cambio climático, y para defender los derechos de los pueblos a vivir en paz sin amenazas de las industrias extractivas y para defender los Derechos de las Naturaleza".
El economista Óscar Ugarteche, experto a nivel mundial en tema de deuda externa, ha comentado al Observatorio SELVAS que "que es una idea audaz. Supongamos que falla favorablemente el tribunal constitucional ecuatoriano, ¿Cómo impone la sanción fuera de su territorio? En un caso criminal detienes al sentenciado vía interpol. ¿En este caso cómo sería? Audaz y complejo, sería mi comentario. Sospecho que hay que presionar por la creación de un tribunal internacional contra delitos del ambiente, o algo así".
Sosteniendo que los desastres ambientales son crímenes contra la humanidad. La Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia y sus Presidentes Adolfo Pérez Esquivel e Antonino Abrami, han lanzado en 2009 la campaña mundial para constituir la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente, con el apoyo de Martin Iglesias, presidente del Observatorio SELVAS.
José Augusto Pádua, animador de la Red Brasilera de Justicia Ambiental y docente de la Universidad de Rio de Janeiro, ha comentado al Observatorio SELVAS que "lo que puedo decir es que creo que es un hito en lo que llamamos "globalización alternativa", es decir, el uso creativo de la dinámica y las instituciones internacionales para fortalecer la democracia planetaria, derechos humanos y los derechos de la naturaleza. El reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza también tiene gran valor histórico y jurídico. También parece importante tener un caso ocurrido en el Norte del Planeta a los tribunales de un país en el Sur, revelando que los países más ricos tienen obligaciones morales con relación a la humanidad en su conjunto, especialmente, las mayorías pobres.
Etiquetas: Alberto Acosta, Ecuador, Vandana Shiva
The science of climate change is now clear, but the politics is very muddy. Historically, the major polluters were the rich, industrialised countries, so it made sense that they should pay the highest price. The Kyoto Protocol, adopted in December 1997, set binding targets for these countries to reduce their greenhouse-gas emissions by 5 per cent on average against 1990 levels by 2012. But by 2007, America's greenhouse-gas levels were 16 per cent higher than 1990 levels. The American Clean Energy and Security Act, which was passed in June, commits the US to reduce emissions to 17 per cent below 2005 levels by 2020, yet this is just 4 per cent below 1990 levels.
The Kyoto Protocol also allows industrialised countries to trade their allocation of carbon emissions, and to invest in carbon mitigation projects
in developing countries in exchange for Certified Emission Reduction Units, which they can use to meet reduction targets. But emissions trading, or offsetting, is not in fact a mechanism to reduce emissions. As the Breakthrough Institute, an environmental think tank, has pointed out, the emissions offset in the American act would allow "business as usual" growth in US emissions until 2030, "leading one to wonder: where's the 'cap' in 'cap and trade'?".
Such schemes are more about privatising the atmosphere than about preventing climate change; the emissions rights established by the Kyoto Protocol are several times higher than the levels needed to prevent a 2°C rise in global temperatures. Allocations for the UK, for example, added up to 736 million tonnes of carbon dioxide over three years, meaning no reduction commitments. And emissions rights generate super profits for polluters.
The Emissions Trading Scheme granted allowances of 10 per cent more than 2005 emission levels. This translated to 150 million tonnes of surplus carbon credits, which at 2005 prices translates into profits of more than $1bn.
Carbon trading uses the resources of poorer people and poorer regions as "offsets" for richer countries: it is between 50 and 200 times cheaper to plant trees in poor countries to absorb CO2 than it is to reduce emissions at source. In other words, the burden of "clean-up" falls on the poor. From a market perspective, this might appear efficient, but in terms of energy justice, it is perverse to burden the poor twice - first with the impact of CO2 pollution in the form of climate disasters and then with offsetting the pollution of the rich.
In a globalised economy, addressing pollution by setting emissions levels for each country is inappropriate for two reasons. First, not all the citizens of a country contribute to pollution. As a result of China becoming the world's factory, its CO2 emissions outstrip those of the US, putting it in first place worldwide. In 2006, China produced 6.1 billion tonnes of CO2; the US produced 5.75 billion tonnes. But in the US, emissions were 19 tonnes of CO2 per capita, compared with 4.6 tonnes in China. And much of China's CO2 could be counted as US emissions, because China is producing goods for US companies that America will consume. Wal-Mart, for example, procures most of what it sells from China.
Similarly, while only 2.13 per cent of the world's emissions emanate from the UK's domestic economy, CO2 is created on the UK's behalf in China, India, Africa and elsewhere. The global carbon footprint of UK companies is not known, but estimates suggest that emissions associated with worldwide consumption of the top 100 UK products accounts for between 12 and 15 per cent of the world total.
Thanks to industrialisation, the rural poor in China and India are losing out on their land and livelihood. To count them as polluters is doubly criminal. When global firms outsource to China or India, they need to be responsible for the pollution they carry overseas.
Regulating by carbon trading is like fiddling as Rome burns. Governments and the UN should impose a carbon tax on corporations, both for production - wherever their facilities are located - and for transport, which the Kyoto Protocol does not account for directly. Incentives for renewable energy are also essential. We face a stark choice: we can destroy the conditions for human life on the planet by clinging to "free-market" fundamentalism, or we can secure our future by bringing commerce within the laws of ecological sustainability and social justice.
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| Soil or Oil? | New Book by Vandana Shiva World Food Day Oct 16, 2008 | |
| In a time when we are reaching the peak of world oil production and simultaneously facing a global environmental crisis brought on by a changing climate, the demand for alternatives that are energy efficient and ecologically friendly has never been higher. While environmental issues are everywhere on the dial, so far very few in the industrialized West have realized what the rest of the world has known for some time: We are precipitiously close to a massive food catastrophe. Healthy food is in shorter supply than ever before and the future fertility of much of our farm land is in jeopardy. As the cost of bread soars and rice riots erupt the world over, it is becoming increasingly clear that our collective survival hinges not on two interrelated global crises, but three: peak oil, climate change, and world hunger.
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Navdanya significa «nuevas semillas» , un nombre que evoca la riqueza de la diversidad y el deber de defenderla frente a la invasión de las biotecnologías y de los monocultivos de la agricultura industrial. Junto con las patentes que monopolizan los derechos de propiedad intelectual introducidos por la omc, por el Convenio de Diversidad Biológica y por otros acuerdos comerciales, las biotecnologías reducen la diversidad de las formas de vida al papel de materia prima para la industria y los beneficios. Las semillas genéticamente modificadas encierran a los pequeños agricultores en una jaula de deudas y mentiras. Por eso las llamo las “semillas del suicidio”. Se las hace estériles, a fin de que no puedan reproducirse y tengan que ser adquiridas cada año por los campesinos a precios elevados. Las patentes de las semillas son propiedad de transnacionales como Monsanto, que de esta forma se apropian de las fuentes de vida y de los derechos de dos terceras partes de la humanidad.


La solución propuesta por agra (Alliance for a Green Revolution in Africa), la alianza para llevar una Revolución Verde a África, es construir la infraestructura que facilite el desarrollo de compañías semilleras privadas, algo que la Fundación Rockefeller y el Banco Mundial han intentado por algún tiempo ya, pero con poco éxito. Uno de los primeros pasos de agra entonces sería el establecimiento de redes de “agrointermediarios” (“agrodealers”). que vendan semillas, pesticidas y fertilizantes. agra ya contrató a una ong estadounidense, Citizens’ Network for Foreign Affairs, para realizar este trabajo en Kenya, Tanzania y Malawi. Hasta ahora, la ong estadounidense ha recibido hasta 14 millones de dólares en donaciones… para abastecer a los intermediarios, los donantes de agra también financian a las compañías semilleras privadas. La Fundación Rockefeller es el principal inversionista en African Agricultural Capital, un proyecto con capital de riesgo que invierte en pequeñas compañías semilleras africanas y en parte las controla, compañías que a su vez reciben financiamiento de agra. Con toda seguridad intentan desarrollar mercados entre los campesinos, mercados que siguen siendo muy limitados por la empecinada resiliencia de los sistemas tradicionales de semillas que siempre han abastecido a los campesinos africanos con semillas de alta calidad, adaptada localmente, culturalmente aceptada y muy costeable.
- A new green revolution for Africa?, www.grain.org, diciembre de 2007
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Dos mitos económicos facilitan el separar dos procesos ligados íntimamente: el crecimiento de la opulencia y el crecimiento de la pobreza. En primer lugar, se ve el crecimiento sólo como crecimiento del capital. Lo que ya no se percibe es la destrucción de la naturaleza y de la economía de subsistencia de la gente que crea este crecimiento. Las dos “externalidades” del crecimiento, creadas simultáneamente —la destrucción medioambiental y la creación de la pobreza— son vinculadas luego, incidentalmente, no a los procesos de crecimiento, sino entre sí. Se afirma que la pobreza crea destrucción medioambiental. Y se ofrece la enfermedad como remedio: el crecimiento resolverá los problemas de la pobreza y la crisis medioambiental, a los que inicialmente dio lugar.
El segundo mito que separa la opulencia de la pobreza es suponer que si produces lo que consumes es que no produces. Ésta es la base en que se trazan los límites de la producción para las contabilidades nacionales que miden el crecimiento económico. Ambos mitos contribuyen a la mistificación del crecimiento y del consumismo, pero también ocultan los procesos reales que crean la pobreza. (Vandana Shiva, “How to end Poverty”, ZMagazine, 11 de mayo de 2005.)
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(*) Vandana Shiva, autora y militante internacional en campañas por la mujer y por el ambiente, recibió en 1993 el Right Livelihoof Award, premio alternativo al Nobel.
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FOOD AID IS INCREASINGLY being used as a weapon to create markets for the biotechnology industry and genetically engineered foods. The most dramatic example of this inhuman form of aid was the attempt by USAID to supply GM maize as food aid to the famine stricken countries of Southern Africa including Zambia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique and Malawi. Malawi accepted the GM maize because under pressure from the World Bank it had been forced to sell its maize reserves in order to repay commercial loans. However, Zambia, Zimbabwe and Mozambique, which had played a significant role in negotiating the Biosafety Protocol, the regulatory system for GMOs under the United Nations Conventionon Biodiversity, refused to accept GM maize in the form of food aid.
Zambian President Levy Mwanawasa said his people would rather die than eat toxic food. The President's statement followed a national consultative meeting in Lusaka on 12 August 2002 at which farmers, women's groups, church leaders, traditional leaders, members of parliament, opposition politicians and government jointly recommended that Zambia should not accept GM food aid.
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Recently, I was visiting Bhatinda in Punjab because of an epidemic of farmers suicides. Punjab used to be the most prosperous agricultural region in India. Today every farmer is in debt and despair. Vast stretches of land have become water-logged desert. And as an old farmer pointed out, even the trees have stopped bearing fruit because heavy use of pesticides have killed the pollinators - the bees and butterflies.
And Punjab is not alone in experiencing this ecological and social disaster. Last year I was in Warangal, Andhra Pradesh where farmers have also been committing suicide. Farmers who traditionally grew pulses and millets and paddy have been lured by seed companies to buy hybrid cotton seeds referred to by the seed merchants as "white gold", which were supposed to make them millionaires. Instead they became paupers.
Their native seeds have been displaced with new hybrids which cannot be saved and need to be purchased every year at high cost. Hybrids are also very vulnerable to pest attacks. Spending on pesticides in Warangal has shot up 2000 per cent from $2.5 million in the 1980s to $50 million in 1997. Now farmers are consuming the same pesticides as a way of killing themselves so that they can escape permanently from unpayable debt.
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